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Redacción Nacionales
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El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), Justicia Social y Contraloría Ciudadana y familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción marcharon este día hasta la Asamblea Legislativa para exigir que no se prorrogue el Decreto 803, donde amplía las detenciones provisionales para continuar la investigación por parte de la FGR.
El Decreto Legislativo 803, aprobado por la Asamblea en julio de 2023, establece disposiciones transitorias especiales para procesar penalmente a personas detenidas bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
Dicho decreto permite extender la detención provisional de los imputados a 24 meses, dando a la Fiscalía General de la República ese plazo para presentar pruebas. También, autoriza juicios colectivos, es decir, agrupar a los detenidos en un solo proceso penal si se considera que pertenecen a la misma estructura criminal.
Cardona sostuvo que incluso, se les interrumpió su periodo de detención ya que se inició a contar a partir del 25 de agosto de 2023, fecha de entrada en vigor el decreto. En ese sentido, el movimiento social y familiares de personas detenidas expresaron que luego de estos dos años, esperan no se amplíe dicho decreto.
Es por ello, que este miércoles realizaron una marcha en dirección a la Asamblea Legislativa para pedirle a la Junta Directiva y a la Comisión de Legislación y Seguridad, que no prorrogue el decreto 803. En el escrito, plantean lo desfavorable y lo negativo de dicho decreto.
Cardona planteó que realizan esta solicitud por las víctimas del régimen. “Con los pandilleros va a ser totalmente fácil agruparlos, con ellos no va a haber ningún problema. Nosotros no estamos abogando por los pandilleros ni por esas estructuras estamos abogando por los inocentes que, por una llamada anónima, por llenar una cuota o por otro motivo, están dentro de la cárcel”.
El régimen de excepción inició el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios, desde entonces, se han detenido injustamente a miles de salvadoreños que nada tenían que ver con pandillas. El Gobierno ha reconocido la liberación de más de 7 mil personas inocentes.
