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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Esta es una problemática muy compleja, muy grave por los impactos que genera el monocultivo de la caña de azúcar, tanto a la salud pública como al medio ambiente del país”, expresó José Acosta, representante de Voces en la Frontera.
Acosta señaló que la campaña es un esfuerzo colectivo de comunidades, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, y pretenden sensibilizar, denunciar sobre los impactos de este monocultivo que socava el medio ambiente así como, la salud de la población.
“La dinámica de los mercados internacionales de la azúcar robustece ganancias de algunos ingenios del país y por el contrario en las comunidades solo genera un cúmulo de problemas de salud y contaminación del medio ambiente”, dijo Acosta.
Las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos como CRIPDES, FESPAD, Voces en la Frontera, UNES y ACAFREMIN, lanzaron la “Campaña Ciudadana Azúcar Amarga”, ante la proximidad de la zafra 20221-2023, realizarán diversas acciones y actividades de resistencia social en los territorios afectados por este monocultivo.
Acosta agregó que pese a la importancia de la problemática el debate nacional todavía se encuentra pendiente desde el gobierno, y que frente a los reportes de la generación de divisas y ganancias como la zafra de 2021-2022, que cerró con un total de 17.5 millones de quintales de azúcar, y el incremento del 2.9% de la cosecha anterior, parecen invisibilizar los derechos de la población en su impactos a la salud y medio ambiente.
“En los cañales se están utilizando alrededor de 11 plaguicidas, siendo el más peligroso el Glifosato. Existen investigaciones, montañas de páginas de reportes, que aducen todos los problemas que causa este plaguicida -de hecho- en la mayoría de países de la Unión Europea es prohibido y aquí se vende y sigue usándose indiscriminadamente”, lamentó.
“Nos preocupan los impactos en el tema del agua, los cultivadores de caña extraen grandes cantidades de agua del subsuelo y eso deja sin el vital recurso a las familias campesinas y la pequeña agricultura e impacta al suelo, por donde le busquemos a este cultivo le encontramos problemas”, sostuvo Acosta.
Con más de 113 mil hectáreas sembradas de caña de azúcar en el país, las comunidades rurales siguen enfrentando la expansión, que consideró Acosta, “llega casi a los patios de las viviendas”, que han encontrado cultivo de caña en Areas Naturales Protegidas y cerca de las fuentes superficiales de agua, sin manifestaciones por parte del Estado, sobre la violación a los marcos jurídicos de protección ambiental.
Asimismo, denunciaron el incumplimiento de la Ley de Medio Ambiente, en cuanto a la prohibición del riego de plaguicidas por vía área que consideraron un método no adecuado porque el 70% de esa sustancia termina en los lugares en donde no se necesita. Así también, la quema de rastrojos que causan incendios forestales agotando los nutrientes del suelo y pérdida de flora y fauna silvestre y la explotación de aguas superficiales y subterráneas. Bernardo Belloso, activista de CRIPDES y residente del Bajo Lempa, afirmó que se están violentando derechos elementales de la población campesina, al no contar con políticas económicas y sociales, lo que condena a estas mayorías a vivir en vulnerabilidad frente a los propietarios de los ingenios o dueños de la tierra que se ven favorecidas a través de medidas económicas y compensaciones por el Estado.
“Esto nos lleva a ver el interés principal del actual gobierno, es que prefiere un crecimiento económico y pone por encima la economía sobre los derechos fundamentales de la población, lo que significa que el irrespeto a los derechos se siguen profundizando, mientras los dueños de los ingenios están celebrando las ganancias de la producción de la caña de azúcar”, expresó.
“El número de personas con Insuficiencia Renal ha crecido también, y mientras el parque cañero vaya creciendo más allá de los 113 mil hectáreas, que creemos que son más, también el impacto a la salud de la población se verá afectada. Y en ese sentido denunciamos a través de la campaña Azúcar Amarga, estos problemas en las comunidades”, añadió Belloso
Asimismo, las organizaciones presentaron una investigación regional sobre los patrones del cultivo de la caña de azúcar en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que entre sus hallazgos se encontró que El Salvador se coloca como el segundo exportador del área siguiendo a Guatemala, comentó Angélica Alfaro, investigadora a cargo del estudio.
“El Salvador también ocupa el 7o lugar en el mundo como exportador de azúcar, y básicamente el 80% de la melaza uno de los productos derivados de la caña de azúcar es exportado. Y de los 6 ingenios establecidos en este país 4 de ellos utilizan el bagazo de la caña para producir energía eléctrica (bioenergía)”, afirmó.
“Y si nos vamos a los Tratados de Libre Comercio, suscritos por la región, hay alrededor de 4 o 5 acuerdos comerciales que sirven de paraguas para la exportación del azúcar y básicamente El Salvador, el destino de sus exportaciones son para Estados Unidos, Taiwán, Corea del Sur, uno de los principales actualmente y en la Unión Europea que suscribió el Acuerdo de Asociación con la región están Alemania, Países Bajos, España e Italia”, informó.
Alfaro aclaró la complejidad social de esta industria exportadora en los territorios en cuanto al número de empleos y su inestabilidad laboral por ser temporales “hay un más 20% del área cosechada que utilizan maquinaria”, al referir que esta condición reduce la oportunidad de la población rural a emplearse y es un patrón similar para toda el área centroamericana.
“En términos de exportaciones en El Salvador hay un crecimiento, es alrededor del 11%, del 2015 al 2020 , y las ganancias son muy buenas para este sector, la participación de la azúcar en las exportaciones totales ronda arriba del 4%, y es casi al mismo nivel que Guatemala que anda en el 5%”, afirmó.
En cuanto a la exportación interregional del azúcar, Angélica Alfaro sostuvo que en el área centroamericana se importa azúcar, pero desde empresas que se consideran “transcentroamericanas”, cuyos capitales establecen una suerte de redes de comercio de alta inversión.
Al abordar el tema de la importación de los agroquímicos para aplicar al cultivo de caña de azúcar, Alfaro comentó que en la región centroamericana El Salvador ha “triplicado” la importación de plaguicidas de 5 mil toneladas (año 2000) a 16 mil toneladas en general en la actualidad.
“La falta de aplicación de la Ley de Medio Ambiente es el principal vacío a la hora de ver la disponibilidad de los componentes tóxicos con la cual se produce la agricultura en general y es el problema medular ”, añadió Alejandro Labrador, representante de la UNES. Labrador manifestó que el irrespeto al cumplimiento de la ley por los productores, junto a la incapacidad del Estado de controlar qué tipos de sustancias se importan al país, cómo se distribuyen y su disponibilidad en en los mercados para los agricultores y agricultoras, es lo más grave en el tema de los agroquímicos.
“Las alternativas para utilizar otros métodos o productos, le cuesta mucho a la población campesina. Es difícil impulsar una iniciativa o alternativa por la disponibilidad tan amplia que hay en los mercados de esos productos tóxicos, que pese a estar prohibidos algunos aún se siguen importando”, reafirmó.
