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Gloria Silvia Orellana
@RedacciónCoLatino
“Como delegación internacional reconocemos que el manejo del Sistema Penitenciario en América no es una labor fácil y existen variadas observaciones a nuestros sistema de justicia y de penitenciarías que los Estados responden de manera diferenciada de acuerdo a sus realidades”, señala el pronunciamiento de los y las representantes internacionales de Instituciones de Derechos Humanos, en el marco de la Primera Cumbre Iberoamericana de Derechos Humanos que se realiza en El Salvador.
El pronunciamiento se da en el marco de la visita que realizaran los representantes de derechos humanos al Centro Penitenciario de Máxima Seguridad fase III y la Granja Penitenciaria, en el municipio de Izalco, departamento de Sonsonate.
“En ese marco saludamos la apertura y transparencia manifestada por las y los servidores públicos de El Salvador en cuanto a las problemáticas, las medidas asumidas y los retos que se encuentran asumiendo en la búsqueda del respeto y garantía de los derechos humanos”, señalan.
Los representantes de tutelar los derechos humanos celebraron, además, la disponibilidad de los funcionarios salvadoreños de “escuchar las recomendaciones” que brindaron y que están enfocadas en fortalecer los mecanismos del Sistema de Protección y Garantía de los Derechos Humanos, con las personas privadas de libertad, a través de políticas gubernamentales con un enfoque de derechos humanos.
La visita al Centro Penitenciario y Granja Penitenciaria, se dio en el marco de la Primera Cumbre Iberoamericana de Derechos Humanos, denominada “Progresividad y Desafíos en el cumplimiento de los Derechos Humanos”, que se celebró entre el 21 al 23 de agosto del presente año.
“En ese marco, es sumamente significativo que se nos haya permitido, ser parte de una delegación internacional llamada a verificar las condiciones de las personas privadas de libertad, por diferentes hechos delictivos que se les atribuyen y que guardan prisión en los centros penales previamente citados”, acotaron.
“Nuestra visita a dichas instalaciones ha tenido como base lo establecido en las reglas 1, 5 y 24 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los reclusos, de Nelson Mandela, y el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece las garantías y derechos humanos que les asisten a las privadas de libertad”, reiteraron.
En cuanto al “seguridad y vida” informaron que sostuvieron una conversación con autoridades del sistema penitenciario de El Salvador, quienes les informaron ampliamente sobre los mecanismos de control y resguardo de las personas privadas de libertad, que incluía la cantidad de personal de custodia en todos los centros que visitaron y la clasificación de personas internas según los protocolos.
“Derecho a la salud y recreación, para el cumplimiento de estos derechos compartieron información sobre los mecanismos de atención y detección inmediata de enfermedades, por medio de los promotores de salud, labor realizada por personas privadas de libertad en fase de confianza, controles diarios de la administración y consumo de medicamentos prescritos por médico, asistencia médica general, odontológica, psicológica, nutricional y otras especialidades”, reiteraron.
Asimismo, las y los procuradores señalaron en su pronunciamiento sobre el derecho a la alimentación, que consideraron un “tema importante” por estar relacionado al derecho a la salud y la vida. Señalaron que recibieron información de autoridades de centros penales afirmando que brindan los tres tiempos de alimentación y el suministro de dietas especiales que previamente han sido prescritas por profesionales de la salud.
En “La Granja Penitenciaria visualizamos el resguardo de mujeres privadas de libertad, un porcentaje de ellas con hijos y otras en condición de embarazo, quienes tienen un tratamiento y atención especializado; adicional a ellos observamos como estas mujeres desarrollan e integran a los diferentes programas de reinserción social que les permite un aprendizaje y apoyo en las diferentes áreas de trabajo como cultivo de hortalizas y frutas, maquila, cocina”, declararon.
Con más de 50, 270 capturados durante los cinco meses de “Estado de Excepción”, vigente desde el 27 de marzo, las denuncias de violación a los derechos fundamentales de personas detenidas de manera arbitraria han ido en aumento. Diversas organizaciones de derechos humanos y familiares dan cuenta de prácticas de desapariciones forzadas, torturas e internos que luego de su captura fallecieron en los centros penitenciarios.
