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Gloria Orellana
@DiarioCoLatino
La sorpresiva aprobación de la Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas”, que obtuvo los 62 votos de la bancada oficialista en sesión plenaria el pasado martes 26 de octubre ”, ha generado incertidumbre entre las organizaciones sociales que han trabajado por 15 años en la erradicación de la minería metálica en el país..
Según declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, se enfocará en la “diversificación de la matriz energética y reducir precios de la energía. Luis González, del equipo coordinador de la UNES, que integran la Mesa Frente a la Minería Metálica, fue enfático en señalar que la falta del cierre técnico de minas, el atraso en el resarcimiento ambiental, la ausencia de la reconversión económica de los mineros artesanales (güiriceros) y el peligro que presenta la minería transfronteriza, son aspectos que se deben abordarse de inmediato.
González planteó la necesidad de una reforma constitucional, desde la cual se defina la prohibición minera, que sería un blindaje ante propuestas que suelen presentarse como: asocios público-privados, las Zonas Económicas Especiales y la figura de las Concesiones.
“Como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica tenemos una fuerte preocupación que con el tema económico y todo el impacto que arrastra el COVID-19, se vea erróneamente a la minería metálica, como una oportunidad económica para reactivar trabajo y mejorar la economía nacional”, dijo González.
“En este sentido, es necesario mantener la prohibición de la minería, por la magnitud de la crisis hídrica de El Salvador, principalmente en el tema de agua, calidad de agua y acceso de esta a la población. Y, efectivamente, hay temor de que nuevas propuestas de ley -como esa- contengan elementos que permitan el desarrollo de minería metálica”, sostuvo González. En cuanto a la creación de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas consideran que no se considera a la minería metálica, porque está prohibida por ley, y que se enfocará en pétreos y arena u otras explotaciones de la energía. No obstante, consideró González, eso pueda “abrir puertas” a concesiones y exploraciones sin control.
“Lo preocupante es que, con la falta de capacidad del Estado de dar un seguimiento adecuado a los contenidos de ley, bien pueden desarrollar minería metálica y nadie se daría cuenta. Necesitamos un Estado fuerte que haga cumplir la ley, que reforme la Constitución, para tener herramientas y manejar estas realidades, porque es lamentable la falta de política públicas que proteja estos bienes naturales”, sostuvo González.
Con respecto a la minería transfronteriza, y los retos que presenta el posible otorgamiento de un permiso ambiental para la explotación de la Mina Cerro Blanco, en Guatemala, Omar Flores, de FESPAD, reconoció que el Estado salvadoreño tiene muy baja protección a bienes ambientales y mucho menos, en saneamiento ambiental de llegar al río Lempa metales pesados por la minería en el vecino país.
“A esta debilidad institucional se suma la falta de voluntad política de articularse con otros Estados y así promover acuerdos binacionales o trinacionales a través del Parlacen o el Ministerio de Relaciones Exteriores, que permitan la protección de las cuencas hidrográficas”.
“Actualmente, el país – a nuestro juicio- no tiene la capacidad técnica de generar procesos de saneamiento ambiental en el caso que la mina Cerro Blanco, comience a ser explotada y esos materiales y desechos químicos que generen vayan a la principal cuenca del país, que es el río Lempa, que abastece al Gran San Salvador”, manifestó Flores.
Asimismo, consideró que la Planta Las Pavas, ahora Torogoz, no contaría con esa capacidad de saneamiento que es especializado por los residuos que llegarían como el arsénico, mercurio, cadmio y plomo, entre otros. Flotes recordó las condiciones del río San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión, en donde las colas (residuos mineros) que cayeron al lecho del río, lo dejaron inviable para la vida. “Todos sabemos que en las últimas elecciones hubo una recomposición del poder y esto llevó a un partido político en particular, que ha dado signos de iniciar procesos para privilegiar sectores económicos. Entonces, la amenaza latente es que se revierta la prohibición de la minería metálica y por esto pedimos elevarlo al rango constitucional”, sostuvo Flores.
Las organizaciones que integran la Mesa Nacional Frente a la Minería, reseñaron que lucha contra la minería metálica inició hace 15 años atrás, en defensa del medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades, que durante este proceso lograron que gobiernos locales blindaran sus territorios contra la extracción de mentales preciosos.
Lucha social que trascendió en un litigio internacional en el CIADI, entre la transnacional minera Pacific Rim (Oceana Gold) y el Estado salvadoreño, que ganó este último. Y que culminó con el decreto de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica subterránea, por la Asamblea Legislativa, el 29 de marzo de 2017.
Y desde ese momento El Salvador se convirtió en el único país en el mundo con este tipo de legislación que protege al medio ambiente y su población, ante los impactos negativos de la extracción industrial de metales preciosos por empresas extranjeras, reseñó Vidalina Morales, de ADES.
“Exhortamos a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa y que concurran y den iniciativa a la propuesta de reforma constitucional. Al Ministerio de Economía y Medio Ambiente a dar cumplimiento a la ley de Prohibición de la Minería Metálica y reglamento”, reafirmó Gertrudis Mejía, de CRIPDES.
