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La adhesión al Escudo de la Américas de Estados Unidos y la eliminación al impuesto al patrimonio, que en Colombia pagan los más adinerados, son las primeras medidas anunciadas hoy aquí por el presidente, Abelardo de la Espriella.

Colombia: autoridad punitiva y alineación geopolítica con Washington

Bogotá/Prensa Latina

Tras la juramentación del presidente Abelardo de la Espriella, Colombia comienza este viernes de manera oficial una senda diametralmente opuesta a la defendida por su predecesor, Gustavo Petro.

Las tres de las mayores características del nuevo gobierno fueron definidas previamente para Prensa Latina por el director de la página Observatorio Latinoamericano Cronicón, Fernando Arellano, que, según resumió, se basará en el “achicamiento del Estado, la autoridad punitiva y el alineamiento geopolítico con Washington”.

Desde antes de que se proclamara vencedor al ultraderechista por el Consejo Nacional Electoral, el analista alertó que su país podría convertirse en un subordinado de la Casa Blanca, una visión que “equivale a reducir la autonomía y profundizar una dependencia histórica que ha condicionado la soberanía en temas estratégicos y que ha sido funesto para el interés nacional”.

El temor de la pérdida de autodeterminación es más latente en este caso debido a la condición de ciudadano estadounidense de De la Espriella, adquirida en 2023.

El reconocido jurista Rodrigo Uprimny cuestionó recientemente de qué lado estará la lealtad del presidente de todos los colombianos si, tras adherirse al llamado Escudo de las Américas, el gobernante de Estados Unidos le ordena que use el poder militar del país para bombardear en mar territorial colombiano barcazas con supuestos narcotraficantes.

“¿Debe el ciudadano estadounidense cumplir con esa orden por provenir de su presidente Trump? O ¿debe, el presidente colombiano, anteponer su deber de garantizar los derechos de los colombianos y abstenerse de realizar lo que es claramente una ejecución extrajudicial? Por cualquier lado que se le mire, queda atrapado entre dos lealtades y dos juramentos”, manifestó.

Una de las cuestiones que más preocupa, sobre todo a los sectores de izquierda, es la estigmatización que el actual gobernante promueve contra quienes se identifican con el progresismo.

Justamente fue ese uno de los motivos por el cual la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, la organización sindical de tercer grado numéricamente más grande del país, se declaró como movimiento de oposición.

Denunció que el sindicalismo, los periodistas y otros sectores sociales y políticos corren el riesgo real de sufrir persecución.

“Esto remite a episodios dolorosos de nuestra historia, como los siete mil 837 falsos positivos ocurridos durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), así como a la respuesta represiva del gobierno de Iván Duque (2018-2022) frente al estallido social, que dejó cerca de 86 personas asesinadas, centenares de heridas y más de 100 jóvenes con lesiones oculares permanentes”, subrayó.

Advirtió sobre la gravedad del pronunciamiento del otrora candidato de “destripar a la izquierda” y calificó a la frase como un rasgo “del fascismo”.

El candidato presidencial y líder de la oposición en el Senado, Iván Cepeda, denunció por su parte los intentos de criminalizar la protesta social.

“No pasa un día sin que el señor Abelardo de la Espriella y su entorno, con la complicidad de alcaldes autoritarios como el señor Fico Gutiérrez en Medellín o Alejandro Eder en Cali, alentados por el despotismo de su beligerante nuevo jefe, amenacen con desatar una brutal represión contra quienes salgan a las calles a protestar pacíficamente”, planteó.

Refirió cómo los referidos políticos sostienen que toda movilización constituirá expresión de vandalismo y de bloqueos de las vías públicas para los cuales no habrá contemplación.

“La traducción de estas premisas es que ya se anuncia que desaparecerá la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) y que volverá a crearse el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)”, expresó, al recordar que un ese último fue cuerpo creado para desatar acciones agresivas, especialmente contra la juventud.

Cepeda señaló que los objetivos antes expuestos implican el debilitamiento de toda forma de disenso, oposición y libertad política mediante el terror y la criminalidad del Estado.

El temor en torno a estas cuestiones no parece en ningún caso infundado.

A pocos días de su posesión, De la Espriella calificó a la desobediencia civil “como un eufemismo para intentar desestabilizar la democracia”, lo cual, según afirmó, “no permitirá”.

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