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El Salvador está afectado por una “emergencia climática, así como, seguridad y soberanía alimentaria”, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, y las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal. Foto Diario Co Latino/Archivo

Organizaciones están preocupadas por manejo de la crisis socioambiental

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

Integrantes de la Mesa de Cambio Climático de El Salvador se pronunciaron ante lo que consideran una combinación de “emergencia climática, así como, seguridad y soberanía alimentaria”, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, y las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal.

Por lo que urgieron al Gobierno nacional a considerar que la “pérdida de biodiversidad, como el vínculo directo de nuevas enfermedades”, ya que estos hábitats diezmados alrededor del planeta han creado las condiciones para nuevos virus y otros agentes patógenos que afectan a la humanidad.

El pronunciamiento señala que las pandemias, como la de COVID-19, podrán ocurrir con mayor frecuencia a menos que se detenga la destrucción sin precedentes de la naturaleza.

Y que es mucho más preocupante que el 75 % de las enfermedades que afectaron a la población en los últimos 20 años sean debido a zoonosis (enfermedades que se transmiten de los animales a los seres humanos), así como el VIH, SARS, MERS, Ébola, Gripe Aviar, Gripe Porcina y ahora la COVID-19, que se encuentra asolando a la humanidad.

“Nos preocupa, que a pesar de ello, el deterioro ambiental del país y del planeta continúa bajo el dogma del crecimiento económico ilimitado que omite deliberadamente reconocer que las dinámicas naturales poseen umbrales críticos que no pueden ser transgredidos por las dinámicas económicas”, afirmaron.

Asimismo, rechazan la actitud de permitir que los procesos de depredación a la naturaleza no se hayan detenido, a pesar de la pandemia, sobreexplotando ríos, descuajando bosques o caza ilegal de especies, aprovechando las restricciones de movilidad de personas o comunidades, para defender su entorno ambiental o sus derechos elementales. Como la Amazonia cuya deforestación aumentó un 55 %, perdiéndose más de 1,200 Km2 de bosque.

“El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportó la tala de 8 manzanas de bosque nebuloso en el municipio de Chalchuapa, sector Los Andes, que forma parte del Parque Nacional Los Volcanes; tala no selectiva en las laderas del Lago de Coatepeque, cafetales en el municipio de Izalco, Sonsonate y Cerro de Oro en Apaneca, parte de la Reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec, y en la cuarentena recientemente incendios forestales en el Área Nacional Protegida Talcualuya, Monumento Natural Complejo San Marcelino y el volcán de San Salvador, así como la muerte de un puma (especie en peligro de extinción), por cazadores ilegales, en el departamento de Chalatenango”, dijeron.

El Salvador es el único en el área centroamericana que no cuenta con una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ni Ley General de Aguas y Saneamiento. Foto Diario Co Latino/Archivo

En cuanto al suministro de alimentos que recibe el país, de Guatemala, Honduras y Nicaragua expresan: “Vuelve altamente vulnerables a situaciones de emergencia”, al territorio nacional; sumada la pandemia de COVID-19 y los eventos meteorológicos como las tormenta tropicales Amanda y Cristóbal, expone la cadena de producción y suministro de alimentos, porque estos países priorizarán el abastecimiento de sus poblaciones, antes que socios comerciales.

“El Salvador presenta dos condiciones apremiantes relacionadas a la seguridad alimentaria y nutricional: en primer lugar, la inseguridad alimentaria a consecuencia de la pérdida de medios de vida y, en segundo lugar, la falta de acceso a alimentos a causa del COVID-19. Dado que el escenario está evolucionando en forma constante, se prevé un incremento paulatino de la inseguridad alimentaria de las familias en especial de las más empobrecidas”, acotan.

Ante esta situación, la Mesa de Cambio Climático señala que El Salvador es el único en el área centroamericana que no cuenta con una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ni ley General de Aguas y Saneamiento, pese a que el Estado salvadoreño es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos-DUDH y un Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-PIDESC y del Protocolo de San Salvador, instrumentos jurídicos que consagran esos derechos.

“La recuperación de la crisis del COVID-19 no debe llevarnos de regreso a donde estábamos antes de la pandemia. Es una oportunidad para construir economías y sociedades ambientalmente sustentables, sostenibles e inclusivas, y El Salvador puede tomar el liderazgo en la región. La recuperación económica debe verse como una oportunidad para incentivar procesos de producción más limpios y amigables con el medioambiente, basadas en energías renovables, respetando la biodiversidad y los ecosistemas en donde se sustentan los ciclos del agua, del carbono y de otros elementos de los que depende la vida, con una planificación territorial basada en principios ecológicos y socioambientales, y en donde impere el bien común. Invirtiendo para ello en incentivos fiduciarios atractivos, así como en la asistencia técnica y transferencia de tecnología limpia que facilite la participación y beneficios no solo a las comunidades y pueblos indígenas, sino que aún el sector privado que pueda participar en la conservación de los ecosistemas y bosques que actualmente son degradados por no representar un beneficio económico”, manifestaron.

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