Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Organizaciones sociales, se pronunciaron sobre los siete años de Gobierno de Nayib Bukele, de los cuales, dos han sido «inconstitucionales». Enfatizaron sobre retrocesos en materia de salud, educación, Estado de Derecho, institucionalidad y derechos humanos.
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA) fueron parte de las organizaciones que brindaron conferencia de prensa este miércoles para expresar en una sola voz, aquellos retrocesos durante los siete años del mandatario, Nayib Bukele.
Francisco Omar Parada, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, denunció «el grave deterioro democrático, económico y social que atraviesa El Salvador y el creciente autoritarismo impuesto por un clan empresarial y familiar aliado con sectores de la oligarquía».
Parada señaló que en El Salvador «se ha consolidado un régimen que persigue, reprime y encarcela a la oposición política, concentrando el control de las principales instituciones del Estado», tales como la Fiscalía General de la República, la Sala de lo Constitucional y otras entidades «para garantizar la continuidad del proyecto oficialista y avalar la reelección presidencial que está prohibida en la Constitución».
El Bloque señaló que existen miles de personas que permanecen encarceladas «injustamente» bajo un régimen de excepción que se ha convertido «en política permanente desde hace cuatro años». Bajo este régimen, se han documentado graves violaciones a derechos humanos, enfatizaron las organizaciones.
Sobre el tema, Rafael Paz Narváez del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, señaló que los salvadoreños viven bajo “una inseguridad permanente y bajo “un temor permanente”.
“El régimen de excepción ha sido un mecanismo para asegurar el temor en una gran cantidad de personas a condición de haber capturado por cuotas una enorme cantidad de inocentes que no han sido atendidas por un debido proceso legal y que en la actualidad están sometidos a juicios masivos completamente improcedentes en una normativa legal”, comentó Narváez.
A ello, se le suma el tema económico, ya que mientras el gobierno «concentra el poder y propaganda», las condiciones de vida de la población continúan deteriorándose. Ya que entre 2019 y 2026, el costo de la vida aumentó un 30% y más de 138 mil personas cayeron en pobreza extrema, según informó Parada en conferencia de prensa.
«La población enfrenta desempleo, bajos salarios y el constante incremento de los precios de alimentos, energía, vivienda y servicios básicos. La educación pública retrocede, ya que se redujo el número de escuelas y la matrícula estudiantil. A ella se suma que se han despedido a miles de docentes y se eliminó el programa de alfabetización, agregó Parada.
En el tema de salud pública, se han cerrado unidades de salud y se ha aumentado la escasez de medicamentos, el despido de personal especializado y los avances de privatización afectan directamente a las mayorías populares.
Erika de León, miembro de CONADESA, señaló que existe una serie de atropellos, y violaciones a las leyes laborales y generales que protegen y defienden los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. «Las decisiones tomadas por parte del gobierno nos han llevado a un deterioro, no solo físico y mental, sino familiar de muchos trabajadores y trabajadoras de la salud», enfatizó De León.
De hecho, explicó que el sector salud «ha sido el sector más sacrificado» ya que han trabajado en diversas situaciones que requerían de salud prioritaria como la pandemia y desastres naturales. Y la recompensa ha sido los despidos masivos del sector tanto del sistema nacional como del ISSS. De hecho, en diciembre pasado despidieron a más de 2.000 trabajadores que laboraban en el Hospital Rosales.
Mientras se estaban despidiendo, las instituciones no han funcionado para el gremio médico. «Aquí no es un gobierno, aquí es un desgobierno, más bien dicho, una dictadura. No hay garantías constitucionales, se suprimen los derechos humanos para la clase trabajadora», agregó De León.
El Dr. Rafael Aguirre, secretario general de SIMETRISSS y coordinador de CONADESA también enfatizó que en el sistema de salud ha visto un retroceso en la atención primaria en salud. «¿Qué es lo que ha pasado? nuevamente tenemos con nosotros malaria, gusano barrenador, epidemia de sarampión e incremento de enfermedades como rubiola, paperas, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Hay un abandono completo de la vigilancia sanitaria y de la vigilancia epidemiológica», comentó Rafael Aguirre.
Además, también fueron eliminados programas sociales dirigidos a jóvenes, mujeres, agricultores, veteranos y otros sectores vulnerables. «El agro y la industria muestran caídas productivas, mientras las cosechas de maíz y frijol registran algunos de los niveles más bajos de las últimas décadas», enfatizó Fran Omar Parada del BRP.
Por ello, las organizaciones no aprueban los siete años de Bukele, ya que desde 2019 se han retrocedido en materia de derechos humanos, laborales, económicos, políticos, de expresión, de educación y salud.
Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Debe estar conectado para enviar un comentario.