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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El acercamiento del gobierno salvadoreño con especialistas del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales y Desarrollo (IGF), de origen canadiense que se dedica en promover la minería a sus miembros activos. Ha encendido la alerta de las organizaciones y comunidades ambientalistas y de derechos humanos.
“Algunos representantes de esta organización visitaron el país hace un par de semana y sostuvieron reuniones con distintas instituciones gubernamentales como los ministerios de Medio Ambiente, Economía, Obras Públicas, Hacienda y Relaciones Exteriores”, señaló Amalia López, de Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.
Los colectivos Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, ACAFREMIN, Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, Mesa por la Soberanía Alimentaria, Mesa de las Iglesias UCA y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, exigieron al gobierno del presidente Nayib Bukele, redactar el reglamento para aplicar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y, que la Asamblea Legislativa, eleve a rango constitucional el derecho humano al agua.
Amalia López agregó que la visita de integrantes del IGF, tuvo como objetivo “determinar la viabilidad de la explotación de canteras para obtener recursos básicos para la industria de la construcción”, pero al final esperan un diagnóstico de la industria minera en El Salvador.
“De acuerdo al MARN, El Salvador se integró recientemente a este Foro , del que forman parte 78 países alrededor del mundo y proporciona una serie de servicios a sus miembros, como son evaluaciones, la creación de capacidad y asistencia técnica individualizada, documentos de orientación y conferencia que exploran las mejores prácticas y relacionarse con la industria y sociedad, o sea, se encarga de intercambiar los espejitos por perlitas de oro”, expresó López.
La visita de especialistas del IGF, consideró Omar Serrano, de la UCA, significa un tipo de riesgo de alta peligrosidad al considerar que de permitir la minería en el país, sería el “tiro de gracia” para la población por la crisis hídrica y el deterioro ambiental que conlleva.
“No estamos siendo alarmistas hay signos que indican que están pensando volver a la minería aunque no lo digan públicamente, cuando llegan estos especialistas (IGF) la ministra de economía nos invitó para la evaluación sobre el sector minero, que aceptamos con gusto, luego, nos dijeron que llegarían a la UCA, y al final cancelaron”, comentó.
“Lo curioso es que a otras instancias los invitaron, no diciéndoles que era una evaluación al sector minero sino que, era otro diagnóstico, entonces por qué tantas versiones, si son claros y transparentes, por eso creemos que quieren que vuelva la minería metálica”, consideró Serrano.
A estas valoraciones se une al creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 26 de octubre. Esta nueva instancia tiene como objetivo autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de quienes participen en actividades mineras. Con el agravante que no distinguen si esta es minería metálica o no metálica.
Las organizaciones también lamentaron que la debilitada institucionalidad que por ahora dirime entre las denuncias o demandas de la población, comunidades u organizaciones en temas ambientales como el agua, la deforestación y la seguridad alimentaria entre otras problemáticas.
En cuanto a la Ley de Prohibición de la Minería que ha llegado a 4 años de estar en vigencia, Luis González, de la Mesa Nacional Frente a la Minería, lamentó que el reglamento que debe operativizar la aplicación de la ley, no sea efectiva.
“Hubo un reglamento, pero no operativiza lo que plantea la ley de prohibición de minas, porque si la normativa mandaba una reconversión económica para los mineros artesanales, entonces, tenían que realizar un censo de los mineros (güiriceros), pero esto no estaba contemplado en el reglamento”, afirmó.
En este sentido González, demandó que el Ministerio de Economía y Medio Ambiente, que están más vinculados a la ley de prohibición de minas, a ceñirse a cumplirla y no hagan ningún movimiento junto a la Asamblea Legislativa, para revertirla o cambiar las normativas.
La minería metálica no solo afecta a los medios de vida en El Salvador, también la región centroamericana, afirmó, Pedro Cabezas, de ACAFREMIN, que trabajan con organizaciones y comunidades en la región.
Cabezas reafirmó que el Foro Intergubernamental de Minerías es una organización “fachada” de la industria minera con sede en Canadá, que aglutina la mayoría de las transnacionales mineras en el mundo.
“La industria minera es de las más conflictivas, hay 125 casos de conflictos mineros en el mundo y en la región centroamericana hay 4 conflictos mineros. Y este tipo de organizaciones son financiados por la industria y el gobierno de Canadá, así también financian este tipo de organización gobiernos como Inglaterra, Dinamarca y Sud África”, haciendo eso, tratar de mejorar la imagen de las empresas mineras”, puntualizó.
El procurador adjunto de Derechos Ambientales, David Sandoval, expresó el apoyo y acompañamiento a las organizaciones en su denuncia frente a la posibilidad del gobierno de aperturarse a la minería metálica en el país.
“Lejos de pensar en la actividad de la minería metálica deberíamos estar pensando en la gente que se encuentra en San Sebastián, porque no se ha concluido con el proyecto de agua que se le prometió. O finalizar el Tratado Binacional con Guatemala, para erradicar la minería transfronteriza como la Mina Cerro Blanco, esto es, lo que el Estado salvadoreño, debe realizar”, puntualizó Sandoval.
