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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Las Relatorías Especiales y Grupos de Trabajo del Sistema de Naciones Unidas (ONU), demandaron al Estado salvadoreño “derogar de inmediato el Estado de Excepción” e invitaron a las autoridades salvadoreñas a “garantizar que las personas no sean arrestadas por la simple sospecha”.
La anterior petición se suma al llamado de los Expertos Independientes de la ONU: Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados; Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la Promoción, Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo, y de Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales o Arbitrarias, quienes no solo pidieron respetar la vida de los líderes ambientalistas, sino que pidieron que y fueran puestos en libertad. También, piden derogar el Estado de Excepción.
“El Estado de Excepción fue declarado luego de una serie de asesinatos relacionados con pandillas. A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, el Gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”, afirman en su comunicado oficial de Procedimientos Especiales.
Expertos independientes y Grupos de Trabajo que forman parte de los “Procedimientos Especiales”, del Consejo de Derechos Humanos, de la ONU, que investigan, monitorean y abordan situaciones específicas de países o problemas temáticos de todas parte del mundo, pidieron que de “inmediato” se derogue “dicho Estado de Excepción”.
Invitaron a las autoridades salvadoreñas a “garantizar que las personas no sean arrestadas por la simple sospecha de pertenecer a una pandilla”, como tampoco por una conjetura de asociación con la misma sin autorización legal suficiente. Así también, exhortaron a que las personas detenidas cuenten con todas las garantías fundamentales requeridas por el derecho internacional de los derechos humanos relativas al debido proceso.
De acuerdo a las cifras oficiales de septiembre de 2022, se registraba a 58 mil persona detenidas bajo las medidas del Estado de Excepción, que incluyó alrededor de 1, 600 menores. Detallaron que 6 meses después, el Decreto Ejecutivo #719 de marzo de 2023, documentó que fueron detenidos “más de 67 mil personas”. Por tanto, la información recibida indica que muchas de esas detenciones “son arbitrarias” y algunas constituían desapariciones forzadas de corta duración.
“El prolongado estado de excepción, junto con la legislación que permite una mayor vigilancia, un enjuiciamiento más amplio y una determinación más rápida de la culpabilidad y de la sentencia, conlleva el riesgo de violaciones masivas del derecho a un juicio justo”, acotaron.
Y añadieron, “A las personas aprehendidas en esta red de arrastre del Gobierno en El Salvador se les debe garantizar sus derechos”.
Además, de expresar “preocupación” por el respaldo que el Gobierno salvadoreño ha dado al concepto de “delito flagrantes permanente”, para favorecer los arrestos sin orden judicial de personas sospechosas de tener pertenencia a los grupos de pandillas.
Además, ven con preocupación que los jueces revisan la “legalidad del arresto” para decidir sobre los cargos y la prisión preventiva celebrando en grupos de hasta 500 personas. Y que a los defensores públicos se les ha dado alrededor de 3 ó 4 minutos para presentar los casos de 400 a 500 detenidos de una vez y sumando los juicios masivos.
“Las audiencia y los juicios masivos, a menudo realizados de manera virtual, socavan el ejercicio del derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos”, manifestaron.
“El uso excesivo de la prisión preventiva, la prohibición de medidas alternativas, los juicios en ausencia y la posibilidad de utilizar prácticas como -jueces sin rostro- y testigos de referencia, atenta contra las garantías del debido proceso”, indicaron.
Advirtien, de las miles de familias que se encuentran “severamente afectadas económicamente” al tener que incurrir en costos adicionales en pagos a la defensa de sus seres queridos y tratar de brindarles bienestar, salud y seguridad.
“Estas medidas amenazan con criminalizar a las personas que viven en las zonas más empobrecidas y que han sido blanco de pandillas en el pasado”, consideraron.
“Este nivel de interrupción e interferencia en el sistema de justicia salvadoreño corre el riesgo de limitar el acceso a la justicia para todos y todas en el país. Conlleva demoras indebidas tanto en procesos civiles como penales, tiene un impacto negativo en las garantías del debido proceso, en la protección contra la tortura y derecho a la vida, y puede conducir a un aumento del hacinamiento en los lugares de detención”, puntualizaron.
