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Redacción Nacionales
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La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos realizó el el jueves 16 de abril de 2026 una audiencia titulada “El Estado de Exención en El Salvador: Año Cinco”, en la que organizaciones nacionales e internacionales presentaron testimonios sobre la situación de derechos humanos en el país tras cinco años de vigencia de la medida de seguridad impulsada por el gobierno salvadoreño desde marzo de 2022.
Durante la sesión participaron representantes de organizaciones como Cristosal, Human Rights Watch (HRW), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), así como especialistas académicos y analistas de política exterior, entre otros.
Los testigos expusieron ante legisladores estadounidenses denuncias relacionadas con detenciones masivas, presuntas violaciones al debido proceso, restricciones a la libertad de prensa y condiciones carcelarias señaladas como inhumanas.
El director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, en el exilio, sostuvo ante la comisión que el régimen de excepción dejó de ser una medida temporal y se ha convertido en una estructura permanente que, ha permitido la normalización de prácticas violatorias de derechos fundamentales.
Bullock señaló que desde 2022 se han registrado más de 90,000 detenciones, muchas de ellas sin orden judicial, así como más de 500 muertes bajo custodia estatal, que organizaciones atribuyen a posibles patrones de abuso físico, negligencia médica y condiciones penitenciarias precarias.
Bullock afirmó además que la política de seguridad implementada por el gobierno salvadoreño sustituyó la violencia de las pandillas por un modelo de control estatal con características autoritarias.
Por su parte, Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, señaló que su organización ha documentado casos de detenciones arbitrarias, limitaciones al acceso a defensa legal y prolongadas prisiones preventivas sin resolución judicial. Según explicó, estas prácticas podrían constituir violaciones al debido proceso, especialmente cuando afectan a personas sin vínculos comprobados con estructuras criminales.
La abogada Isabel Carlota Roby, del Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos, expuso testimonios recogidos por su organización que describen patrones de maltrato físico y psicológico dentro del sistema penitenciario salvadoreño. Entre los señalamientos mencionó aislamiento prolongado, golpes y restricciones al contacto con familiares y abogados.
Otro de los temas abordados durante la audiencia fue la situación de la libertad de prensa en El Salvador. El presidente de la APES y periodista de El Faro, Sergio Arauz, afirmó que el ejercicio periodístico enfrenta un entorno cada vez más restrictivo. Según su intervención, la persecución de voces críticas, las amenazas contra comunicadores y el exilio de periodistas reflejan un deterioro del clima democrático para el trabajo informativo en el país.
Arauz manifestó que él y una treintena de periodistas fueron inyectados con el programa de espionaje “Pegasus”, y que salió del país, luego que fue advertido de una inminente captura.
La audiencia también incluyó referencias al impacto del régimen de excepción sobre salvadoreños deportados desde Estados Unidos, quienes, según algunos testimonios, enfrentan el riesgo de ser detenidos al regresar al país bajo sospechas no siempre respaldadas por investigaciones judiciales concluyentes.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa salvadoreña el 27 de marzo de 2022, tras un incremento repentino de homicidios atribuido a pandillas que dejó más de 80 víctimas en tres días. Desde entonces, la medida ha sido prorrogada de forma continua con el objetivo de combatir estructuras criminales. Entre las disposiciones más relevantes se encuentran la ampliación del plazo de detención administrativa hasta 15 días sin audiencia judicial, así como la suspensión temporal de garantías constitucionales relacionadas con la privacidad de las comunicaciones y el derecho de defensa.
El gobierno salvadoreño sostiene que estas acciones han sido fundamentales para reducir los niveles de violencia y desarticular organizaciones criminales. Según cifras oficiales, más de 91,000 personas han sido capturadas en el marco del régimen. Las autoridades rechazan que exista una política sistemática de violaciones a los derechos humanos, aunque reconocen la posibilidad de errores o “daños colaterales” en algunas detenciones.
En septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los detenidos Ruth López y Enrique Anaya, considerados presos políticos, solicitando al Estado salvadoreño garantizar acceso a sus familias y abogados, así como revisar la legalidad de sus arrestos. Este antecedente fue mencionado durante la audiencia como parte de la preocupación internacional sobre el respeto a garantías fundamentales en el país.
La Comisión Tom Lantos indicó que los testimonios presentados servirán como insumos para evaluar la política exterior estadounidense hacia El Salvador y formular posibles recomendaciones en materia de cooperación bilateral, seguridad regional y derechos humanos.
La audiencia se desarrolló de forma pública y fue transmitida en línea, lo que permitió la participación de legisladores, organizaciones sociales, medios de comunicación y observadores internacionales interesados en la evolución del régimen de excepción en su quinto año de vigencia.
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