Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El anuncio del nuevo impuesto a las donaciones que reciben las oenegés en El Salvador, ha sido fuertemente criticado por organismos internacionales de derechos humanos, pues lo consideran como un ataque a las organizaciones de sociedad civil que velan por los derechos humanos, los cuales el gobierno los ha violentado en reiteradas ocasiones.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que enviará a la Asamblea Legislativa el proyecto de “Ley de Agentes Extranjeros”, que incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que reciban organizaciones de la sociedad civil.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) condenó este tipo de medidas y las consideró “autoritarias”. “La Ley de Agentes Extranjeros propuesta por Nayib Bukele atenta contra el espacio cívico, el cual alimenta cualquier sociedad democrática”, agregó.
El anuncio de Bukele se dio luego que habitantes de la Comunidad el Bosque, en Santa Tecla, fueron reprimidos por la Policía Militar, tras una protesta pacífica que realizaban cerca de la residencial donde vive Bukele para “implorarle” que no permita que los desalojen de sus viviendas. Bukele se pronunció sobre el caso y criticó a las organizaciones no gubernamentales.
“Fuimos testigos de cómo personas humildes fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno. La presencia coordinada de medios, el acarreo evidente y los banners impresos profesionalmente lo confirman”, señaló Bukele en referencia a la situación que se presentó la noche del lunes.
Bukele sostuvo que “ante la aparente preocupación de estas ONG”, enviará a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que las ONG reciben. Según el mandatario “con esos fondos se pagará la deuda de la cooperativa. “Así todos ganan: Las familias saldan su deuda y mantienen su vivienda. La población no paga por reclamos ajenos y las ONG cumplen, por fin, su supuesto propósito de ayudar al pueblo”.
El subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier, hizo una comparación entre El Salvador y otros países del mundo. “Como hicieron Ortega en Nicaragua, Maduro en Venezuela y Putin en Rusia, Bukele propone una ley de «agentes extranjeros» para atacar a las organizaciones de sociedad civil y medios independientes en El Salvador”.
Ana Amancay Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional consideró como “gravísimo” que el presidente Bukele anunciara la Ley de Agentes Extranjeros que impondría un 30% de impuesto a las ONG. “Esto lo hace como represalia por acompañar protestas sociales. Esta medida amenaza la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos”, dijo.
Representantes de organizaciones nacionales también se han pronunciado. El director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, dijo a Radio YSUCA que la medida “es desesperada y cobarde”.
“En primer lugar, es una medida desesperada y cobarde que toma el gobierno para tratar de contener el creciente descontento social que ya comienza a aflorar con la situación complicada del país en materia económica y en materia social”, dijo Escobar.
Escobar añadió que la medida “no va a detener la protesta social”, sino que va a continuar. “Pero sí es un intento de contener este descontento y evitar que la gente salga a protestar y a expresarse libremente”.
Según el director de Acción Ciudadana, la medida que quiere tomar el gobierno “violenta una serie de hechos fundamentales que tenemos toda la ciudadanía salvadoreña, como el derecho de organización, el derecho de reunión pacífica, y el derecho de libertad de expresión”.
“Esos son los derechos que estaría afectando el gobierno al aprobar este tipo de normativas que al final lo vienen a colocar al mismo nivel que países autoritarios o dictaduras, como en este caso Rusia y Nicaragua. Entonces, El Salvador está entrando a ese grupo de países que reprimen a la sociedad civil con tal de mantenerse en el poder y que no exista crítica, ni cuestionamiento, ni escrutinio social sobre el ejercicio del poder”, añadió.
También, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Héctor Carrillo, comentó que existen áreas que no son cubiertas por el Estado salvadoreño en donde las organizaciones han trabajado durante años.
“Encontramos organizaciones que trabajan por el derecho a la educación, y salud, por derechos de las niñas y la adolescencia, por la protección del medio ambiente, por la protección de los animales. Hay un fuerte trabajo, por ejemplo, por el tema de la prevención del VIH, por mencionar un tema. Hay organizaciones con finalidad religiosa que es algo a lo que tiene derecho la población y todas estas son áreas que el Estado no logra cubrir”.
A juicio de Carrillo es lo que ha sucedido con las familias afectadas o amenazadas con desalojos de la Cooperativa El Bosque que han buscado acompañamiento de organizaciones para acudir ante las instancias gubernamentales. Esa medida gubernamental podría buscar la eventual reducción de operatividad de las organizaciones, lo que se traduce “en afectación a la población salvadoreña», explicó Carrillo.
Carrillo sintetizó que “al final implica la reducción de la participación ciudadana, es decir, la interacción entre la ciudadanía y quienes toman decisiones”.