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A un año de dicha sentencia, representantes de Cristosal consideran que no hay actividad estatal que pueda reducir el número de víctimas de desplazamiento forzado. Foto Diario Co Latino/ Ricardo Chicas Segura

Organización sostiene que órganos de Estado no reconocen a víctimas de desplazamiento forzado

Oscar López
@Oscar_DCL

La organización de derechos humanos Cristosal sostiene que los órganos Legislativo y Ejecutivo, continúan sin reconocer a las víctimas de desplazamiento forzado a un año de haber sido emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la Sentencia de Amparo 411-201, la que brindó un plazo de seis meses al gobierno salvadoreño, para reconocer el fenómeno de desplazamiento forzado que tiene origen en el contexto de violencia.

A pesar de dicha sentencia Cristosal considera que los órganos Legislativo y Ejecutivo, aún no reconocen a las víctimas de violencia generalizada en condición de desplazamiento forzado, lo que conlleva la omisión de legislación o normativa específica orientada a prevenir, atender y proteger a las víctimas de desplazamiento interno.

“El primer paso es dar reconocimiento a las víctimas de desplazamiento forzado, el siguiente paso a generar es elaborar una normativa, protocolos, guías específicas para la atención y protección integral a víctimas de violencia en condición de desplazamiento interno; estos protocolos pueden ser elaborados por cada una de las instancias estatales responsables de garantizar derechos humanos de este grupo particularmente vulnerable”, dijo Celia Medrano, directora Regional de Programas de Cristosal.

Los miembros de Cristosal reconocieron que existe un “discurso público de apertura al cumplimiento de la Sentencia”; sin embargo, consideran que el discurso no se traduce en acciones concretas.

Abraham Ábrego director del Programa de Atención a Víctimas de Cristosal, indicó que en 2018 se realizó en conjunto con el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), una encuesta que dio un estimado de más de 200 mil personas desplazadas.

“En los informes de Cristosal lo que se plantea es que el mayor porcentaje de razones por las que la gente se desplaza son a raíz de pandillas; pero hubo un incremento en los últimos años de personas que se ven obligadas a desplazarse por violencia estatal, de cifras de entre 4 % al 7 % ha pasado a más del 10 %.

Es decir que no vemos una muestra de que se haya reducido o que haya actividad estatal para reducir el nivel de desplazamiento”, declaró Ábrego.

El director del Programa de Atención a Víctimas agregó que los datos antes mencionados son parciales, debido a que no existe un reconocimiento a las víctimas de desplazamiento forzado, y no hay cifras exactas o datos proporcionados por entidades de gobierno.

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