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Jaime Campos, director ejecutivo del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR). Foto Diario Co Latino/Ludwin Vanegas.

OMR y su desafío de simplificar los trámites administrativos

Yaneth Estrada
@caricheop

Jaime Campos, director ejecutivo del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), explicó los retos y desafíos para reducir la burocracia y mejorar el clima de inversión del país.

¿De qué se encarga específicamente el OMR?
– El OMR es una entidad interina adscrita a la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia que nace en el marco de FOMILENIO II, particularmente, dentro del proyecto de “clima de inversiones”, y su mandato principal es supervisar el proceso regulatorio a fin de garantizar la calidad de las regulaciones, simplificar los trámites y servicios gubernamentales.
En el país, desde antes, existen trámites que carecen de base legal o instituciones públicas que exigen duplicidad de documentos, lo que constituye un problema a resolver.
Por supuesto, todo trámite debe estar normado para evitar la discrecionalidad de los funcionarios y las regulaciones siempre generan un costo para los particulares. Sin embargo, debe tenerse en cuenta el principio de una buena regulación, que es aquella que produce el mayor beneficio a la sociedad con el menor costo posible, y de esto precisamente se encarga el OMR.
Para comenzar a resolver esta situación recientemente se aprobó la Ley de Procedimientos Administrativos, que vendrá a ordenar los procedimientos y las actuaciones de los servidores públicos, pero que debe ser complementada con una Ley de Mejora Regulatoria, que contenga las herramientas para la simplificación administrativa o de trámites, y garantice la calidad del acervo y flujo regulatorio.

Anteriormente se discutía que la burocracia frena la inversión, ¿cómo cambiaría este panorama?
– El OMR es una instancia que arbitra entre el sector público y privado. En ese sentido, es importante destacar que una buena regulación se caracteriza porque en su proceso de elaboración existió una etapa de consulta pública, con los sectores afectados y la ciudadanía en general. En la medida que se conozcan las opiniones y comentarios de los usuarios, las autoridades públicas podrán emitir mejores regulaciones para atender las necesidades o resolver los problemas sociales o económicos, protegiendo, desde luego, el interés general. Como se dice coloquialmente, son los usuarios, ciudadanos o empresarios los que conocen mejor dónde “aprieta el zapato” o cuáles son los pasos o requisitos de los trámites más engorrosos o costosos.

¿Actualmente ya identificaron el número de procedimientos a regular?
– Desde octubre pasado estamos trabajando en un proyecto de simplificación y registro de trámites gubernamentales, compuesto por 4 etapas, con el que están comprometidos los 13 ministerios del Órgano Ejecutivo y también la Dirección General de Aduanas.

¿Qué incluye esta primera fase?
– Consiste en la consolidación y verificación de un inventario o “stock” de trámites. Al finalizar esta fase inicial hemos identificado un total de 850 trámites y 372 servicios gubernamentales.

¿Y este inventario estará disponible al público?
– Se prevé que para finalizar el primer trimestre del próximo año tengamos ya los primeros planes y estos se incorporen gradualmente a una plataforma electrónica que estará disponible al público.

Hubo diferencias con ARENA por el tema de aduanas, ¿cómo va este diálogo?
– El OMR ha impulsado propuestas de reformas a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, así como a la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras, que vendrán a superar diferencias entre el sector público y privado, en su aplicación. Estamos para facilitar ese diálogo, y por ahora, estas reformas se discuten en el seno de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.
También se instaló una comisión ad hoc en la Asamblea Legislativa, en la que se encuentran los diputados Francis Zablah, Margarita Escobar y Mario Ponce, que trabajó una Ley de Simplificación Administrativa, la cual fue vetada por el Presidente de la República. El veto, en esencia, advertía que esa ley creaba una institución diferente al OMR, pese a existir un compromiso de país, asumido en el convenio de FOMILENIO II, para la institucionalización permanente del OMR como la entidad encargada de la simplificación de trámites.

¿Ese veto originó dos propuestas que están en la Asamblea Legislativa?
– Así es. Estas dos propuestas buscan crear por ley al OMR, esfuerzo con el cual estamos de acuerdo. Nosotros presentaremos en los primeros meses de 2018 una propuesta de Ley de Mejora Regulatoria que esté en línea con los estándares y buenas prácticas internacionales en la materia, que incluya los objetivos de la política, la organización y funcionamiento del sistema, y las herramientas.

De aprobar la creación del OMR, ¿qué implicaría?
– Un verdadero “parteaguas” en la forma de hacer las regulaciones en el país, que vendrá a hacer más eficientes los trámites y servicios que presta el Estado, no solo los del Órgano Ejecutivo, sino los de toda la administración pública, incluyendo a las municipalidades.

– Entre algunos logros obtenidos por el OMR este 2017, ¿cuáles podría mencionar?
La reducción del 55% en el tiempo global requerido para obtener un permiso de construcción, que pasó de 279 días a 125 días, así como la reducción del 80% de los requisitos establecidos para las diferentes etapas de este trámite. Este avance ha sido reconocido por la CASALCO, asimismo, en agosto pasado fue relanzado el portal MiEmpresa.gob.sv, con una disminución sustancial de los tiempos y digitalización de algunos trámites.
Se espera que estos logros tengan un impacto favorable para la clasificación del país, en el índice de facilidad para hacer negocios del “Doing Business” del Banco Mundial, lo cual permitirá mejorar nuestra imagen, atraer más inversión, y sobre todo a disminuir la pobreza.

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