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Saúl Méndez
Colaborador
En el marco del Día del Padre, Silvia Montalvo, hija del economista y dirigente de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, Atilio Montalvo, relató algunas de las afectaciones que su familia ha enfrentado desde la captura de su padre en 2024, acusado por la Fiscalía de presuntos actos de terrorismo relacionados con la toma de posesión del segundo mandato del presidente Nayib Bukele.
“En noviembre de 2023, mi padre sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que lo dejó con serias limitaciones, incluso, para ejercer su profesión como economista. Su recuperación tomó varios meses; aproximadamente cuatro o cinco meses después logró mejorar considerablemente”, relató sobre la condición de salud en la que se encontraba antes de iniciar un proceso judicial que ya supera los dos años.
Silvia Montalvo aseguró que el 30 de abril de 2024 su padre sufrió un infarto agudo al miocardio que obligó a una intervención de emergencia. Permaneció dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos y, entre 15 y 20 días después, fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica terminal, grado cinco, con apenas un 10 % de funcionamiento de sus riñones.
Montalvo explicó que, tras ese diagnóstico, ya se realizaban todos los preparativos con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para iniciar su tratamiento de diálisis. “Incluso ya le habían colocado el catéter correspondiente. Esto ocurrió aproximadamente el 27 de mayo y, tres días después, fue capturado”, afirmó.
La toma de posesión presidencial tuvo lugar el 1 de junio de 2024 en el Palacio Nacional. En ese contexto, varios líderes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, una organización integrada por veteranos y excombatientes que denunciaba presuntas vulneraciones al Estado de derecho, fueron detenidos bajo acusaciones de planificar un atentado terrorista. Sin embargo, organizaciones como la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) sostienen que, a dos años de iniciado el proceso, el caso continúa sin avances sustanciales.
“En ese momento, toda la familia nos estábamos organizando para cuidarlo. Sus hijos nos turnábamos para atenderlo porque había quedado muy debilitado tras el infarto y necesitaba cuidados permanentes en casa. Para nosotros fue un shock enorme. Primero vino la sorpresa y luego la incredulidad de pensar que algo así pudiera suceder, especialmente cuando acababa de atravesar una situación médica tan delicada”, recordó Silvia Montalvo al rememorar la captura de su padre.
Montalvo denunció que, al igual que ocurrió con otros integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, las autoridades llegaron a su vivienda bajo engaños.
“Le dijeron que únicamente le harían unas preguntas. En nuestra ingenuidad, creímos que así sería y que las autoridades tendrían alguna consideración por el estado de salud de mi padre”, manifestó.
También relató que al día siguiente de la captura las autoridades accedieron a trasladarlo para que recibiera su primera sesión de diálisis.
“Fue hasta entonces cuando nos dijeron que buscáramos un abogado. Posteriormente comenzó un constante ir y venir entre centros de detención y hospitales debido a diversas complicaciones de salud, entre ellas descompensaciones y una peritonitis”, detalló.
Según Montalvo, durante la audiencia inicial la jueza del caso consideró que su padre debía permanecer hospitalizado. Sin embargo, el personal médico indicó que no existía ningún precedente que obligara al centro asistencial a mantener internado a un privado de libertad. Como consecuencia, fue trasladado nuevamente al denominado “Penalito”. Posteriormente, volvió a ser ingresado a un hospital para estabilizarlo y, tras recibir el alta médica durante la noche, fue enviado al Centro Penal de Occidente al día siguiente.
“Las afectaciones derivadas de esta situación han sido numerosas, no solo para nuestra familia, sino también para las familias de los demás compañeros detenidos. Al igual que ocurre con otros casos, como el del compañero Pepe, cuyos problemas de salud también son graves, las consecuencias han sido profundas”, lamentó.
Silvia Montalvo explicó que una de las principales consecuencias ha sido el impacto psicológico y emocional en las familias.
“La ausencia de un padre presente y responsable rompe la dinámica familiar. Los padres son pilares fundamentales para la seguridad emocional de sus hijos y, en muchos casos, también constituyen el principal sostén económico del hogar. Lo que nosotros hemos vivido lo están experimentando igualmente los hijos y familiares de los demás compañeros”, advirtió.
También señaló que existen importantes afectaciones económicas, ya que para muchas familias representa un sacrificio reunir los recursos necesarios para enviar paquetes a sus familiares detenidos.
“Son las familias quienes asumen los costos de alimentación y medicamentos dentro de los centros penales, cuando consideramos que debería ser el Estado quien garantizara esas necesidades”, denunció.
“No siempre se cuenta con los recursos suficientes para enviar todo lo necesario y, en ocasiones, apenas se logra cubrir la mitad de lo que se quisiera proporcionar”, añadió.
Silvia Montalvo también se refirió al exilio de uno de sus hermanos como otra de las consecuencias derivadas del caso.
“Otra de las consecuencias para nuestra familia fue el exilio de mi hermano. No solo enfrentamos el encarcelamiento de mi padre, sino que, después de que mi hermano publicara un video que se volvió viral exigiendo su liberación, fue objeto de acoso y se vio obligado a abandonar el país. Actualmente se encuentra exiliado en México”, explicó.
“No es fácil vivir con la incertidumbre de no saber cuándo volveremos a verlo. Desconocemos cuándo podrá regresar, ya que consideramos que correría riesgos si volviera al país en las circunstancias actuales”, lamentó.
“Siempre he dicho que esta situación es como vivir un duelo en vida. Se trata de sufrir la ausencia de una persona que sigue viva, pero a la que no se puede ver. Incluso los abogados enfrentan dificultades para reunirse con sus defendidos y construir una estrategia de defensa conjunta que les permita afrontar adecuadamente los procesos judiciales”, denunció.
“Mi padre llegó a ingresar al Seguro Social con apenas un 2 % de hemoglobina durante una de sus crisis de salud, cuando ya habíamos solicitado medidas sustitutivas a la detención varios meses antes. Todo esto ha generado un enorme impacto emocional, psicológico y económico para nuestra familia, además de las consecuencias derivadas del exilio de mi hermano. Son afectaciones muy profundas que seguimos enfrentando hasta hoy”, concluyó.
