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Saúl Méndez
Colaborador
El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) y otras organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, celebraron una misa en el centro de retiros El Despertar, en honor al abogado constitucionalista Enrique Anaya, quien permanece detenido desde el 7 de junio de 2025, y exigieron su pronta libertad.
La actividad incluyó un acto simbólico de solidaridad con velas encendidas y consignas en respaldo a Anaya, reconocido por sus críticas al gobierno del presidente Nayib Bukele y por sus denuncias sobre presuntas vulneraciones al Estado de derecho.
Lourdes Palacios, dirigente de COFAPPES, afirmó que las organizaciones, colectivos y movimientos que se han sumado a las acciones de solidaridad para exigir la libertad inmediata de Anaya y de los demás presos políticos coinciden en que estos casos están sustentados en acusaciones falsas y en delitos que, según sostienen, han sido fabricados por la Fiscalía General de la República.
“Sabemos que estamos luchando contra la injusticia y porque en esos procesos que se llevan a cabo en los diferentes tribunales se pueda lograr por fin la libertad incondicional”, expresó Palacios, que coincide con otros representantes de las organizaciones sociales presentes.
Por su parte, el equipo de defensa técnica de Enrique Anaya, que asistió a la misa, agradeció las muestras de apoyo y destacó la importancia de mantener visible el caso.
“Es una situación que nunca debió haber ocurrido. Quiero expresarles que en la próxima visita que hagamos al doctor Enrique Anaya le haremos saber que no está solo. Aquí hay una demostración de que, como nosotros decimos, el miedo y el silencio no son la opción”, manifestó uno de los abogados defensores.
Asimismo, señaló que el proceso judicial se encuentra bajo reserva, lo que limita la información que puede hacerse pública sobre el caso.
“Estamos frente a un señalamiento de reserva en el proceso que atañe al doctor Salvador Enrique Anaya y, debido a ello, no podemos brindar detalles sobre la situación procesal. Sin embargo, sabemos que se trata de un caso amañado y fabricado, porque no han podido demostrar el hecho delictivo que se le atribuye”, aseguró.
El abogado afirmó además que, a lo largo del último año, la Fiscalía ha realizado maniobras que calificó como maliciosas en distintos aspectos del proceso.
“El primero es en el ámbito jurídico, porque no encuentran cómo adecuar la figura legal que han inventado para atribuirle un hecho delictivo. Paralelamente, esto ha ido acompañado de un deterioro en su estado de salud”, sostuvo.
Según la defensa, Anaya ha experimentado un progresivo deterioro físico durante su detención.
“Le hemos planteado a la jueza que conoce el caso la posibilidad de que Enrique reciba un tratamiento diferente. Él tiene la capacidad de costear un hospital privado y acceder a médicos especialistas de una calidad que Medicina Legal no puede ofrecer. Por ello, hemos solicitado que se considere la posibilidad de que salga para recibir atención médica”, señalaron.
“Pero ya sabemos que la línea y dirección de este gobierno es impedir ese derecho a la salud”, denunciaron.
La defensa también sostuvo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado a Anaya una condición especial que, a su juicio, debería garantizarle mayores medidas de protección.
“Sin embargo, ya sabemos que, como se ha mencionado, los jueces se han vuelto cómplices del tratamiento que se le brinda a cualquier persona y, en especial, a Enrique Anaya. Sabemos que cuando le digamos que estuvimos presentes en este evento y que había una cantidad considerable de personas acompañándolo, se sentirá alegre porque son buenas noticias para él”, indicó.
“Él tiene una convicción que le ha permitido enfrentar este proceso con dignidad. Se está comportando con hidalguía porque ha recibido ofrecimientos para negociar, pero no hay forma de negociar cuando sabemos que los delitos que se le atribuyen son inventados”, sostuvo.
