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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
La comisión especial creada por la Asamblea Legislativa para investigar declaraciones de Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social en las que involucraba a partidos políticos en el incremento de homicidios del 20 de septiembre, brindó informe final en el que concluyó que no existen vínculos de participación de políticos o empresarios en tales hechos.
Esta aseveración surgió luego de que los miembros de la comisión analizaran las declaraciones que realizaran bajo juramento funcionarios como Pedro Martínez, director interino del Instituto de Medicina Legal; Mauricio Arriaza Chicas, director de la PNC, y Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad Pública, entre otros.
“Lo que quiero dejar bien claro es que este es un informe incidental sobre el alza de homicidios y no hemos agregado ningún vínculo empresarial ni político, porque hasta el momento no lo hemos encontrado en el presente caso”, aseguró el director de la PNC durante su comparecencia, el mes pasado, ante la instancia legislativa.
Entre las conclusiones del informe presentado por la comisión se deja a criterio de los representantes legales de los partidos ARENA y FMLN, como partes afectadas por las declaraciones de Marroquín, establecer acciones legales ante la existencia de contradicciones entre los titulares de las instituciones que trabajan en la Seguridad, además de la no comparecencia del director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), por lo que consideran que debe de ser constituida como delito.
La instancia legislativa también recomienda a la Fiscalía General de la República (FGR) agilizar la investigación sobre el posible delito de omisión de aviso en perjuicio de la administración de justicia interpuesto por la comisión especial, en contra del director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza.
Otra de las recomendaciones hechas por el grupo colegiado radica en que la Asamblea Legislativa modifique el articulo 39 del Reglamento Interior de ese órgano de Estado, en virtud de agregar el numeral 21 en el que se establezca la creación de una comisión permanente de supervisión de las autoridades de Seguridad Pública e Inteligencia del Estado.
