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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Existe poca voluntad política y sin prioridad en planes de inversión social que permitan a las mujeres alcanzar su igualdad, desarrollo y paz”, señaló Maritza Amaya, lideresa de San Vicente al comentar que en El Salvador persiste la violencia contra la mujer.
La Secretaría de la Mujer y la presidencia de CRIPDES se manifestaron públicamente en vísperas del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, señalando en su pronunciamiento “el aumento alarmante de actos de violencia de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres” . Y que en la agenda gubernamental no retoma las políticas y marcos jurídicos que las protegen y aplicar justicia.
“Hemos identificado con nuestro trabajo en los territorios las distintas violencias que afectan a las mujeres que pueden ser físicas, psicológicas, sexuales, patrimoniales, eso está a la orden del día, y eso lo enfrentamos cuando realizamos procesos formativos en las comunidades”, afirmó.
“Hemos acompañado también a mujeres que han tenido la confianza de denunciar esta situación a las autoridades competentes, algunos casos son recibidos y otros no. Sabemos que es por la condición de la mujer que no le permite acercarse para ser atendida y hablar del derecho a una vida libre de violencia en este país es lejana y si el gobierno no le da prioridad seguirá incrementando”, sostuvo Amaya.
En cuanto a la institucionalidad, Sulma Mijango, señaló que le gobierno mantiene una “política nefasta” que va contra el desarrollo de las mujeres y lo evidencian en el abandono de programas de atención a la mujer como la negativa a entregar el FODES a los gobiernos locales, que invertían en talleres de emprendimientos para las mujeres y lograr su independencia económica.
“Existe nula efectividad para castigar a los responsables de los feminicidios y agresiones de todo tipo y también de esos son los mismos funcionarios de este gobierno que lideran a través de las redes sociales, comportamientos desfavorables y ofensivos a lideresas con el fin de humillar la labor en defensa de los derechos humanos”, agregó.
“Les recordamos a los funcionarios de este gobierno que realizan este tipo de acciones a través de las redes sociales, que estos son hechos de violencia virtual, que es una violencia real que pone en peligro la vida de las mujeres y debe ser penada”, acotó Mijango.
Asimismo, denunciaron el “incremento exagerado” del costo de la canasta básica, ante la ausencia de una política de seguridad alimentaria, que eleva el riesgo de supervivencia y estabilidad familiar.
“Las mujeres debemos de elegir entre pagar el agua , la luz, el gas o comprar alimentos, la canasta básica del sector rural ha aumentado en un 22%, mientras la urbana en un 18.1% (datos del CDC) , lo que genera inseguridad alimentaria”, indicó.
Otra preocupación que les afecta, señaló Mijango, son las “estadísticas alarmantes” de hechos de violencia contra las mujeres que registran 7 de cada 10 mujeres son agredidas, pero, sobre todo, por la omisión de las obligaciones del gobierno en investigar, juzgar y sancionar a las personas agresoras a las mujeres salvadoreñas.
Rubia Guardado, de la Secretaría de la Mujer de CRIPDES, señaló que las personas defensoras y en especial las mujeres en la zona rural, se enfrentan a situaciones dramáticas que elevan la violencia por su trabajo de promoción de los derechos de las mujeres y las leyes que las protegen.
“Hay un desmantelamiento de las institucionalidad, como las Unidades de Género en las alcaldías municipales, -en Chalatenango- , solo han quedado como dos de esas unidades y las otras 18 las han eliminado, y las personas que estaban en esa ofician ahora son ordenanzas o finanzas, pero esa unidad la eliminaron como plaza”, reiteró.
“En cuanto a los presupuestos solo tienen las alcaldías de San José Las Flores y Arcatao, las otras no tienen presupuesto y no tienen Unidad de la Mujer, claro no cuentan con el FODES, y no pueden apoyar de lleno, solo a ciertas actividades pero no hay atención a jóvenes o adultos mayores”, sostuvo Guardado.
En cuanto al sistema judicial, consideró la lideresa de Chalatenango, que está en “deuda”, en la aplicación de los cuerpos jurídicos de la LIE y la LEIV, que ha terminado impactando los derechos a las mujeres a obtener pronta y cumplida justicia.
“Hay un caso de una compañera que terminó en feminicidio. Ella ya había denunciado a las autoridades al agresor, y dijo que era víctima de violencia y nadie la escuchó ni el juez, pasaron 10 días y ella murió a manos de su esposo, que la asfixió y la llevó a la milpa y la amarró y luego no se acercó más, fue otra persona que encontró su cadáver”, afirmó.
“Él (agresor) dijo que no había sido quien la mató y a sabiendas que toda la comunidad sabía que si, él era culpable que la violentaba a diario, que la no dejaba salir y la mantenía amarrada. Esos impactos que vivimos las mujeres son difíciles, porque se hace la denuncia y el Estado no hace nada, esa es inseguridad para las mujeres”, reiteró Guardado.
En su pronunciamiento la Secretaría de la Mujer y la presidencia de CRIPDES exigieron al gobierno garantizar el cumplimiento de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, junto al ISDEMU, que cumpla su rol de velar y hacer cumplir estos cuerpos jurídicos.
Además, pidieron la asignación de recursos para la ejecución de la política nacional para el desarrollo integral de las mujeres rurales y campesinas; fortalecer las instituciones de prevención e investigación de delitos de violencia basadas en género y que realicen las investigaciones correspondientes a mujeres que fueron capturadas por el Régimen de Excepción que a la fecha son más de 6 mil mujeres, que son inocentes.
