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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Organizaciones de mujeres y de derechos humanos, con el apoyo de la Unión Europea, desarrollaron el foro denominado “desafíos para la seguridad ciudadana desde una perspectiva de género”, con el fin de analizar la investigación que se llevó a cabo sobre la seguridad ciudadana y la igualdad para las mujeres en El Salvador. En la actividad, se reflexionó sobre las políticas que el Estado salvadoreño ha tomado, las cuales no responden a las demandas de las mujeres. Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), informó que existe una disociación de las políticas de seguridad de la perspectiva de género o de las condiciones de riesgo de las mujeres, “vemos como las mujeres han expresado sentirse lejanas a participar de esas decisiones de seguridad pública”.
Una de las evidencias que constataron, luego de la investigación, es que es necesario empezar a hablar de la experiencia de las mujeres, sobre todo, por las demandas históricas que les atrapan. “Desde el conflicto armado las mujeres no han sido consideradas en los procesos de justicia y reparación, estas siguen siendo deudas que a la generación actual les afecta”, detalló Juárez.
En la investigación, las organizaciones plantean que existe una débil participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, tanto en la política nacional como en la economía, en materia de seguridad y construcción de la paz. En ese sentido, razonaron que es indispensable que se incluyan a las mujeres como mediadoras, facilitadoras y lideresas de estos procesos de pacificación y, sobre todo, la incorporación del enfoque de género a las operaciones del mantenimiento de la paz.
La situación de las mujeres respecto a muertes violentas, desde el 2015 a 2020 se han reportado un total de 2,314, con una tendencia a la baja, según los datos del sistema nacional de datos, estadísticas e información de violencia contra las mujeres. Siendo el arma de fuego la herramienta que más se ha utilizado para acabar con la vida de las mujeres, teniendo un porcentaje por encima del 55%, luego le sigue el arma blanca, y objeto contundente.
En el año 2017, una encuesta nacional de violencia contra la mujer dio a conocer que el 67.4% de las mujeres consultadas había sufrido violencia a lo largo de su vida. Del total de mujeres que había manifestado ser víctimas de violencia, únicamente el 5% buscó ayuda en alguna institución pública o de la sociedad civil.
En cuanto a la violencia sexual, en 2019 se reveló, por medio de una encuesta, que 7 de cada 10 mujeres, entre los 15 y 49 años, han enfrentado algún hecho de violencia sexual a lo largo de su vida. De acuerdo a datos de la Fiscalía General de la República (FGR), en el año 2020 se registró un total de 2,858 casos de delitos contra la libertad sexual, los cuales incluyen: violación, violación en menor incapaz, agresiones sexuales, agresión sexual en menor incapaz y estupro, lo que significó un promedio diario de 8 personas que sufrieron de agresión sexual. Del total, el 90% a mujeres, el 9% a hombres y el 1% no fue registrado. Las agresiones contra las mujeres no han disminuido, así como los homicidios, por tal, la seguridad de las mujeres sigue inadvertida en las políticas de seguridad, lamentó Silvia Juárez, de ORMUSA.
En lo que va de 2022, se han aumentado los casos de violencia sexual contra las mujeres, sobre todo, en las adolescentes entre el etario de los 10 a 14. “Eso es grave como sociedad, (porque) tenemos políticas que no están respondiendo a las necesidades y realidades de las jóvenes”, comentó Morena Murillo, directora de la Asociación de Promotores Comunitarios Salvadoreños.
Las mujeres son las que más salen afectadas respecto a las políticas que el Gobierno toma, pues inclusive con el régimen de excepción, se ven a cientos a mujeres en las afueras de los centros penales en la búsqueda de información de su familiar detenido, sin importar las condiciones climáticas, la movilización, los gastos financieros y la misma incertidumbre.
“Lo hemos visto, son las mujeres las que soportan el peso del cuidado, de buscar la información de sus parientes en detención, de buscar el kit que implica, incluso, de sostener un hogar cuando los proveedores son detenidos”, destacó Juárez, de ORMUSA.
Por tal, las organizaciones exigieron al Estado que los planes que direccionan las políticas de seguridad pública como el Plan Control Territorial, presente lineamientos enfocados al combate de violencia contra las mujeres, entre ellos, la prevención del feminicidio y la violencia sexual.
