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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Tras una visita in situ al Centro de Cumplimiento de Penas “La Esperanza” conocido como Mariona, el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar Serrano, recomendó a las autoridades mejorar los espacios físicos y la habilitación de otros que presten las condiciones requeridas en los estándares internacionales de tutela de los derechos hacia las personas privadas de libertad.
El funcionario explicó que este es el inicio de una serie de visitas que llevará a cabo en todos los centros penales del país. En la cárcel de Mariona se constató que los privados de libertad están organizados por categorías, como miembros de grupos pandilleriles, colaboradores de estos, personas no pertenecientes a pandillas, contagiadas de tuberculosis, y quienes adolecen enfermedades crónicas.
En el recorrido se constató las instalaciones de cocina, en donde se advirtió la forma de distribución de los alimentos, además, los talleres en donde se observó a las personas privadas de libertad en sus funciones laborales. Asimismo, en el sector de área de talleres metal mecánica, serigrafía, maquila, hamacas, carpintería, imprenta, taller de pintura, bambú y otros.
“Hemos constatado tanto la condición en que se encuentran las personas como la infraestructura del lugar. Constaté la presencia de personal médico y enfermería que se mantienen permanentemente atendiendo a los privados de libertad, según su estado de salud. Los detenidos durante el Régimen de Excepción están en sectores diferentes a quienes estaban recluidas con anterioridad”, detalló.
Tobar dijo que los privados de libertad expresaron recibir alimentación tres veces al día, tener acceso a jornadas de luz, reciben los kits de higiene personal enviados por sus familiares, algunas veces han tenido problemas de abastecimiento de agua, pero las autoridades lo han solventado.
Cuando se presenta alguna situación de gravedad en la salud son trasladados al sistema de salud pública, además, están experimentado dificultades en la comunicación hacia sus familiares. En los últimos meses se ha incrementado la población de personas privadas de libertad, y ello ha provocado la reducción drástica del espacio físico en muchos casos.
En el caso de los internos con enfermedades crónicas como cáncer y personas con discapacidad son atendidos en el centro penal de Quezaltepeque, que cuenta con laboratorio clínico para toma de muestras e identificación inmediata de sus condiciones de salud. Quienes padecen de tuberculosis se encuentran recluidas en la cárcel de Usulután, a fin de garantizar un mejor tratamiento y evitar la propagación de la enfermedad.
El procurador recomendó a la Dirección de Centros Penales la aplicación permanente de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, mejor conocidas como “Reglas de Mandela”, así como promover un mecanismo adecuado de comunicación entre las personas privadas de libertad con sus familiares y abogados.
