MOVIR presenta cuarta demanda de inconstitucionalidad contra el régimen de excepción

Saúl Méndez

Colaborador

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) se concentró por cuarta ocasión frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar, ante la Sala de lo Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad contra el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 a iniciativa del presidente Nayib Bukele.

La organización informó que las tres solicitudes anteriores fueron declaradas “improcedentes”. Pese a ello, Samuel Ramírez, vocero de MOVIR, aseguró que continuarán impulsando acciones legales para lograr la suspensión del régimen de excepción.

MOVIR sostuvo que, aunque el combate a las pandillas ha sido una demanda histórica de la población, este no puede ejecutarse a costa de la vulneración de derechos fundamentales, capturas arbitrarias o procesos judiciales sin garantías.

“La Sala sigue sosteniendo que el régimen es necesario y que está justificado. A pesar de lo que han señalado abogados y profesionales que han evaluado las múltiples incoherencias y vicios en la aprobación del régimen”, afirmó Ramírez.

La última demanda de inconstitucionalidad había sido presentada en diciembre de 2025 por integrantes de MOVIR, en su mayoría familiares de personas detenidas presuntamente de forma arbitraria. En aquella ocasión solicitaron a la CSJ una medida cautelar para suspender la ejecución del régimen de excepción mientras los magistrados analizaban la demanda y determinaban si la medida seguía siendo necesaria.

Pese a la presión ejercida por los miembros de MOVIR, la solicitud también fue declarada improcedente.

Ramírez sostuvo que la intención de solicitar la suspensión del régimen de excepción es evitar que continúen las violaciones a derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad.

“Es para que no se repitan las mismas atrocidades bajo el régimen de excepción mientras hay una investigación. Hay muertos, hay vidas de por medio, hay familias que están sufriendo por esas capturas”, denunció.

“Sin embargo, aquí sostienen que el régimen es necesario. Vamos a continuar con un quinto recurso; no nos vamos a dar por vencidos”, afirmó.

“Nos vamos tranquilos porque sabemos que el camino no es fácil, pero la razón está de nuestro lado y eso es lo más importante”, concluyó.

Asamblea Legislativa aprueban la 51a prórroga del Régimen de Excepción

Las acciones legales de MOVIR surgen en el contexto de la 51ª prórroga del régimen de excepción, solicitada por el Órgano Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Legislativa con 57 votos a favor y uno en contra, correspondiente al partido VAMOS, lo que permitirá extender la medida por 30 días más.

Debido a esto, MOVIR insistió en la necesidad de suspender la medida y denunció que ha recibido reportes de personas que están siendo recapturadas pese a haber obtenido medidas sustitutivas a la detención en los últimos meses.

“Lo que dijo Bukele en Costa Rica es una contradicción, porque dice que había liberado a 8 mil personas, pero las están recapturando y las están condenando a 20, 40 o 60 años”, manifestó.

Ramírez aprovechó la ocasión para recordar que, cuando recién inició el régimen de excepción, cerca de 5,000 personas se concentraron frente al penal de Mariona en busca de sus familiares detenidos.

“¿Qué hizo el Gobierno? Llegó con tanquetas para disolver la manifestación. La gente tiene miedo, pero muchos están dispuestos incluso a dar la vida por sus seres queridos. Hay personas dispuestas a ir a prisión con tal de que liberen a un hijo inocente”, manifestó.

“Creo que aquí estamos dispuestos a todo. Hay gente que tiene miedo y otros creen que Dios resolverá sus problemas, pero les están devolviendo a sus familiares muertos. Hay más de 500 fallecidos en las cárceles. Ahora los homicidios ya no ocurren afuera, sino dentro de los centros penitenciarios”, denunció.

“Hace poco asesinaron a un joven en Cuscatancingo y lo lanzaron a una poza después de apedrearlo. Otro joven fue asesinado en Sonsonate. Pero de eso el régimen no dice nada. ¿Cómo pueden afirmar que El Salvador es el país más seguro del mundo mientras mantiene suspendidos los derechos constitucionales de toda la población? Esa es la contradicción”, cuestionó Ramírez.

“Bukele pidió el apoyo del pueblo en las elecciones y una mayoría legislativa para su partido. Argumentaba que los demás partidos eran un obstáculo porque bloqueaban préstamos, mientras el país seguía endeudándose sin rendir cuentas. La población le dio la mayoría absoluta y así destituyó a los magistrados de la Corte. La Asamblea Legislativa no se opone a Bukele porque fue puesta por él”, sostuvo.

“Entonces, ¿quién se le va a oponer a Bukele? Nadie. Quienes nos oponemos parecemos pocos, porque él asegura que somos apenas el 7 %. Pero creo que sí existe preocupación por el tema de derechos humanos. La presión internacional es fuerte y hay señalamientos sobre posibles crímenes de lesa humanidad en el país”, aseguró.

“Es una dictadura porque una sola persona tiene el control de todo. Mientras se reducen recursos para educación y salud, se fortalece a la Fuerza Armada con más personal y más equipo. Se están preparando para la guerra. Una persona que utiliza el poder para protegerse, acumular riqueza y concentrar poder solo puede definirse como un dictador”, expresó.

“Son dictaduras de nuevo tipo, distintas a las de antes, como las de Hitler o Augusto Pinochet en Chile. Bukele no ha ordenado disparar contra manifestantes porque sabe que hoy existen redes sociales y transmisiones en vivo. Nosotros documentamos y publicamos todo. El día que ordene disparar contra nosotros en una transmisión en vivo, ese día cae Bukele”, aseguró.

Ramírez también criticó el rol de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución surgida tras los Acuerdos de Paz.

“A mí me tocó participar en la guerra de los años 80. Fui guerrillero para enfrentar aquella dictadura y aquel ejército. Creamos una Procuraduría de Derechos Humanos para velar por el respeto a los derechos fundamentales, pero ahora la procuradora Raquel Caballero está más preocupada por responderle a Bukele que por escuchar a las víctimas”, lamentó.

“Si las instituciones del Estado funcionaran, MOVIR no existiría. El régimen ya habría terminado o no habría violaciones a los derechos humanos, pero el Gobierno guarda silencio ante esos abusos”, expresó.

“Cada vez que un organismo internacional publica un informe, Bukele responde atacando, deslegitimando y desacreditando. Nunca ha reconocido violaciones a derechos humanos. Eso nos da más fuerza para continuar esta lucha”, aseveró.

“Aquí no tenemos una Corte Suprema independiente, sino un presidente que concentra el poder. Él maneja el país como si fuera su empresa y no permite oposición. Además, la corrupción se ha legalizado porque bajo el régimen de excepción todo puede declararse reservado y las contrataciones se hacen sin el debido proceso”, denunció.

Ramírez también cuestionó la narrativa gubernamental sobre seguridad y turismo.

“Una mentira repetida diez veces termina convirtiéndose en verdad y Bukele conoce esa estrategia. Se promueve la imagen de un país seguro para atraer turistas, pero mientras tanto el costo de vida se ha disparado. Una vivienda que antes costaba 25 mil dólares ahora vale 100 mil y los salarios siguen siendo bajos. La comida es cada vez más cara. Este es un país pensado para el turismo y no para la población. A los de afuera les muestran luces y espectáculos; a los de adentro los mantienen bajo régimen”, advirtió.

MOVIR surgió el 16 de agosto de 2022 como una respuesta a las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas bajo el régimen de excepción en El Salvador.

“Comenzamos a documentar y acompañar cientos de casos de detenciones arbitrarias, muchas sin el debido proceso, afectando principalmente a comunidades pobres ya golpeadas por la violencia”, afirmó la organización.