Afectados por COSAVI presentan cuarta solicitud de audiencia a embajada de EEUU

Saúl Méndez

Colaborador

Las personas afectadas por el desfalco de 35 millones de dólares de la Asociación Cooperativa Santa Victoria (COSAVI de R.L.) acudieron por cuarta ocasión a la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador para solicitar una audiencia con el Gobierno estadounidense, a través de la encargada de Negocios, Naomi Fellows.

La solicitud surge tras la misiva enviada el 12 de mayo por el congresista James McGovern al Departamento de Estado, en la que exigió facilitar una reunión entre los afectados de COSAVI y funcionarios estadounidenses, luego de conocer que las supuestas reuniones previas con las víctimas nunca ocurrieron.

En esta ocasión, Juan José Ortiz, representante de los afectados, afirmó que fueron atendidos por oficiales de la embajada, aunque no se les permitió ingresar al recinto.

“Han salido dos oficiales de la embajada a recibir el escrito. Hemos dialogado con ellos de manera muy amable y nos han dicho que harán llegar inmediatamente la petición a la encargada de negocios”, relató Ortiz.

“Todo parece indicar que no vamos a ser recibidos este día, era lo esperable. Sin embargo, agradezco la amabilidad con la que el personal de la embajada nos atendió. Ya tenemos firmado el escrito. Reitero que esta es una cuarta petición de audiencia, amparada en la carta que el congresista McGovern envió al Departamento de Estado”, detalló.

“El congresista ha sido bastante crítico con las propias instituciones de su gobierno. Él sostiene que es falso que los afectados de COSAVI fuimos recibidos, tal como informó el Departamento de Estado, y además cuestiona que hayan trasladado la consulta al Gobierno salvadoreño”, explicó.

“El congresista considera que remitir la petición al Gobierno salvadoreño constituye una falta de respeto, no solo para los ciudadanos estadounidenses, sino también para los salvadoreños afectados”, aseguró.

La nueva solicitud de audiencia enviada a Fellows, con fecha del 12 de mayo de 2026, señala que los afectados recibieron “con optimismo y esperanza” la comunicación del congresista demócrata Jim McGovern, en la que informa sobre una segunda petición al Departamento de Estado para que la embajada estadounidense en El Salvador conceda una audiencia a una delegación de víctimas del caso COSAVI.

“Respaldamos las preocupaciones expresadas por el congresista McGovern respecto al tratamiento que la Embajada y el Departamento de Estado han dado a nuestras peticiones anteriores, particularmente al informar erróneamente que habíamos sido recibidos y al remitir cualquier otra consulta a las autoridades salvadoreñas, lo que el congresista considera un incumplimiento del deber por parte del Departamento de Estado y una ofensa para ciudadanos estadounidenses y salvadoreños afectados”, señala la misiva.

Los afectados de COSAVI hicieron un llamado al Gobierno de los Estados Unidos para que, a través de su embajada, se coloque “del lado correcto”, al respaldar a las víctimas salvadoreñas y estadounidenses con familiares en ese país, y no a quienes “les han robado, secuestrado y administrado sus fondos de manera ilegal, abusiva y arbitraria”, según denunciaron.

Por ello, solicitaron por cuarta ocasión una audiencia con representantes del Gobierno estadounidense para discutir diversos aspectos planteados en las solicitudes anteriores presentadas el 30 de julio de 2024, el 7 de noviembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026.

“Estas peticiones se suman a las solicitudes formuladas por el congresista McGovern el 19 de septiembre de 2025 y el 12 de mayo de 2026”, agregó Ortiz.

Afectados sostienen que COSAVI “era una buena cooperativa”

Por otra parte, los afectados aseguraron que COSAVI funcionaba adecuadamente hasta que, según señalaron, comenzó a involucrarse en temas políticos, específicamente al facilitar préstamos vinculados al financiamiento de campañas del partido Nuevas Ideas.

“Cuando se involucró Nuevas Ideas, todo comenzó a corromperse. Las alcaldías empezaron a solicitar préstamos millonarios y no sabemos cuántos diputados de Nuevas Ideas podrían estar involucrados. Una buena cooperativa se arruinó al mezclarse con la política”, afirmaron.

También lamentaron la muerte de Manuel Alberto Coto Barrientos, exgerente general y directivo de COSAVI, señalado como principal implicado en el desfalco, quien falleció el 8 de septiembre de 2024 cuando el helicóptero en el que era trasladado tras su captura en Honduras se desplomó.

“La caída de ese helicóptero deja muchas dudas, porque Manuel Coto tenía las claves de toda la trama del robo de 35 millones de dólares”, expresaron.

Asimismo, se refirieron a las 13 personas fallecidas sin haber logrado recuperar sus ahorros.

“Aquí se están vulnerando derechos fundamentales. Ya son 13 personas fallecidas y nadie puede medir cuánto ha influido la angustia de tener sus ahorros retenidos, sin poder cubrir gastos básicos como alimentación o medicinas”, manifestaron.

Uno de los afectados de la tercera edad explicó algunas de las consecuencias que enfrentan debido a la situación.

“Algunos todavía tenemos alternativas, pero hay personas de mi edad o mayores que la están pasando mal. No comen bien y no tienen acceso a medicinas. Ir al Seguro Social se ha vuelto una tragedia”, relató.

“Yo padezco del corazón y cuando voy al Seguro Social me programan la siguiente cita hasta dentro de 11 o 12 meses. Si no tuviera recursos para pagar atención privada, probablemente ya habría muerto”, agregó.

Debido a esto, los afectados sostienen que se les está vulnerando el derecho más fundamental: el derecho a la vida.

“Estas 13 personas que han fallecido, y las que puedan morir más adelante, nadie puede cuantificar cuánto se debe a esta situación», lamentaron.