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Miembros de diversas organizaciones sociales, ambientalistas y de la Iglesia Católica se reunieron con funcionarios de la PDDH de El Salvador y Guatemala para abordar la problemática de la mina “Cerro Blanco”, en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, que afectará aguas transfronterizos con metales pesados como el arsénico. Foto Diario Co Latino/CRIPDES.

Movimiento social rechaza proyecto minero “Cerro Blanco”

Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino

El proyecto minero “Cerro Blanco”, en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, a 91 kilómetros de El Salvador, alertó a las organizaciones ambientalistas, Iglesia Católica y las procuradurías de Derechos Humanos de Guatemala y El Salvador, por las aguas transfronterizas que inician en la cuenca alta del río Ostúa, que caen en el lago de Güija, que tributa al río Lempa, columna vertebral del consumo humano y agrícola salvadoreño.

Luego de la firma de un convenio de cooperación entre las procuradurías para la Defensa de Derechos Humanos de Guatemala y El Salvador, el pasado mes de noviembre, que incluyó la participación de las organizaciones ambientalistas centroamericanas aglutinadas en ACAFREMIN, se realizó la segunda reunión con delegados de ambas naciones, para conformar una “Hoja de Ruta”, para cerrar el proyecto minero “Cerro Blanco”.

Julio González del colectivo ecologista Madre Selva de Guatemala consideró importante trabajar de manera conjunta y rápida, ya que desde julio de 2007 presentó su oposición a este proyecto minero que no reúne científicamente los impactos ambientales que generaría en la cadena de la cuenca que es la frontera lacustre entre ambas naciones.

“El problema no es si echar a andar el proyecto minero que tendría un costo millonario, sino más bien, el traspaso de permisos mineros a empresas que no tienen la capacidad, pero lo que pretenden es hacer una especulación de capital. Comprando a precios bajos las acciones de Cerro Blanco e iniciar procesos para intentar nuevamente echar a andar la mina”, explicó González.

Entrada a la mina “Cerro Blanco”, en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala. Foto Diario Co Latino/Archivo.

El colectivo Madre Selva ha documentado sobradamente las características del proyecto “Cerro Blanco”, que califican “la mina que nació muerta”, dado el bajo nivel de estudios técnicos sobre la zona geotermal y la hidrografía del área, y de las cuales tienen conocimiento las autoridades de los ministerios de Medio Ambiente y Energías y Minas guatemaltecos.

La lucha social contra la minería metálica en El Salvador culminó con una Ley de Prohibición de la Minería Metálica, que se considera inédita, por ser la primera alrededor del mundo. Vidalina Morales de ADES “Santa Marta” expresó su incertidumbre que un mega proyecto como “Cerro Blanco” pueda traer consecuencias no solo a ambas naciones, sino los impactos irreversibles y permanentes.

“Esta es una iniciativa de las organizaciones sociales y la Iglesia Católica, que lleva varios años de lucha, y les ha costado mucho, según lo que he escuchado. Y puedo decir que la presencia de ambas procuradurías de Derechos Humanos (El Salvador/Guatemala) vendrá a impulsar con mayor fuerza la iniciativa que como comunidades tenemos ante este proyecto minero. Porque los empresarios a pesar que saben que es inviable la explotación minera, insisten en abrirla y saben que difícilmente podrán extraer el oro”, mencionó.

Madre Selva ha comprobado en sus investigaciones que la mina Cerro Blanco solo ha extraído aguas termales, y que por esta razón tuvieron que solicitar un “cierre temporal” en el año 2012, alegando fallas técnicas que consistían en inundaciones de aguas a altas temperaturas en los túneles de la mina subterránea.

Las procuradoras adjuntas de Medio Ambiente de las PDDH, Ana Milagro Guevara (El Salvador) y Miriam Roquel Chávez (Guatemala), tuvieron la oportunidad de escuchar y trabajar para definir una “Hoja de Ruta” que integrara acciones públicas, talleres, denuncias internacionales y cumplimiento de los marcos jurídicos de protección de los pobladores y su medioambiente.

Ana Milagro Guevara consideró que este caso es importante para la PDDH, por el principio de cumplimiento de las leyes que rigen a cada uno de los Estados centroamericanos y ponderar la permanencia en el respeto de los derechos de la población a un entorno sano, así como a los ecosistemas.

“Este es un punto de partida entre organizaciones sociales y la Iglesia, por esta problemática que está latente para ambos pueblos y, sobre todo, en la zona transfronteriza en su vida y el agua de consumo. Nosotros contamos con una ley que prohíbe la minería y para nosotros es importante hacer prevalecer este marco jurídico. Ahora con el Cerro Blanco vamos a hacer todos los esfuerzos junto al gobierno de la República de Guatemala y El Salvador, que son importantes para que tomen las decisiones más acertadas en este caso”, indicó.

Mientras, la procuradora adjunta Miriam Catarina Roquel Chávez reflexionó que era positivo que los pueblos y gobiernos construyan un esfuerzo combinado, a fin de defender los territorios y los derechos humanos en la región centroamericana, y validar las demandas de los pobladores en su rechazo a ciertos megaproyectos extractivos, como la minería metálica.

“Hemos podido observar que tanto El Salvador como Guatemala están unificando esfuerzos y las procuradurías no podíamos quedar aislados a estos acontecimientos y derivado de esto, la firma de la carta de entendimiento entre ambas instituciones, que nos llevará a cumplir nuestros mandatos dando el acompañamiento a la sociedad civil, en la garantía de sus derechos universales e irrenunciables. Es difícil para nosotros estar frente al Estado por todo el poder que tiene, pero es importante sentar precedente en el reclamo de los derechos humanos, que trasciendan al plano internacional”, valoró.

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