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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Como hemos dicho las organizaciones nacionales e internacionales, las capturas de personas defensoras y la Ley de Agentes Extranjeros son una forma de castigar y de reprimir el trabajo de denuncia, de exigencia de derechos, de exigencia de rendición de cuentas, de denuncia de corrupción y violaciones a derechos humanos”, afirmó Verónica Reyna, directora del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
Representantes de organizaciones, redes, movimientos, líderes comunitarios, sindicatos y colectivos de la sociedad civil salvadoreña y organizaciones internacionales se pronunciaron ante la “persecución y criminalización a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos” en el país.
“Condenamos la reciente captura de Ruth Eleonora López y otras personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, sociales y ambientales, como el abogado y defensor Alejandro Henríquez y el pastor Ángel Pérez”, dijo.
“Estos hechos forman parte de la escalada de violencia que ha generado un peligroso escenario de criminalización y censura de la defensa de derecho humanos por parte del Estado salvadoreño, que atenta directamente contra el derecho a la reunión pacífica, la libertad de expresión y el derecho a asociación”, sostuvo Reyna.
Asimismo, como población civil organizada “rechazaron enérgicamente” las acusaciones que calificaron de infundadas y el permanente “discurso estigmatizante y de odio”, que sólo contribuye en la difamación del legítimo trabajo de las organizaciones sociales nacionales y el apoyo de los cooperantes extranjeros para solucionar problemas de la población más empobrecida.
“Esta narrativa no sólo es falsa, sino que representa un retroceso a derechos fundamentales como la participación ciudadana, la libertad de expresión , la independencia de poderes y la contraloría de la sociedad civil frente al poder del Estado” reseñó Reyna.
Defender derechos no es delito
Mientras, Gabriela Santos, en representación del IDHUCA y la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, señaló que es importante la decisión de la unidad de distintos sectores de la sociedad civil organizada como el movimiento de ambientalistas, feministas, pueblos indígenas, sindicatos y organizaciones de derechos humanos para denunciar de manera contundente el abuso y arremetida en contra de las personas defensoras de derechos humanos del país.
“Es lamentable que tengamos que estar repitiendo que defender derechos no es delito, que protestar no es delito, que dialogar con el Estado es un derecho que tenemos todas y todos. Y que tampoco tengan que ser detenidas las personas defensoras por ejercer su labor. Y que el Estado respete el debido proceso, las garantías judiciales y no arremeta contra las voces críticas”, afirmó.
“Este paso que ha dado (presidente Bukele) de aprobar la Ley de Agentes Extranjeros es una muestra de la fuerte profundización del miedo y deseo de silenciar las voces de quienes piden un medioambiente sano, de quienes piden respeto a sus derechos, de quienes piden por las personas detenidas arbitrariamente. Así como los que piden que no los desalojen o que busquen una ayuda por parte del gobierno y del Estado”, reafirmó Santos.
Detenciones arbitrarias continúan en 38 meses de régimen de excepción
Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico Humanitario y en representación de organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones de presos políticos y personas inocentes encarceladas, reiteró su adhesión al pronunciamiento en contra de la criminalización del movimiento social.
“Ya son 38 meses del régimen de excepción; en general, en un escenario de persecución y criminalización a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en El Salvador, con detenciones arbitrarias que han generado luto en la familia salvadoreña”, señaló.
“Nuestras organizaciones han documentado y denunciado la captura y detención ilegal y arbitraria de miles de salvadoreños, que siendo inocentes, han ido a parar a los diez centros penales dedicados al régimen de excepción, y también a las bartolinas”, denunció Escobar.
Señaló que tienen conocimiento de que alrededor de 400 personas han muerto antes de tener el derecho a una segunda audiencia para comprobar su inocencia. En el marco de la “medida eterna» de seguridad, que es en lo que se ha convertido el régimen de excepción.
“Lamentamos que estamos en un nuevo escenario con la agudización de la crisis de derechos humanos, porque ya van sin pena contra defensores y defensoras de derechos humanos; de personas inocentes, de presos políticos que están muriendo en los centros penitenciarios”, reiteró Escobar.
Cristosal agradece adhesión a favor de Ruth Eleonora
Abraham Abrego, de Cristosal, agradeció las innumerables muestras de solidaridad y de condena por la captura arbitraria de la abogada Ruth Eleonora López, que afecta la labor en la defensa de derechos y la investigación sobre la corrupción y la justicia.
“Estos abusos los han hecho con periodistas y otros defensores de derechos ambientales como el abogado Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez, y los ambientalistas (ADES Santa Marta), que son objeto de persecución”, expresó.
“En primer lugar la persecución y criminalización de las personas defensoras son estrategias de acallar las voces críticas, evitar denuncias, evitar investigaciones de derechos humanos y evitar los señalamientos por corrupción. Es una estrategia para inmovilizar y destruir el tejido social, destruir a las organizaciones de derechos humanos o simplemente para que no hable la ciudadanía”, reafirmó Abrego.
Por lo que llamó a la reflexión a la sociedad en general y a la comunidad internacional, sobre los impactos que al final tendrá la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos sociales, ambientales, cívicos, económicos y culturales entre otros.
“La ley de Agentes Extranjeros y la situación de la criminalización de personas defensoras afecta el ejercicio de las libertades civiles, no solo a personas defensoras, también a periodistas y cualquier persona que intente defender su derecho individual o colectivo”, aseguró.
“Esto de la nueva Ley de Agentes Extranjeros es un candado que afecta a las personas a realizar actividades que puedan afectar la estabilidad política. Es un tema ambiguo y genérico que da amplias facultades discrecionales a la dirección que aplicará esa ley. Es una espada de Damocles, ese marco legal que dice qué actividades se pueden o no se pueden hacer”, puntualizó Abrego.
