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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El International Budget Partnership (IBP) investigó a nivel mundial sobre la transparencia en el acceso a la información pública y la participación ciudadana en el manejo de los fondos públicos para atender la pandemia del COVID-19, en El Salvador el estudio señaló un mínimo acceso a la información sobre el uso de estos fondos, beneficiarios y desempeño de las intervenciones.
En El Salvador la investigación contó con la colaboración de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), los criterios de evaluación fueron la transparencia, vigilancia y participación ciudadana. En el caso de la transparencia se evaluó si el Gobierno puso a disposición del público información presupuestaria integral sobre los paquetes de política fiscal ejecutados y cómo se implementaron.
En la vigilancia se investigó si las instituciones de vigilancia, como las legislaturas y las oficinas nacionales de auditoría, pudieron revisar y aprobar paquetes de política fiscal, y evaluar sobre su implementación de manera oportuna. Mientras en el caso de la participación ciudadana, se evaluó si el gobierno y la Asamblea proporcionaron canales formales para que la población se involucrara en decisiones profundamente trascendentales en torno al gasto de la asistencia.
El estudio de IBP y FUNDE indicó que en El Salvador, el paquete fiscal considerado fue el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reactivación Económica, aprobado por la Asamblea Legislativa mediante decreto No. 608 del 26 de marzo de 2020, el cual incluyó las transferencias a gobiernos municipales, subsidios a las familias, coberturas de deficiencias de ingresos fiscales y los gastos para responder a la emergencia en diversos ministerios, sin embargo, dicho paquete tuvo una transparencia limitada, una vigilancia parcial, y contó con una participación ciudadana mínima.
Asimismo, la investigación reveló que los fondos se utilizaron a través de mecanismos extra presupuestarios, como el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) en lugar del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reactivación Económica, y no se crearon mecanismos para la participación ciudadana en los programas y proyectos específicos, como en el uso de los fondos transferidos a los municipios.
Entre los aspectos positivos del manejo de la pandemia está que en el país la Asamblea Legislativa aprobó y se dio seguimiento a la ejecución del paquete fiscal, así como a la aprobación del decreto que conformó un Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana para dar seguimiento al uso de los fondos, sin embargo, se le ha obstaculizado el acceso a la información.
Se recomendó al gobierno revisar las normas y mecanismos de respuesta, para que en futuras emergencias la rendición de cuentas sea más efectiva; retomar los ejemplos de buenas prácticas identificados a nivel internacional en el estudio; garantizar el acceso a la información sobre el uso de los fondos en la respuesta ante la pandemia. Otra de las sugerencias es elaborar o publicar las evaluaciones sobre el desempeño y resultados de las intervenciones, en particular sobre el efecto en las poblaciones y grupos más vulnerables y facilitar la participación de la ciudadanía en la evaluación del uso de los fondos.
Para el IBP es fundamental que los gobiernos sean transparentes y responsables, ya que estos gastos masivos están teniendo consecuencias a corto y largo plazo para sus finanzas públicas, pero sobre todo a la gente. De 120 países que se evaluaron más de dos tercios de los gobiernos no administraron sus paquetes de emergencia de manera responsable, casi dos tercios no siguieron procedimientos de adquisición transparentes.
Mientras tanto, aproximadamente la mitad de los países pasaron por alto las legislaturas para introducir paquetes de ayuda, y solo alrededor de una cuarta parte de los auditores nacionales publicaron informes de auditoría acelerados. Cuando estalló la crisis, el IBP exhortó a los gobiernos a ser transparentes y responsables porque tenían conocimiento de las debilidades en los sistemas de rendición de cuentas a nivel mundial, desafortunadamente demasiados gobiernos no están a la altura, en detrimento de las poblaciones a las que sirven.
Sin embargo, algunos países muestran una forma diferente de responder, Paraguay tiene un sitio de punto único de compra que publica todas las adquisiciones relacionadas con la pandemia; 22 países entre ellos Bangladés, Canadá y Togo reconocieron los impactos desproporcionados en las mujeres y publicaron información sobre políticas dirigidas a este sector de la población. El auditor nacional de Sierra Leona utilizó auditorías en tiempo real sobre la base de la experiencia de la crisis del ébola.
El propósito es que si se toma en serio la equidad y la justicia, también es importante la rendición de cuentas, pues se trata de garantizar que la asistencia llegue a quienes más la necesitan.
