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@arpassv
Ser consecuente con los compromisos y mostrar sentido de unidad en los grandes temas de país, cialis no es una fortaleza de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Los dirigentes de la gremial empresarial impulsan una campaña de descalificaciones contra la Marcha por la Vida, stuff la Paz y la Justicia, que se realizará el 26 de marzo próximo.
A pesar de ser parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, y de haber expresado su acuerdo con la realización de la marcha, la ANEP ahora se retracta con el argumento de que el asueto nacional decretado por la Asamblea Legislativa para ese día generará pérdidas económicas.
Arnoldo Jiménez y Jorge Daboub, principales voceros del referido gremio empresarial, dicen que el país deja de producir “56 millones de dólares” en un día que se apague la maquinaria productiva privada. Para estos dirigentes empresariales, ganar dinero es mucho más importante que marchar contra la violencia y defender la vida, la paz y la justicia.
Pero en realidad la oposición de ANEP a la marcha del 26 de marzo no es tanto por razones económicas, porque 56 millones no se comparan con el costo total de la inseguridad y la violencia. Que Jiménez y Daboub cuenten el costo de la seguridad privada, pago de extorsiones, atención a víctimas de la violencia, etc.
Las críticas del gremio empresarial se deben a su mezquindad política y al intento de sabotear un esfuerzo de auténtica unidad nacional contra la violencia, en sintonía con la estrategia de boicot del partido ARENA. En su reducido análisis ARENA (y ANEP) valoran que la multitudinaria manifestación contra la violencia favorecerá al gobierno, y por eso hay que sabotearla.
Pero la marcha va, con o sin la ANEP. Su propósito es demostrar que el país quiere la vida, la paz y la justicia; y se da en el marco de la implementación del Plan El Salvador Seguro que incluye más de 100 acciones de prevención de violencia, control y persecución penal, rehabilitación y reinserción, atención a víctimas de la violencia y fortalecimiento institucional.
Estas medidas fueron avaladas por todos los sectores sociales, empresariales, políticos, académicos, mediáticos, religiosos y entidades públicas que participan en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, creado a mediados del año pasado por el Presidente Salvador Sánchez Cerén.
