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Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
Cada año el gremio de periodistas salvadoreños enfrenta despidos masivos de los medios de comunicación donde laboran, la justificación de los dueños suele ser la insolvencia económica.
Debido a estas acciones que violentan los derechos de los profesionales de la comunicación, la Mesa de Protección a Periodistas se solidariza con los despedidos y sus familias, a quienes se ha brindado asesoría legal para el debido pago del pasivo laboral que les corresponde.
Según un informe de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se han registrado desde el 02 de enero al menos 50 casos de despidos de periodistas y personas trabajadoras de la información.
El caso más grave ha sido el despido de la empresa Tecnovisión S.A. de C.V (Canal 33), donde el se cesó a trabajadores que pertenecían a las áreas de prensa, administración, técnica, producción, ventas, entre otras.
Los despidos se deben a “problemas de sostenibilidad financiera o económicos”, señaló la gerencia de este canal, sin embargo, cuando el Centro de Monitoreo de APES intentó contactar a la gerencia del medio no hubo una respuesta oficial.
“Para la Mesa el cierre abrupto de operaciones de varios programas de Canal 33, desde informativos hasta entretenimiento, supone un fuerte golpe a las personas empleadas con la afectación a su derecho laboral y una afectación a la pluralidad de contenidos informativos en televisión abierta”, señala el comunicado emitido por la Mesa de Protección a Periodistas.
Es de destacar que Canal 33 se mantuvo como un medio de comunicación independiente, donde se promovía la pluralidad de voces, temáticas y el ejercicio de un periodismo riguroso.
Pero, esta situación fue cambiando desde el 2021 con el cierre de espacios críticos (Focos TV y República) y la renuncia de varios de sus presentadores y periodistas (Saúl Hernández, Wendy Monterrosa y Carlos Monterrosa).
“La crisis del Canal 33 es solo la punta del iceberg de un problema general que aqueja al sector de los medios de comunicación nacionales: prensa, TV, radio y algunos medios digitales independientes”, se cita en el comunicado.
Además, de señalar que el modelo de mercado que está sustentado con la pauta publicitaria oficial, afecta a los medios, ya que se sigue utilizando como método de “premio y castigo”, según la línea editorial de los medios, práctica que no es nueva del actual Gobierno, pero que mantiene dicha dinámica con el objetivo de afectar la sostenibilidad de los medios.
Los “Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión”, en la que plantea que el Estado debe establecer leyes especiales, claras y precisas para criterios adecuados de distribución de pauta oficial bajo mecanismos transparentes y de control externo, fueron publicados por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2011.
Y en estos se establece que Para fortalecer la pluralidad del ecosistema de medios y los derechos del gremio periodístico, es responsabilidad del Estado Salvadoreño definir una serie de políticas y leyes, o al menos desarchivar las propuestas que fueron presentadas a la Asamblea Legislativa por instituciones como la Mesa de Protección a Periodistas o la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCO) en los últimos años.
Un ejemplo de ello es la propuesta de Ley de Publicidad Estatal presentada por ReDCo en 2020, o la propuesta de Ley de Protección a Periodistas y Personas Trabajadoras de la Información, presentada por la Mesa de Protección a Periodistas en 2018, pero que la actual legislatura decidió archivar sin argumentos.
Las organizaciones integrantes de la Mesa exhortan al Estado salvadoreño a que se promueva un debate serio y consciente sobre la urgencia de aprobación de políticas y leyes para proteger la labor periodística, los derechos laborales del gremio y promover la sostenibilidad del ecosistema de medios para garantizar la pluralidad y diversidad de contenidos en lugar de mantener un discurso de odio, de reformas legales mordazas y de acciones de intimidación, vigilancia y acoso contra periodistas y medios no afines al oficialismo.
