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Redacción Nacionales
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Este martes se llevó a cabo la audiencia preparatoria en la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, Cuscatlán, en contra Alberto Romero, diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), procesado por presuntamente enriquecerse con $158,759.08. provenientes del Estado. El Ministerio Público solicitó que el funcionario devuelva el dinero sustraído.
Según las investigaciones de la FGR, a Romero se le señalan 21 irregularidades en la declaración patrimonial y su grupo familiar, quien fungió como parlamentario desde el 2000 hasta 2021 (y actual) representando el departamento de Cuscatlán por ARENA.
En abril del año pasado, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, controlado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, informó que el diputado de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Alberto Romero, tuvo un incremento patrimonial no justificado. En Corte Plena, los magistrados de la CSJ avalaron que el caso debía ser enviado a instancias judiciales para que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara las demandas e inicie el proceso civil.
Con la mayoría de los votos se declaró indicios de enriquecimiento ilícito y enviar a juicio a Romero. La decisión de los magistrados de la CSJ fue emitida luego de recibir informes de la Sección de Probidad en los cuales se concluyó que existían suficientes elementos para iniciarles juicio. Probidad revisó las declaraciones de patrimonio que Romero presentó y no pudo justiciar los montos cuestionados.
El ministerio público pretende que los tres procesados (Romero, su esposa Ana de Lourdes Olmedo de Romero y su hija Lourdes Gabriela Romero) devuelvan el dinero obtenido ilícitamente y que queden inhabilitados para ejercer o buscar cualquier cargo público durante 10 años.
El informe se señaló 21 irregularidades detectadas en la declaración patrimonial del exfuncionario y sus familiares por un monto de 158 mil 959.08 dólares, durante el período de mayo de 2009 a abril de 2015.
La Cámara inició este martes la audiencia preparatoria (preliminar) para escuchar las pretensiones de la Fiscalía y conocer las pruebas de cargo y descargo de las partes.
En esta audiencia, los magistrados determinarían las pruebas que puedan admitirse para una eventual audiencia probatoria (juicio) donde se decidirá si los imputados son culpables o inocentes.
