Redacción Nacionales
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La incertidumbre crece entre los salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, cuya protección vigente está prevista hasta el próximo 9 de septiembre. A pocas semanas de esa fecha, la comunidad desconoce si el Gobierno estadounidense anunciará una nueva extensión o pondrá fin definitivamente a un programa que ha permitido a miles de salvadoreños permanecer legalmente en ese país durante más de dos décadas.
José Palma, representante de la Alianza Nacional TPS, explicó que, hasta el momento, lo único que está confirmado es que la protección se mantiene hasta el 9 de septiembre. El futuro del programa, afirmó, dependerá del anuncio que haga el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Entre hoy y el 9 de septiembre es cuando vamos a saber el futuro del TPS”, señaló Palma durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán. Añadió que no existe, hasta ahora, información oficial que permita anticipar si la administración estadounidense decidirá extender o terminar el beneficio.
Palma también aclaró una confusión relacionada con los permisos de trabajo de los beneficiarios. Según explicó, estos documentos habían generado preocupación debido a dificultades para su renovación y reconocimiento, situación que llevó a la Alianza Nacional TPS y otras organizaciones aliadas a presentar una demanda en Boston.
Como resultado de ese proceso, el Gobierno estadounidense aclaró que los salvadoreños amparados por el TPS mantienen vigentes sus permisos de trabajo hasta el 9 de septiembre. Por ello, señaló Palma, una cosa es la vigencia actual de los permisos laborales y otra el futuro del programa migratorio.
La expectativa también está relacionada con las gestiones políticas que pueda realizar el Gobierno salvadoreño ante las autoridades estadounidenses. Sin embargo, Palma sostuvo que públicamente no se conoce con precisión qué tipo de cabildeo se está realizando para intentar conseguir una nueva extensión.
El representante de los beneficiarios recordó que, en anteriores ocasiones, la permanencia del TPS estuvo vinculada a procesos judiciales promovidos en Estados Unidos. No obstante, indicó que el escenario legal actual es más complejo y que la estrategia dependerá de la decisión que adopte el Departamento de Seguridad Nacional.
Uno de los aspectos que genera mayor incertidumbre es el número de salvadoreños que todavía permanecen bajo el TPS. Aunque en distintos momentos se han manejado cifras de 300,000, 200,000 y más recientemente unos 170,000 beneficiarios, Palma explicó que no existe actualmente una cifra oficial completamente consolidada.
La reducción se explica, entre otros factores, porque algunos beneficiarios han logrado obtener la residencia permanente. Además, existen personas que realizaron sus trámites de renovación, pero todavía no han recibido una resolución. Por ello, la cifra de aproximadamente 170,000 personas es considerada una referencia para dimensionar el alcance actual del programa.
Los principales núcleos de población salvadoreña beneficiaria se encuentran en California, especialmente en Los Ángeles; en el área de Washington, Maryland y Virginia, además de Houston y Chicago. En estas zonas se concentra una parte importante de una comunidad que lleva décadas construyendo su vida en Estados Unidos.
Palma enfatizó que el eventual fin del TPS no significa que todos los beneficiarios serán detenidos y deportados inmediatamente. La pérdida del estatus migratorio, sin embargo, puede desencadenar una serie de consecuencias económicas, laborales y familiares.
Después de más de 25 años de permanencia en Estados Unidos, muchos salvadoreños tienen negocios, viviendas, empleos, hijos y otros bienes en ese país. Por ello, regresar a El Salvador no constituye simplemente un traslado de un país a otro, sino el desmantelamiento de proyectos de vida construidos durante décadas.
El impacto también podría alcanzar a El Salvador. Palma planteó interrogantes sobre la capacidad del país para absorber a decenas de miles de personas que eventualmente pudieran regresar, tanto en materia laboral como educativa y sanitaria.
Una eventual llegada masiva implicaría recibir adultos que han desarrollado su vida productiva en Estados Unidos y niños que, en algunos casos, podrían tener dificultades para comunicarse en español o incorporarse inmediatamente al sistema educativo salvadoreño.
Además, el regreso de los beneficiarios tendría consecuencias para las familias que permanecen en El Salvador y para la economía nacional, debido al papel que desempeñan los salvadoreños residentes en Estados Unidos en el sostenimiento de sus hogares.
Palma pidió, por ello, abordar el futuro del TPS como un asunto nacional y no únicamente como un problema de los salvadoreños que viven en Estados Unidos. “Este problema del TPS debe de ser visto no como el problema de los que vivimos en Estados Unidos, sino del futuro de nuestro país”, afirmó, al llamar a mantener la unidad y evitar que la situación sea utilizada con fines políticos.
Mientras se aproxima el 9 de septiembre, la comunidad salvadoreña permanece a la espera de una decisión que podría determinar el futuro migratorio de miles de personas y tener repercusiones tanto en Estados Unidos como en El Salvador. Por ahora, la única certeza es que la protección vigente continúa hasta esa fecha y que cualquier cambio dependerá del anuncio oficial de las autoridades estadounidenses.
Hasta hoy, los únicos que han hecho llamados para la extensión del TPS han sido los congresistas estadounidenses, argumentando que en El Salvador no hay condiciones para que los salvadoreños regresen; mientras, el gobierno de Nayib Bukele continúa en silencio.
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