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Saúl Méndez
Colaborador
La Human Rights Foundation (HRF) y Perseus Strategies presentaron ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en representación de los abogados salvadoreños Ruth López y Enrique Anaya, una petición para que el organismo determine que sus detenciones son arbitrarias y contrarias al derecho internacional. Ambas organizaciones buscan además que la intervención de Naciones Unidas ejerza presión sobre el Gobierno salvadoreño para adoptar medidas inmediatas que garanticen su libertad y les permitan acceder a indemnizaciones y otras formas de reparación.
La petición fue presentada la semana pasada ante el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y se centra en las condiciones de encarcelamiento de López y Anaya, quienes permanecen detenidos desde 2025 y, según las organizaciones, enfrentan prisión preventiva prolongada sin una fecha definida para sus respectivos juicios.
López y Anaya fueron arrestados en 2025 y han permanecido privados de libertad durante más de un año. Las organizaciones denunciantes sostienen que ambos fueron detenidos después de desarrollar actividades relacionadas con la denuncia de presuntos actos de corrupción y críticas públicas al Gobierno del presidente Nayib Bukele.
En la petición, HRF y Perseus Strategies argumentan que los cargos de carácter financiero formulados contra ambos abogados tienen motivaciones políticas y que sus procesos presentan vulneraciones a garantías fundamentales.
Noah Bullock, director de Cristosal, señaló que los casos de López y Anaya no serían hechos aislados y afirmó que forman parte de un contexto de detenciones arbitrarias.
“Nuestra querida colega Ruth López, reconocida internacionalmente por su lucha contra la corrupción, y el valiente abogado constitucionalista Enrique Anaya son dos de los casos más emblemáticos de detenciones arbitrarias e ilegales que se producen en El Salvador y que afectan a decenas de familias salvadoreñas. Como organización, hemos documentado 245 casos de presos políticos, 86 de los cuales permanecen en prisión”, explicó.
Según organizaciones defensoras de derechos humanos, el Gobierno salvadoreño ha utilizado las facultades extraordinarias derivadas del régimen de excepción para restringir garantías procesales de personas consideradas disidentes o críticas de las autoridades.
Las organizaciones sostienen que el régimen de excepción, decretado originalmente en marzo de 2022 para combatir a las pandillas, ha permitido, entre otras medidas, suspender temporalmente la garantía constitucional relacionada con la presentación de personas detenidas ante un juez dentro de las primeras 72 horas. También señalan que ha contribuido a la prolongación de la prisión preventiva y limitaciones al acceso a la defensa legal.
Caitlin Triplett, abogada asociada de HRF International, sostuvo que los delitos financieros atribuidos a López y Anaya no están relacionados con hechos de violencia vinculados a pandillas y cuestionó que sus casos sean tratados bajo el régimen de excepción.
“Esta situación demuestra cómo Bukele ha manipulado los poderes de emergencia temporales del país para convertirlos en una herramienta de represión, permitiendo la detención arbitraria de abogados, activistas y opositores al régimen”, alertaron las organizaciones.
Jared Genser, director general de Perseus Strategies y asesor internacional de López, afirmó que la detención de la abogada forma parte de un intento por silenciar a personas que denuncian presuntos actos de corrupción y exigen rendición de cuentas al Gobierno.
“Ruth ha sido durante mucho tiempo una voz destacada en defensa de la democracia y los derechos humanos en El Salvador. Su detención forma parte de un intento más amplio de silenciar a quienes se atreven a denunciar la corrupción y exigir responsabilidades al Gobierno. Es un honor y una responsabilidad extraordinaria representar a Ruth y abogar por su liberación inmediata”, expresó Genser.
HRF y Perseus Strategies solicitaron al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria que investigue los casos de López y Anaya, emita una opinión en la que determine que sus detenciones son arbitrarias y contrarias al derecho internacional y solicite al Estado salvadoreño adoptar medidas inmediatas para garantizar su libertad, así como el acceso a indemnizaciones y otras reparaciones.
Más de un año de la detención de Ruth López
Ruth López es una abogada especializada en derechos humanos, activista contra la corrupción y docente universitaria. Fue jefa del Departamento Legal de la Unidad Anticorrupción y de Justicia de Cristosal, desde donde presentó denuncias relacionadas con abusos de poder y casos de corrupción.
En 2024, la BBC la incluyó en su lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo. En 2025 recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos de la American Bar Association.
López había sido señalada anteriormente por autoridades salvadoreñas como “persona de interés” y como parte del “aparato ideológico de la oposición” debido a su trabajo como activista anticorrupción.
López fue arrestada el 18 de mayo de 2025, cuando agentes la contactaron bajo el pretexto de una denuncia por un supuesto accidente automovilístico y consiguieran que saliera de su vivienda.
Inicialmente, las autoridades le informaron que era investigada por un supuesto caso de malversación de fondos. Posteriormente, el delito atribuido fue modificado a enriquecimiento ilícito. Organizaciones sostienen que las autoridades no han presentado públicamente pruebas suficientes que sustenten las acusaciones y que el proceso fue declarado reservado para limitar el escrutinio público.
López permanece en prisión preventiva en el centro penitenciario de Izalco y no tiene una fecha definida para enfrentar juicio. HRF también ha expresado preocupación por el deterioro de su estado de salud y cuestionado la información disponible para la propia abogada, su familia y sus representantes legales.
Detención del abogado Enrique Anaya
Enrique Anaya es un abogado constitucionalista salvadoreño, docente y activista con más de tres décadas de experiencia en temas relacionados con la independencia judicial, la reforma constitucional y el Estado de derecho.
Fue detenido el 7 de junio de 2025, pocos días después de realizar críticas públicas al Gobierno en televisión, expresar su respaldo a Ruth López a través de redes sociales y cuestionar su detención.
Anaya fue acusado de lavado de dinero y de activos. HRF y Perseus Strategies consideran que los cargos son utilizados como un mecanismo de persecución política y señalan que, al igual que en el caso de López, el proceso permanece bajo reserva, lo que limita el acceso público a la información.
El abogado permanece en prisión preventiva en la Penitenciaría Occidental de Santa Ana, también sin una fecha definida para la realización de su juicio.
