Por: Oscar Martinez
En el Día de los Muertos, Marcial Bolaños reunió a sus familiares junto al río Amatitán, donde el 22 de agosto de 1982 efectivos del Batallón Atlacatl asesinaron a más de 200 civiles. Sobreviviente de aquella ofensiva, busca que las nuevas generaciones conozcan la historia de su familia y que el crimen no quede en el olvido.
El 2 de noviembre, Día de los Muertos, Marcial Bolaños convocó a sus familiares a encontrarse en el monumento de El Calabozo, en San Esteban Catarina, San Vicente. Para recordar a sus seres queridos, reflexionar sobre sus vidas y hablar de los derechos por los que, considera, todavía hay que luchar.
Marcial sobrevivió a la masacre porque un familiar lo enterró vivo para evitar que los soldados lo encontraran. Permaneció varios días oculto, soportando hambre, frío y sed. Décadas después, esa experiencia sigue marcando su vida y su exigencia de justicia por un crimen que continúa sin una resolución judicial.
“Si vienen al Calabozo de diferentes partes del mundo y de El Salvador, ¿por qué no ir como familia a visitar el Calabozo, en donde está el monumento a los que masacraron el 22 de agosto de 1982, entre ellos nuestros familiares que fueron capturados y asesinados? Esa es la idea que tuve y por eso estamos aquí”, les dijo Bolaños a sus familiares durante el encuentro.
El lugar al que regresó con sus parientes fue el lugar de uno de los crímenes contra población civil documentados durante la guerra salvadoreña. De acuerdo con el informe De la locura a la esperanza, de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, el 22 de agosto de 1982 efectivos del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atlacatl dieron muerte a más de 200 personas, entre hombres, mujeres y niños, que tenían bajo su poder.

Las víctimas habían llegado a El Calabozo huyendo de un amplio operativo militar antiguerrillero que se había iniciado días antes en la zona de los Cerros de San Pedro. En la operación, denominada “teniente coronel Mario Azenón Palma”, participaron el Batallón Atlacatl y otras unidades de infantería, artillería y apoyo aéreo. La Comisión estimó que se utilizaron alrededor de 6,000 efectivos.
La población civil huía ante el avance de los militares, los bombardeos y el temor a que los agarrarán y los matarán los soldados. El Calabozo, a la orilla del río Amatitán, fue uno de los lugares donde se concentró un gran número de personas civiles que huían de la represión del ejército. Según los testimonios recogidos por la Comisión, cuando la gente civil fue capturada por una unidad del Atlacatl, algunos lograron escapar; los demás fueron asesinados.
La Comisión concluyó que existían pruebas suficientes de que los efectivos del Batallón Atlacatl asesinaron deliberadamente a más de 200 civiles que fueron apresados sin resistencia. También señaló que, pese a las denuncias públicas, las autoridades negaron los hechos y no existía rastro de la investigación que el entonces ministro de Defensa, general José Guillermo García, dijo que se había realizado.
Para Marcial, regresar a El Calabozo significa volver a una historia que comenzó antes de agosto de 1982. Su mamá, su papá y sus hermanos y hermanas ya había escapado de otra ofensiva militar en Calderitas, en marzo de ese año, donde, según dice Marcial, fueron asesinadas entre 30 y 60 personas. Después de aquellos hechos, su familia se desplazó hacia Rosario Umaña.
La ofensiva militar de agosto los obligó nuevamente a huir. Bolaños recuerda los días de bombardeos, los morteros y la aviación, mientras las familias buscaban cómo proteger a sus hijos y encontrar un lugar seguro.
“Marcial recuerda que entre el 17 y el 19 de agosto de 1982 la población estuvo sometida a intensos bombardeos con morteros de 120, 81 y 60 milímetros, piezas de artillería de 105 milímetros y cañones de 90 milímetros. Ahí veíamos a las madres con sus hijos corriendo de un lado para otro, con tal de salvarse, con maletas al hombro, buscando el río, en donde llegamos el 20 y 21 de agosto”.
La gente buscaba rutas para escapar. Según recuerda, quienes estaban al frente de las familias les indicaron dos caminos: uno hacia el cerro de San Jerónimo y otro río abajo. Pero la tormenta dificultó el paso. La oscuridad era tan intensa que, como dice Marcial, “ni las manos nos veíamos”. Algunas familias intentaron cruzar el río y se ahogaron en una poza.
En medio de aquella huida, las palabras de despedida de su madre quedaron grabada en su memoria. “El último día, ahí por las seis de la tarde, me dijo mi mamá: “Marcial, ya no nos vamos a ver, pero al menos se salvarán ustedes”. Ese día fue el último que nos vimos. Me acuerdo de sus pies, todos enllagados, porque todos andábamos descalzos”.
Bolaños recuerda que las familias caminaban con sus hijos pequeños, cargando lo indispensable y tratando de protegerse de los bombardeos. “Venir aquí para mí se necesita bastante corazón porque es doloroso enfrentar los recuerdos de como asesinaron a sangre fría a tus familiares”.
El asesinato de su familia también marcó la decisión que tomó después. “Después de eso tuve que tomar una decisión de incorporarme al proceso revolucionario, para combatir contra quienes nos han considerado sus enemigos”.
Al explicar esa decisión, Marcial relacionó la persecución que vivió su comunidad con el papel de las instituciones armadas de aquel tiempo. En su reflexión, la población civil era vista como enemiga y sus derechos no estaban protegidos.
“Estar aquí en este lugar, en donde están nuestros familiares, nos recuerda aquel operativo, aquella invasión de aniquilamiento total de los seres humanos que se había institucionalizado desde el gobierno y la Fuerza Armada Salvadoreña con el apoyo de los gringos”, afirmó Marcial.
La masacre fue denunciada públicamente y llegó a la prensa internacional. El 8 de septiembre de 1982, el diario The Washington Post publicó información sobre los hechos. El entonces ministro de Defensa, general José Guillermo García, negó que hubiera ocurrido una masacre y sostuvo que se había realizado una investigación. La Comisión de la Verdad reiteró esa negativa.
La investigación judicial comenzó en julio de 1992, a partir de una denuncia particular presentada en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Sebastián. La Comisión de la Verdad recibió testimonios de testigos, examinó documentos e inspeccionó el lugar. Cuando solicitó información sobre la operación militar, las unidades participantes y la investigación anunciada por el Ministerio de Defensa, el ministro respondió que no disponía de archivos de aquella época.

La situación del proceso judicial continúa siendo motivo de preocupación para los familiares. Durante el encuentro, Marcial afirmó que el caso permanece archivado y cuestionó que no se haya podido avanzar en el esclarecimiento de quiénes dieron las órdenes y quiénes fueron responsables de los asesinatos.
“Aquí hay un juicio que se le está siguiendo para llegar a concretar quiénes fueron los que dieron la orden de asesinar a nuestros familiares. Y esto está archivado”.
La Comisión de la Verdad estableció que la masacre constituyó una seria violación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. La protección de la población civil durante los conflictos armados no es opcional: las normas humanitarias prohíben los asesinatos de personas que no participan en las hostilidades. La exigencia de investigar y establecer responsabilidades por estos hechos sigue siendo una deuda con las víctimas y sus familias.
La reunión del 2 de noviembre tuvo también un propósito familiar: acercar a hijos, nietos y sobrinos a una historia que, con el paso del tiempo, corre el riesgo de perderse si no se transmite.
Marcial explicó que, “Tengo muchos familiares, además tengo sobrinos, tengo hijos y nietos, y somos los que menos conocen la realidad”, señaló. Su propuesta es que las familias de las personas asesinadas regresen al monumento, compartan sus recuerdos y transmitan a las nuevas generaciones quiénes fueron sus seres queridos y qué ocurrió en ese lugar.
También expresó su preocupación por los intentos de negar o borrar la memoria de la masacre. “Esto no es un invento, es una realidad”, dijo al referirse a quienes sostienen que los hechos no ocurrieron. Para los familiares, escuchar esas afirmaciones significa revivir el dolor y enfrentar la negación de lo que vivieron.
En el encuentro, otros parientes también plantearon la importancia de mantener el monumento y recuperar los nombres de las víctimas. La memoria, insistieron, no debe limitarse a una fecha conmemorativa ni quedar únicamente en manos de quienes sobrevivieron. Debe llegar a quienes heredarán la historia familiar.
Para Marcial, regresar al lugar donde murieron sus seres queridos es una manera de mantener viva esa memoria y de recordar que las víctimas eran población civil. “Aquí está el dolor, el sacrificio de muchas familias y por eso este lugar es sagrado”, expresó.
A 44 años de la masacre, la familia Bolaños volvió a El Calabozo no solo para recordar a sus muertos, sino para reafirmar que sus nombres y sus historias no deben desaparecer. La memoria familiar se une así a una exigencia que sigue pendiente: conocer toda la verdad y que se establezcan las responsabilidades por el asesinato de más de 200 civiles.
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