Por Leonel Herrera*
Los cinco líderes ambientalistas de Cabañas finalmente son libres. “Declárase en firme y ejecutoriada la sentencia definitiva absolutoria pronunciada por este tribunal”, dice la notificación del Juzgado de Sentencia de San Vicente.
La semana pasada, en conferencia de prensa, la comunidad Santa Marta y las organizaciones ambientalistas reivindicaron la absolución como “resultado de la lucha social que obligó a los resquicios de independencia judicial todavía existentes a resolver apegados a derecho, a pesar de la cooptación gubernamental y la presión de poderosos intereses extrajudiciales”.
En tal sentido, valoraron positivamente la actuación del Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque que sobreseyó a los procesados en la primera vista pública, el Juzgado de Sentencia de San Vicente que los absolvió por segunda ocasión y la Cámara Penal de San Vicente que rechazó el intento de anular el fallo y hacer un tercer juicio.
Santa Marta y las organizaciones también destacan la observación internacional y la presencia de representaciones diplomáticas en las audiencias, como factores que contribuyeron al desenlace favorable del proceso judicial.
Los ambientalistas fueron capturados el 11 de enero de 2023, en la madrugada. La Fiscalía los acusaba de cometer un asesinato durante la guerra civil. Sin embargo la falta de pruebas y las denuncias de reactivación de la minería apuntaban hacia una criminalización del activismo ambiental para debilitar la resistencia antiminera.
El 19 de enero, el Juzgado de Paz de Victoria les decretó detención provisional injustificadamente. Tras permanecer varias semanas en bartolinas policiales y judiciales, los ambientalistas deambularon durante ocho meses por las cárceles de Ilopango, Quezaltepeque, Izalco y Santa Ana, donde sufrieron violencia física y psicológica, falta de agua, alimentación inadecuada, ausencia de medicinas, hacinamiento, insalubridad y otras condiciones crueles, inhumanas y degradantes.
Luego de una intensa campaña de denuncia nacional e internacional, los activistas antimineros salieron de la cárcel el 5 de septiembre de 2023. Una resolución de la Cámara Penal de Cojutepeque obligó al Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque a otorgar el arresto domiciliario como medida sustitutiva a la prisión preventiva.
El 18 de octubre de 2024, por unanimidad, las tres juezas que integran el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque sobreseyeron definitivamente a los ambientalistas. Sin embargo, la Fiscalía maniobró y logró que la Cámara Penal de Cojutepeque anulara el fallo y ordenara repetir el juicio en el Tribunal de Sentencia de San Vicente.
A finales de julio de 2025, tras suspender en cinco ocasiones la nueva vista pública, el Juzgado de Sentencia de San Vicente realizó el segundo juicio. Casi dos meses después, el 24 de septiembre, el tribunal presentó su fallo: inocentes. La resolución estableció que “la Fiscalía no pudo probar la existencia de los supuestos delitos, ni la participación de los procesados en su cometimiento”.
La Fiscalía intentó revertir el segundo fallo absolutorio y repetir por tercera ocasión la vista pública, pero la Cámara Penal de San Vicente no aceptó su pretensión por no tener argumentos legales y basar su petición en meras inconformidades.
El tiempo y los hechos demostraron que la acusación fue una persecución judicial contra la resistencia comunitaria antiminera. También era una manipulación de la justicia restaurativa y transicional y la revictimización de una comunidad víctima de masacres, asesinatos, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
Además, era un intento de reescribir jurídicamente la historia, tipificando con “asociación ilícita” la pertenencia a la Resistencia Nacional y demás organizaciones beligerantes del conflicto armado, para completar el relato negacionista: “la guerra no existió”, “los Acuerdos de Paz son una farsa” y quienes participaron en las luchas revolucionarias son delincuentes. Pero eso se truncó con la absolución de los ambientalistas de Cabañas.
Ojalá que la absolución de los activistas antimineros levante el ánimo colectivo y aumente la presión de las organizaciones por la libertad de Ruth López, los veteranos de la Alianza El Salvador en Paz, Fidel Zavala, Enrique Anaya, Giovanni Aguirre, Eugenio Chicas, Gionvanni Maravilla y demás presos políticos del país.
También debería empujar la lucha por la libertad de los presos inocentes del régimen de excepción, el fin de la persecución política, el retorno seguro de los periodistas y activistas exiliados, la derogación de la Ley de Agentes Extranjeros y el restablecimiento del espacio cívico.
*Periodista y ambientalista.
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