El “retorno” de Romero

Por Leonel Herrera*

Monseñor Óscar Arnulfo Romero “ha vuelto”. No es que no haya estado o que se había ido, pues su memoria y su legado han estado siempre presentes. Me refiero al “reposicionamiento” actual del mensaje profético y la propuesta de una sociedad nueva contenida en el pensamiento del Arzobispo Mártir.

Señales claras de este “retorno” son los diversos actos conmemorativos del 109 aniversario de su natalicio, realizados el pasado 15 de agosto. Dichas actividades muestran una “recolocación” de Romero en el imaginario popular y una “reapropiación” de su legado por los sectores organizados: como ejemplo de valentía, como compromiso extremo con las causas justas y como fuente de inspiración para construir un nuevo proyecto de transformación nacional.

En la cripta de Catedral Metropolitana, comunidades eclesiales de base reafirmaron su voluntad de seguir el camino trazado por San Romero. Fue un acto cargado de simbolismo, emotividad y compromiso romeriano.

Mientras tanto, comunidades históricas de Morazán y Cabañas reflexionaron sobre la realidad actual y los desafíos de país desde la perspectiva romeriana, en una jornada realizada en el “Templo Memorial de Héroes y Mártires” de la Comunidad Segundo Montes, en Meanguera Morazán. Participaron las comunidades Santa Marta, Segundo Montes y otras de la zona norte del país.

En las instalaciones de la UCA, la Escuela Política por un Nuevo País y otras organizaciones realizaron el Encuentro Romeriano “Semillas de Liberación”. El evento fue una combinación de reflexión cristiana, análisis de la realidad y expresiones de arte popular.

También, a inicios de mes, la Iglesia Católica realizó su célebre peregrinación “El Camino de San Romero”. La caminata parte de la cripta de Catedral Metropolitana, donde se encuentran los restos mortales del obispo mártir, y termina en Ciudad Barrios, su lugar natal en el departamento de San Miguel.

Este “retorno” de Romero es especialmente relevante y pertinente de cara a la urgencia de construir un proyecto alternativo al régimen dictatorial que pretende imponerse como panacea, como proyecto definitivo y como “fin de la historia” salvadoreña.

La perspectiva romeriana contiene varios elementos rectores para un proyecto nacional basado en los principios del evangelio que el polítólogo Álvaro Artiga, en su libro “Una sociedad según el corazón de Dios”, llama “principios estructurantes”. Principios que me parece oportuno recordar para insistir en la necesidad de apurar esta tarea histórica.

El primer principio es “la fraternidad”, que sería la “piedra angular y base para estructurar las relaciones entre todos los salvadoreños y salvadoreñas”. La idea de relaciones fraternas, como hermanos y hermanas, contrasta con la lógica de exclusión y polarización que promueve el régimen actual, que divide a la población entre “buenos” y “malos”, promueve discursos de odio político, persigue a quienes considera adversarios y no comparte el poder.

La fraternidad promueve el sentido de unidad nacional, de responsabilidades compartidas, bienes comunes, intereses colectivos y de armonía social. Si somos “hermanas y hermanos” cabemos todos/as y nadie tiene que “irse al carajo”, como sugirió recientemente un funcionario gubernamental.

El segundo principio es “el pluralismo”, cuya vigencia “es necesaria para construir la unidad y crear un orden social incluyente donde las opiniones e intereses de todos cuenten”. La perspectiva de pluralidad y diversidad también difiere de la lógica autocrática, de concentración del poder y de ausencia de pesos y contrapesos democráticos que impera actualmente.

La pluralidad también se refiere a la alternancia en el poder, la vigencia del espacio cívico, la participación ciudadana, el debate público y otros aspectos democráticos que han sido socavados por este régimen antidemocrático.

El tercer principio es “la equidad”, relacionada con la superación de las desigualdades sociales. Este principio llevaría a formular políticas de redistribución de la riqueza históricamente concentrada en un pequeño grupo de familias oligárquicas. Esta lógica apuntaría, por ejemplo, a la necesidad de reformas tributarias progresivas donde “paguen más quienes tienen más”, al pago de salarios dignos y pensiones justas.

La equidad contrasta con el aumento de la pobreza y la profundización de las desigualdades provocadas por la vigencia de un modelo económico neoliberal y un sistema capitalista controlado por una élite oligárquica, a la cual el clan familiar gobernante busca integrarse.

El cuarto principio es “la justicia” que, junto a la equidad, “es la base de la verdadera paz”. La justicia tiene que ver con el respeto y vigencia plena de los derechos humanos, la superación de todas las injusticias y el abordaje de los problemas estructurales.

Este visión choca frontalmente con las violaciones de derechos humanos y  el cometimiento delitos de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción, la anulación del debido proceso y la independencia judicial, la falta de respuesta gubernamental a demandas sentidas de la gente y un aparato estatal en función de estructuras injustas.

El quinto principio es “la inclusión”. “La transformación de las estructuras injustas debe buscar la inclusión de quienes han sido excluidos de los beneficios sociales”. La inclusión tiene que ver con atender a los sectores vulnerables, superar la exclusión y la marginación, el rol subsidiario del Estado y democratizar los beneficios del crecimiento económico.

La inclusión no es característica de las políticas públicas ni rasgo distintivo del actual gobierno que ha eliminado o reducido programas de protección social de administraciones anteriores, ha desmantelado el sistema de salud, desmejorado la educación, despide a miles de empleados públicos y muestra una tendencia a discriminar a las personas pobres y adultas mayores.

El sexto principio es la “responsabilidad ecológica” que promueve el respeto al medioambiente y el cuidado de “la creación”. Este es un elemento central, dado el grave deterioro ecológico del país y la urgencia de evitar un inminente desastre ambiental con proyectos tan nocivos como la explotación minera metálica.

La perspectiva ecológica representa una apuesta radicalmente distinta a la lógica de destrucción ambiental que caracteriza al actual gobierno, que destruye ecosistemas y poco o nada hace para revertir la degradación de los bienes hídricos.

El séptimo principio es “la racionalidad”, en la cual prima la razón, el diálogo, la prudencia y el consenso. La racionalidad es el descarte de la violencia, la imposición, las intrigas, la conspiración, las amenazas y la fuerza bruta.

La racionalidad llevaría a desmontar varios aspectos del modus operandi del régimen actual que se caracteriza, precisamente, por la irracionalidad que expresa su prepotencia, su megalomanía, su propaganda, sus mentiras y su desprecio y hostilidad contra todo lo que no se somete a la perspectiva oficial. La racionalidad también tiene que ver con la necedad y terquedad de impulsar proyectos que serían el acabose nacional, como la minería metálica.

El octavo principio es “la libertad” que no admite ningún tipo de dominación, control, represión, subyugación, avasallamiento, opresión u otro tipo de condición que vulnere o menoscabe la dignidad humana.

El principio de libertad tiene que ver con el respeto al libre pensamiento y expresión, al ejercicio del espacio cívico, el cumplimiento pleno de los derechos y la anulación de marcos jurídicos violatorios de las libertades ciudadanas. Claramente, el actual régimen de excepción, leyes como la de “agentes extranjeros”, la política de persecución y la manipulación de las emociones de la gente, son contrarias al principio de libertad y dignidad humana.

El noveno principio es “la bondad” que lleva a rechazar todo tipo de maldad, incluida la mentira, el odio político, la corrupción, las injusticias, los abusos de poder. La bondad haría que las políticas del Estado, las actuaciones de sus funcionarios y el compartimiento de la ciudadanía se base en el sentido de buena fe y el bien común.

La bondad tiene que ver con la “conversión” de quienes tienen malas ideas, intenciones perversas e intereses malsanos, mezquinos y contrarios a las demandas legítimas, aspiraciones y sueños de la población, especialmente de los que sufren. La bondad implica transparencia, probidad y honestidad, especialmente en la función pública.

Y el décimo principio es “la participación”, que es un derecho y un deber. La participación no solo tendría que ver con elegir presidentes, diputados y alcaldes; sino con participar en forma activa y consciente en la defensa de los derechos, en la solución de los problemas y en la construcción de un país basado en los nueve principios anteriores.

Actualmente la participación ciudadana está limitada por el clima de temor imperante, por las amenazas del régimen de excepción y las cadenas perpetuas, por el cierre del espacio cívico y por la persecución judicial por motivos políticos. La situación se complica aún más con la falta de acceso a la información, el clima de desinformación y la falta de institucionalidad.

Estos diez principios romerianos podrían ser la base fundamental para una nueva propuesta de transformación nacional alternativa al actual modelo autoritario y excluyente. Ante el agotamiento del proyecto de la izquierda partidaria y la ausencia de otras propuestas, la construcción de un “proyecto romeriano” podría ser la alternativa real, viable y necesaria.

*Periodista y activista ambiental.