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Redacción Agencias
La Audiencia Nacional de España concedió este lunes la libertad condicional por razones médicas al excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano Morales, condenado a 133 años y tres meses de prisión por su responsabilidad en el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas españoles ocurrido en El Salvador en noviembre de 1989. La decisión fue difundida por la prensa española y europea y vuelve a colocar el tema el caso de la masacre de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Según informó Europa Press, la decisión fue adoptada por el magistrado José Luis Castro, de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, quien consideró el avanzado deterioro de la salud de Montano, de 84 años. El exmilitar cumplía su condena en el centro penitenciario Madrid VII de Estremera y deberá continuar recibiendo tratamiento médico en el centro de salud correspondiente a su domicilio.
La resolución judicial señala que Montano presenta un “declive cognitivo elevado” y problemas que afectan su capacidad para adaptarse al régimen penitenciario, además de una situación de elevada dependencia para realizar actividades cotidianas. El juez también tomó en cuenta que padece una enfermedad grave e incurable y que ha requerido constantes traslados hospitalarios.
La prensa española, entre ella Público, destacó que la Audiencia Nacional considera que, en circunstancias de enfermedad irreversible y avanzada edad, la libertad condicional responde a principios de humanidad y dignidad. El tribunal sostuvo que una enfermedad grave e incurable no tiene que encontrarse necesariamente en una fase terminal para justificar que una persona deje de cumplir la condena en prisión cuando el sistema penitenciario ya no resulta adecuado para su atención médica.
La excarcelación ocurre seis años después de que la justicia española condenara a Montano por cinco asesinatos de carácter terrorista. La sentencia estableció una pena de 26 años, ocho meses y un día por cada víctima, que en conjunto sumaron más de 133 años. Sin embargo, el límite efectivo de cumplimiento quedó establecido en 30 años, al que debía descontarse el tiempo que permaneció en prisión preventiva.
El caso tiene una dimensión histórica que trasciende la situación individual del condenado. La madrugada del 16 de noviembre de 1989, un comando del batallón de élite Atlacatl irrumpió en la residencia de los jesuitas dentro del campus de la UCA y asesinó a seis sacerdotes y a dos mujeres. Entre los religiosos se encontraba Ignacio Ellacuría, rector de la universidad y uno de los principales promotores de una salida negociada a la guerra civil.
Los sacerdotes asesinados fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, además del salvadoreño Joaquín López. También fueron asesinadas Julia Elba Ramos, trabajadora de la universidad, y su hija Celina Mariceth Ramos, adolescente. RTVE recuerda que la masacre dejó ocho víctimas y que la justicia española consideró los asesinatos como actos de terrorismo.
La sentencia contra Montano estableció que los asesinatos fueron planificados y ordenados por integrantes del alto mando de las Fuerzas Armadas, grupo del que formaba parte el entonces viceministro de Seguridad Pública. De acuerdo con el fallo, el objetivo era eliminar a Ellacuría y a los demás religiosos, considerados por sectores militares como colaboradores o dirigentes intelectuales de la insurgencia.
La resolución judicial española también sostuvo que la estructura militar intentó presentar a los sacerdotes como parte de una supuesta conspiración vinculada al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). La justicia concluyó que la operación buscaba eliminar a los religiosos y evitar testigos del crimen.
La condena de Montano fue confirmada por el Tribunal Supremo español en 2021. RTVE informó entonces que la justicia consideró probado que integrantes del alto mando militar participaron en la decisión de ejecutar la operación y calificó los hechos como un crimen de carácter terrorista.
Su liberación se produce además en un momento particularmente significativo para El Salvador. En el país continúa pendiente el proceso judicial contra otros presuntos responsables de la masacre, entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani y antiguos altos mandos militares. El juicio, que inicialmente estaba previsto para julio de 2026, fue reprogramado para octubre debido, entre otros motivos, a dificultades relacionadas con la comparecencia de Montano desde España.
Para la Compañía de Jesús y la UCA, el proceso judicial español representó durante años una vía para esclarecer responsabilidades que no habían sido investigadas de manera efectiva en El Salvador. Europa Press recordó, al informar sobre el inicio del juicio en 2020, que los jesuitas esperaban que el proceso permitiera conocer la verdad y determinar a los responsables últimos de una masacre que conmocionó al mundo.
La liberación de Montano no anula la condena ni modifica las conclusiones de la justicia española sobre su responsabilidad. Pero abre una nueva etapa en un caso que, casi 37 años después de la masacre, continúa siendo uno de los símbolos de la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos durante la guerra civil salvadoreña.
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