Del conocimiento al espectáculo: El uso político de la degradación digital

Omar Salinas

Ingeniero en Energía y Analista en Política Pública

Las plataformas digitales representan una de las mayores revoluciones en la democratización del conocimiento. Nunca antes habíamos tenido acceso tan inmediato a la ciencia, la historia, la cultura, el arte y la educación. Desde un teléfono es posible recorrer museos, escuchar conferencias universitarias, consultar archivos históricos o comprender descubrimientos científicos antes reservados a círculos especializados.

Internet puso una biblioteca prácticamente infinita en nuestras manos. Pero aquella extraordinaria revolución produjo también su propia deformación. En el mismo terreno donde florecieron profesores, científicos, historiadores, periodistas, divulgadores y creadores culturales comenzó a reproducirse un perfil diferente de comunicador digital: personajes cuyo principal producto no es el conocimiento, la investigación ni el pensamiento, sino el escándalo y la confrontación permanente.

No todos los youtubers o creadores de contenido pertenecen a esa categoría. Muchos demuestran que las plataformas también pueden ser magníficos instrumentos educativos.

El problema es la aparición de una verdadera plaga digital que, alimentada por los incentivos de las plataformas, ha terminado convirtiéndose en una industria de la provocación. Mientras mayor sea el escándalo, mayor posibilidad de conseguir visualizaciones, notoriedad, monetización e influencia.

La estupidez encontró finalmente un modelo de negocios. Ya no necesita esconderse. Tiene cámara, micrófono, seguidores y algoritmo. La difamación puede presentarse como análisis. El racismo puede disfrazarse de humor. El insulto puede venderse como valentía. La humillación pública puede llamarse entretenimiento. Y la descalificación del adversario puede hacerse pasar por debate político.

Pero existe una dimensión preocupante: algunos de estos operadores digitales pueden moverse bajo la sombra de un Estado o de un gobierno, beneficiándose directa o indirectamente de estructuras de poder que encuentran en ellos una herramienta para atacar adversarios, desacreditar voces críticas y moldear la conversación pública, manteniendo una distancia formal respecto de esas campañas.

Allí el fenómeno cambia. Ya no hablamos de un personaje buscando visualizaciones mediante el escándalo, sino de una posible tercerización de la propaganda y del ataque político.

No defienden necesariamente una política pública: atacan a quien la cuestiona. Apoyar a un gobierno o criticar a una oposición forma parte del juego democrático. Lo preocupante comienza cuando el razonamiento es sustituido por el insulto y la propaganda pretende ocupar el espacio del pensamiento.

Tampoco se trata de censurar al youtuber ni de exigir títulos universitarios para participar en la conversación pública. La libertad de expresión comprende también opiniones equivocadas o elementales. Entre ellos hay personas con escasa formación y otras incluso analfabetas. Pero ninguna impide el esfuerzo mínimo de leer, investigar y comprender lo básico antes de emitir juicios categóricos sobre economía, derecho, historia, política, salud o cualquier otro asunto ante miles de personas.

La falta de formación no es el problema. Lo es convertir la falta de conocimiento en arrogancia y pretender sustituir con volumen e insultos aquello que no puede sostenerse mediante argumentos. Pero la responsabilidad mayor alcanza a la política, porque es allí donde estos agentes del ruido digital han encontrado un nicho extraordinariamente útil. Algunos actores políticos descubrieron que resulta más fácil aprovechar esa precariedad que elevar el debate: simplificar problemas complejos, fabricar enemigos, desacreditar adversarios y mantener movilizada a una audiencia.

Y allí quien pierde es el ciudadano. Mientras la conversación pública se llena de troles, provocadores y descalificaciones, el político debería explicar cómo piensa generar empleo, mejorar la educación, combatir la pobreza y resolver los problemas de la población. Pero resulta mucho más sencillo mantener al adversario bajo ataque y llenar las plataformas de ruido que someter propuestas concretas al escrutinio ciudadano.

Esa es quizá la degradación más peligrosa: el ruido no solamente empobrece el debate; termina sustituyéndolo. El provocador consigue audiencia, la plataforma obtiene tráfico y determinados actores políticos reciben un instrumento de confrontación que puede operar a suficiente distancia del poder para que sus excesos parezcan responsabilidad de terceros.

Entonces el problema deja de ser el personaje estridente frente a una cámara. Personajes así siempre existirán. El verdadero problema comienza cuando la política descubre que la mediocridad puede ser útil, que el insulto puede movilizar, que la difamación puede desgastar adversarios y que un ejército de troles puede resultar más cómodo que un ejército de ideas.

Una democracia se empobrece cuando al político le resulta más rentable administrar el ruido que producir propuestas, más fácil destruir al adversario que explicar soluciones y más conveniente movilizar troles que rendir cuentas ante los ciudadanos. Entonces la estupidez deja de ser solamente un espectáculo digital: se convierte en un instrumento de poder.