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Saúl Méndez
Colaborador
Las organizaciones que integran el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) denunciaron el progresivo y sistemático desmantelamiento del Sistema de Protección Social Universal (SPSU), proceso que, según el movimiento, habría iniciado en 2019 con la eliminación de la Secretaría de Inclusión Social durante el primer mandato del presidente Nayib Bukele.
El MDCT lamentó esta medida al considerar que la protección social constituye un derecho humano que el Estado salvadoreño está obligado a garantizar para toda la población, en las distintas etapas de la vida y, especialmente, frente a crisis económicas y sociales.
El movimiento explicó que el concepto de Sistema de Protección Social Universal fue incorporado a la gestión pública a partir de 2009. Entre ese año y 2019, la Secretaría de Inclusión Social desempeñó un papel importante para la ejecución de programas dirigidos a sectores históricamente vulnerados, bajo un enfoque de derechos humanos y equidad de género.
Asimismo, recordó que en abril de 2014 fue aprobada la Ley de Desarrollo y Protección Social (LDPS), normativa que institucionalizó el SPSU.
Como resultado, hasta mayo de 2019 funcionaban 13 programas sociales establecidos en la ley, cada uno con una institución responsable, indicadores de cobertura y presupuesto plurianual.
Sin embargo, el MDCT lamentó que en junio de 2019 la Secretaría de Inclusión Social fuese eliminada y sus funciones trasladadas a otras instituciones, entre ellas el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), en el caso de Ciudad Mujer. Según la organización, estos cambios estuvieron acompañados de importantes recortes presupuestarios.
A partir de ese proceso, el movimiento identificó diversos impactos derivados del desmantelamiento del SPSU. Entre ellos destacó la reducción del 21.25 % en la cobertura de la pensión básica universal no contributiva, equivalente a 8,046 personas menos beneficiadas. Además, afirmó que el 62 % de las solicitudes de pensión por vejez en el sistema privatizado concluyen únicamente con la devolución del saldo acumulado.
«A diciembre de 2024, solo el 22 % de la población mayor de 60 años cuenta con una pensión formal. Apenas 30,034 personas recibían la pensión básica universal y alrededor de 91,000 veteranos y excombatientes reciben pensión con el INABVE, dejando sin cobertura a aproximadamente 664,900 personas adultas mayores, dato que se va incrementando por el acelerado envejecimiento de la población», advirtió el movimiento.
El MDCT también denunció el incumplimiento del marco legal en materia de protección social para las personas trabajadoras del hogar. Según expuso, apenas el 1.3 % de las más de 140,254 trabajadoras y trabajadores domésticos cotiza al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) bajo un régimen especial que calificó de discriminatorio y estigmatizante.
De igual forma, citó datos del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), según los cuales para 2020 habían sido despedidas las 2,148 personas con discapacidad que laboraban en el sector público, de las cuales el 30 % eran mujeres.
El movimiento recordó que en 2019 el Ministerio de Trabajo reportó precisamente 2,148 personas con discapacidad contratadas en el sector público.
«El 19 de diciembre de 1986, El Salvador ratificó el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre readaptación profesional y empleo de personas con discapacidad. Asimismo, el artículo 63 de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2020, establece la obligación de contratar a una persona con discapacidad por cada 20 trabajadores en empresas e instituciones públicas», indicó.
Por lo que el MDCT también denunció el incumplimiento del artículo 135 de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, situación que ha retrasado durante seis años la implementación de medidas de protección social para 281,456 personas con discapacidad.
También cuestionó la eliminación del Consejo Nacional para la Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD) y del Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores (CONAIPAM), cuyas funciones fueron trasladadas al Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), entidad que carecería de la especialización, el presupuesto y el personal necesarios.
El MDCT también enfatizó que el 7 de junio de 2023 El Salvador ratificó el Convenio 102 de la OIT, el cual establece normas mínimas de seguridad social, entre ellas el derecho a una pensión de vejez y el compromiso de garantizar ingresos básicos para las personas mayores de 65 años. Por lo que instó al Gobierno a asignar el presupuesto necesario para cumplir con dichas obligaciones.
Evolución de la protección social en El Salvador
El movimiento recordó que la protección social en El Salvador ha atravesado distintas etapas de desarrollo.
«En El Salvador, la protección social ha pasado distintas etapas de desarrollo. El primer sistema de pensiones públicas no contributivas surgió en 1930 con la Ley de Pensiones y Jubilaciones Civiles», explicó.
Añadió que en 1949 fue aprobada la primera Ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), con el objetivo de brindar cobertura a los trabajadores del sector privado mediante un sistema financiado por el Estado, los empleadores y los trabajadores. La prestación de servicios médicos inició en 1954.
Posteriormente, en 1969 se creó el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, administrado por el ISSS, considerado el primer sistema contributivo de pensiones para los trabajadores del sector privado.
«La seguridad social quedó reconocida desde la Constitución de 1950 y fue reafirmada en el artículo 50 de la Constitución de 1983, que establece que ‘es un servicio público obligatorio’ y que su financiamiento corresponde al Estado, los empleadores y los trabajadores. Este marco reconoció instituciones como el ISSS, ISPFA, INPEP e ISBM», detalló.
El MDCT recordó que en 1998 el sistema de pensiones fue privatizado mediante la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, con la creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), hecho que el movimiento considera un retroceso en materia de protección social.
