Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
A pocas horas para que Douglas Meléndez finalizara su periodo como como fiscal general, la Fiscalía presentó la tarde del viernes dos acusaciones más en contra del expresidente Mauricio Funes. La primera por el caso El Chaparral, y la segunda por haber revelado el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), lo que permitió conocer un caso de corrupción del expresidente Francisco Flores, fallecido, pero que la derecha salvadoreña no le perdona al exmandatario de izquierda.
La Fiscalía presentó un requerimiento y la solicitud de reserva total del caso, en el Juzgado Quinto de Paz, por el delito de “revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial. En contra de Mauricio Funes, Diego Escobar Portillo y contra el periodista Lafitte Fernández Rojas”.
La Fiscalía manifestó que los señalados revelaron el ROS, en el año 2013, con lo que se inició una investigación contra el fallecido expresidente Francisco Flores, quien admitió, y se demostró en el proceso de instrucción, que malversó 15 millones de dólares, $10 millones a favor del partido ARENA.
El fiscal del caso explicó que se solicitó la reserva total, ya que la información es sensible, por lo que no puede ahondar sobre este caso. La Fiscalía giró orden de captura el 20 de diciembre, sin embargo, no se hicieron efectivas, por lo que se procedió a la presentación del requerimiento.
Sobre este caso, el expresidente Mauricio Funes expresó en redes sociales que el “fiscal Meléndez concluye su gestión acusando a los que destaparon la corrupción del expresidente Flores. A pesar que ARENA le dio la espalda en el último momento, en tanto sirviente de la oligarquía cumplió la tarea que le habían encomendado: acusarme de lo que fuese”.
De igual manera, aseguró que “la revelación del ROS ocurrió antes que se abriera un proceso penal en contra del expresidente Flores. No se trataba de un documento secreto y tampoco constituía una prueba judicial que al divulgarse afectaba la administración pública. Ni siquiera Estados Unidos impuso sanciones por este hecho”.
El Chaparral
En otro caso, la Fiscalía presentó un requerimiento en el Juzgado Noveno de Paz por el caso de la presa hidroeléctrica El Chaparral, en el que se perpetró un supuesto lavado de dinero. Los acusados son José Leopoldo Samour Gómez, expresidente CEL, en calidad de autor directo; el expresidente Mauricio Funes en calidad de instigador, y Miguel Menéndez en calidad de instigador; todos acusados por el delito de peculado y lavado de dinero.
De igual manera, se acusa a José Efraín Quinteros y Mario Pieragostini, Ada Michell Guzmán, por los delitos de lavado de dinero.
La Fiscalía sostiene que el 26 de septiembre de 2008 se suscribió entre CEL y la empresa constructora Italiana Astaldi, contrato con la finalidad de ejecutar la construcción de la presa El Chaparral, y se fijó el pago de 219 millones 900 mil 509 dólares con 90 centavos. La empresa italiana incumplió este contrato como atrasos en la obra o la suspensión de los trabajos, motivos insuficientes para caducar el contrato, imponer multas o hacer efectivas las fianzas del contrato, dice la Fiscalía.
La empresa, representada por Mario Pieragostini, iniciaba un litigio contra el país argumentando una serie de complicaciones geológicas. En este caso, para el 2010 y 2011, Miguel Menéndez supuestamente buscó una conciliación con la empresa ASTALDI, pero no fue hasta que llegó José Leopoldo Samour, como presidente de la CEL, que ordenó pagar el costo de la obra ejecutada y una suma adicional de 45 millones 244 mil 418 dólares, dice la Fiscalía. Lo que a juicio de esta “no existe una base legal ni técnica para pagar el monto adicional a la obra ejecutada”.
En tal sentido, de acuerdo a la FGR, supuestas empresas fachadas (offshore) de Miguel Menéndez y Mauricio Funes recibieron 3.5 millones de dólares por parte de ASTALDI, presuntamente como pago por el arreglo suscitado entre la empresa italiana y la CEL. De estos fondos, supuestamente, recibió la sociedad Latin America Spas a nombre de Ada Michell Guzmán.
Por este caso se emitió el 21 de diciembre la orden de captura en contra de los seis imputados, pero estas no han sido ubicadas. Sin embargo, se procedió a la intimación de Miguel Menéndez el dos de enero pasado.
Sobre este caso, el expresidente Mauricio Funes argumentó que “el último de los encargos: meterme en el caso Chaparral. Y ¿qué tengo que ver en una negociación que llevó a cabo la Junta Directiva de CEL siguiendo recomendaciones de un bufete externo? CEL es una autónoma y como tal no obedece al presidente de la República, solo a su directiva”.
Funes agregó que la FGR lo incrimina sin pruebas, solamente con el testimonio de Luis Medina, quien asesoró a la directiva de la CEL. Este busca salvarse a sí mismo, explicó el exmandatario.
“Tuve conocimiento de la negociación de CEL y ASTALDI y de la cantidad que se le pagó por la cancelación del contrato hasta después que CEL pagó la indemnización. Es ridículo asegurar que cobré un soborno si ni siquiera sabía de lo que había decidido y avalado la directiva de CEL”, se defendió el expresidente Funes.
