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Por: Luis Rafael Moreira Flores
El Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) denunció el despido de más de 62,000 empleados, la eliminación de 60 sindicatos, persecución penal y un sistemático incumplimiento de los convenios internacionales.
En un escenario institucional marcado por la confrontación y denuncias de desmantelamiento de las garantías fundamentales, el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) ha emitido un contundente llamado internacional. A través de una carta abierta dirigida a Eliel Hasson Nisis, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, la coalición sindical salvadoreña solicitó formalmente que el Estado de El Salvador permanezca dentro de la denominada “Lista Corta” de países violadores de los derechos laborales.
Esta drástica petición se produce en las vísperas de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. Las organizaciones firmantes, entre las que destacan la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), la Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS) y el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), argumentan que retirar al país de dicho listado ocultaría una crisis de proporciones alarmantes y validaría una serie de «maniobras políticas» impulsadas por el gobierno actual en contubernio con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Un balance desolador en cifras
El documento presentado públicamente por el MDCT expone una radiografía estadística demoledora que contradice el discurso oficial de estabilidad económica y social. Según los registros minuciosos de las organizaciones, recopilados de manera ininterrumpida desde el año 2019, la administración pública y el sector privado han ejecutado una purga laboral masiva sin precedentes en la historia reciente del país.
En el sector público, el movimiento documenta el despido injustificado de más de 47,000 trabajadoras y trabajadores, desarticulando estructuras técnicas completas y dejando en la vulnerabilidad económica a millares de familias. Por su parte, en el sector privado la cifra supera los 15,000 despidos bajo condiciones que eluden los canales legales y constitucionales establecidos.
La arremetida contra el tejido organizativo es descrita por los líderes laborales como un intento de desarticulación total. Se contabiliza la destrucción y eliminación de más de 60 sindicatos dentro de los centros de trabajo, ejecutada mediante la liquidación de las entidades o a través de políticas directas de asfixia legal. Más de 550 dirigentes sindicales de carrera se encuentran actualmente en situación de despido forzoso, habiéndoseles violado de forma flagrante el fuero sindical que la Constitución de la República les otorga para protegerlos de represalias patronales.
Persecución y criminalización penal
La denuncia del MDCT trasciende las demandas netamente administrativas o económicas para adentrarse en el terreno de las violaciones a los derechos humanos y a la integridad física. El informe revela una sistemática criminalización de la protesta y del disenso, que se traduce en el encarcelamiento y la persecución penal de defensores de los derechos de los trabajadores.
Los liderazgos independientes señalan con especial gravedad casos de dirigentes que han sido detenidos bajo regímenes de excepción o figuras penales ambiguas con el único fin de neutralizar su labor fiscalizadora. Los nombres de Giovanni Aguirre y Misael Itamir Gómez, entre otros líderes sociales, fueron expuestos como símbolos de una política de Estado que utiliza el sistema de justicia como un brazo punitivo contra el movimiento laboral.
El panorama intramuros es aún más sombrío según los testimonios recopilados de la conferencia. Miguel Escobar, líder y referente del movimiento social, ofreció una declaración desgarradora respecto a las consecuencias más extremas de este entorno hostil: “Ha habido sindicalistas muertos en prisión, sindicalistas presos a la fecha y familias enteras sufriendo las consecuencias. Ante esto, no podemos claudicar”.
Escobar denunció además los mecanismos burocráticos de control implementados por la cartera de Estado: “A muchos de nuestros sindicatos, por el simple hecho de no alinearnos y mantener una postura firme de denuncia, nos niegan sistemáticamente las credenciales o desmantelan nuestra legalidad desde las oficinas ministeriales”.
Incumplimiento internacional sistemático
El abogado laboralista Luis Rivera cuestionó con severidad las intenciones gubernamentales de limpiar la imagen exterior sin realizar reformas estructurales internas: “Cuestionamos frontalmente los intentos del Estado salvadoreño por salir de la fiscalización internacional, ya que no se han subsanado de ninguna manera los señalamientos emitidos desde el año 2022.
Rivera detalló una serie de omisiones legislativas y gubernamentales que fundamentan la permanencia de El Salvador en el banquillo de los acusados de la OIT. “El Estado no ha cumplido nada: se ignoran de forma continuada los señalamientos del 2022, el Ejecutivo no ha presentado a la Asamblea Legislativa los 60 instrumentos adoptados por el organismo internacional hasta el año 2023, y tampoco han presentado las resoluciones ni informes de cumplimiento de convenios requeridos desde el 2022 hasta el 2025”.
El llamado a la resistencia y a la OIT
Frente a esta coyuntura, las declaraciones de Silvia Navarrete, dirigente sindical, resumen el sentimiento de resistencia de las bases obreras ante las estrategias del Ministerio de Trabajo: “Nos oponemos rotundamente a las intenciones del ministro de trabajo y de su grupo de pseudo sindicalistas que pretenden simular un clima de armonía inexistente para sacar a El Salvador de la Lista Corta de la OIT. Nosotros consideramos firmemente que el país debe continuar en dicha lista porque las agresiones y violaciones contra los trabajadores son reales, tangibles y medibles en el territorio”.
El MDCT advierte a los mandantes de la OIT que retirar a El Salvador de la Lista Corta en la próxima cumbre de Ginebra significaría ignorar el clamor de miles de despedidos y convalidar la aniquilación de un movimiento sindical independiente. Las organizaciones exigen que el Estado solo pueda ser catalogado en categoría de «Satisfactorio» cuando cese de forma definitiva la persecución, se garantice la devolución de las credenciales sin coacción, se respete plenamente el fuero sindical, se prohíban los despidos arbitrarios y se repare de forma integral a las víctimas del autoritarismo laboral salvadoreño.
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