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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Héctor Carrillo, coordinador de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de FESPAD y miembro de la Mesa de la Sociedad Civil contra Desplazamientos Forzados por Violencia (MCDF) calificó de “cifras representativas” el desplazamiento forzado interno de 235 mil personas, debido al fenómeno de violencia en el país.
“El desplazamiento forzado es un fenómeno marcado particularmente por la violencia social que atraviesa el país. En nuestro informe se reflejan 483 casos que han sido atendidos por las organizaciones de la Mesa (MCDF), donde más de mil personas han sido afectadas y la relevancia de esta muestra es para caracterizar a poblaciones particularmente vulnerables, como juventud, niñez, mujeres y población LGBTI”, acotó.
El documento “Lo que El Salvador No Reconoce: Informe de las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre los Casos de Desplazamiento Forzado por Violencia 2017-2018” es un reconocimiento a un fenómeno de violencia social que impacta a la población salvadoreña.
En cuanto a las acciones del gobierno del presidente Nayib Bukele el informe pretende llamar la atención necesaria a las víctimas de desplazamiento interno de manera integral, que incluye la atención médica, psicológica y presupuestos institucionales, para dar cobertura a políticas públicas y programas inclusivos de respuesta, al considerar que la niñez y adolescencia necesitan del arraigo familiar, comunitario y de un ambiente social que le permita el desarrollo de su personalidad .
Entre las cifras notorias el informe destaca la “Amenaza Directa”, que en los últimos dos años aumentó de 144 casos (2017) a 289 casos (2018). Así como un cambio en la jerarquía de la denuncia. En el 2017 la Agresión Física registró 43 casos, mientras en el año 2018 solo 28 casos. En contraposición en la denuncia por Desaparición Familiar, de 26 denuncias de 2017 pasaron a 55 casos en el 2018.
Asimismo, se registró un incremento del 152.78 % en la población adulta atendida, entre los años 2017 a 2018 que pasó de 288 a 728 adultos atendidos. En cuanto al género se registró una disminución para el género masculino pasando de 285 hombres (2017) a 527 (2018); en el caso de las mujeres hubo un incremento y pasó de 263 (2017) a 468 (2018).
“El principal problema de la persona desplazada es la debilidad institucional; de esta manera el fenómeno requiere el resguardo de las personas, así como ubicarlas en otro ambiente. Pasa también por un cambio en los centros escolares; debe existir un proceso interno, para poder cambiar a los niños y niñas de los centros de estudio”, consideró.
Carrillo asegura esta problemática se suma el tema del empleo que implica un cambio de esa realidad, “pero la institucionalidad que existe es bastante débil todavía”. En ese sentido considera que se debe prestar particular atención. “La Asamblea Legislativa juega un papel importante, hay dos anteproyectos construidos desde la sociedad civil organizada, para poder regular la atención de personas víctimas del desplazamiento forzado, que pese a la magnitud del fenómeno no hay un pronunciamiento para aprobar esas propuestas”, dijo.
Entre las recomendaciones a la problemática, Carrillo señaló que por la complejidad del fenómeno se requerirá de espacios de coordinación interinstitucional del Estado salvadoreño, que incluye a la sociedad civil, para construir de manera participativa y conjunta las respuestas y oportunidades para esta población.
