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Mañana domingo 15 de julio los magistrados de la Sala de lo Constitucional culminan sus labores, con críticas positivas y negativas, como las del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial que calificaron de “nefasta” la labor de los magistrados.
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
La institucionalidad del sector Justicia ha tenido un grave retroceso y mucho se debe a las decisiones de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional salientes, asegura Roswall Solórzano, representante del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITTOJ), entidad que analizó los nueve años de gestión.
Este domingo, Sidney Blanco, Belarmino Jaime, Rodolfo González y Florentín Meléndez culminan un periodo de nueve años, al frente del máximo tribunal de justicia del país. Su salida ha generado diversas opiniones entre positivas y negativas, estas últimas que los señalan por emitir sentencias a favor de una línea política oligarca.
“Consideramos que se ha perdido la seguridad jurídica, el debido proceso y la confianza de la población hacia este órgano de Estado por las decisiones de la Sala de lo Constitucional, que fueron decisiones selectivas y además hay que señalar que sus decisiones fueron sobre la base de favorecer a los poderes fácticos, fueron decisiones que venían en función de descalificar y atacar la institucionalidad del país”, sostuvo Solórzano.
Y es que las decisiones tomadas por los cuatro magistrados de la Sala han sido duramente criticadas ya que gran parte de estas afectaban directamente a la ciudadanía y beneficiaban a las minorías económicas.
Entre las sentencias se encuentran las referidas a apoyar al poder económico, como el impuesto del 1% de la Ley de Impuestos de la Renta, la emisión en deuda por $900 millones de dólares. Además, revirtieron reformas fiscales progresistas que beneficiaban a sectores populares, como impuestos dirigidos directamente a quienes tienen más.
Al declarar inconstitucional la emisión de bonos por $900 millones, los magistrados se extralimitaron al apartar de sus cargos a los diputados suplentes de la Asamblea Legislativa. Esta práctica se mantuvo al apartar de sus cargos a funcionarios como el presidente de la CSJ, al Consejo Nacional de la Judicatura y el Tribunal Supremo Electoral.
En este último, el caso de Ulises Rivas como magistrado sigue pendiente, ya que actualmente los magistrados titulares fueron recusados y debe resolver los magistrados suplentes, no obstante, no han tomado la decisión por falta de acuerdo. No hay mayoría para establecer si tiene o no vínculos partidarios.
También tomaron decisiones enfocadas al transporte público, como el FONAT y el SITRAMSS, decisión que más impactó a la ciudadanía, al permitir que el carril segregado fuera habilitado al público hizo que el nuevo modelo de transporte tuviera un traspié, proyecto que iba en beneficio de la seguridad vial del país.
En el ámbito social, los magistrados han apoyado las causas a favor de la ciudadanía afectada durante el conflicto armado, al decretar inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, esto ha permitido que se reabran casos como el asesinato de Monseñor Romero, jesuitas, masacres como en Tenango y Guadalupe, El Mozote y otros.
Sobre la Ley de Amnistía, los magistrados de la Sala emitieron ayer una resolución de seguimiento, en la que dio por incumplida la sentencia de inconstitucionalidad, ya que la Asamblea Legislativa no ha promulgado una nueva ley de reconciliación nacional y de asistencia a víctimas del conflicto armado. Además, que el Ejecutivo no ha promulgado un anteproyecto de ley.
En el ámbito electoral, la Sala emitió más de 30 sentencias, entre estas, el voto cruzado, la elección de diputados suplentes y el voto por rostro. Además, recientemente, la orden de aplicar la ley para cancelar a Cambio Democrático y Partido Social Demócrata.
Desplazamiento forzado
Por otro lado, este viernes, los magistrados emitieron la que podría ser su última sentencia, esta amparó a víctimas de desplazamiento forzado y ordena al Órgano Ejecutivo garantizar la recuperación de territorios controlados por las pandillas.
Además, la Sala reconoce que “en El Salvador existe un fenómeno de desplazamiento forzado de personas, que tiene origen en el contexto de violencia e inseguridad que afecta gravemente a colectivos vulnerables de distintas zonas geográficas”.
Finalmente, ordenó al presidente tomar acciones necesarias para prevenir y controlar el fenómeno de la violencia, mediante la formulación y ejecución de las políticas sociales que eviten la marginación de sectores vulnerables en la sociedad y la implementación de acciones orientadas a recobrar progresivamente y de forma permanente los territorios bajo el control de las pandillas.
