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En un gobierno autoritario, y por lo tanto neofascista, no debe sorprendernos que existan presos políticos y la inexistencia de una adecuada justicia, como ocurre en El Salvador desde los últimos años. Ello no significa que debemos aceptar esa realidad o normalizarla.
Y es que, si tenemos vocación democrática, debemos denunciarlo, rechazarlo, aún, incluso, si se va en contra corriente, ir contra la mayoría manipulada o adormecida por el encanto de las promesas no cumplidas, pero con la esperanza de que “algún día se concretará”.
Esa mayoría que el antropólogo Marvin Aguilar envuelve en la categoría del “Cinismo Estructural”, tarde o temprano, se dará cuenta que seguirle apostando a una figura “mesiánica” y un gobierno autoritario no le sacará nunca de la pobreza. De esto hablaremos en otro editorial, por ello, debemos centrarnos en la justicia o injusticia en El Salvador y, por supuesto, en los presos políticos.
En este contexto hay que ubicar la decisión del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, tomada el miércoles de la semana pasada, al final de la audiencia especial de imposición de medidas contra los defensores ambientalistas Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez.
En la audiencia, los abogados de los imputados buscaban la libertad de los defensores dado que, por un lado, ninguno de los dos cometió los delitos que la Fiscalía, por orden de Casa Presidencial, les imputan a Alejandro y al pastor Pérez y porque, además, presentaron los suficientes comprobantes de arraigo para que el creado juicio lo desarrollen en libertad; pero, el juez o jueza les negó la libertad, y, por el contrario, ratificó la detención provisional injusta.
Todos los salvadoreños que siguen las redes sociales y medios alternativos, como la Radio Bálsamo y Diario Co Latino, pudieron darse cuenta de que los capturados esa noche del martes 13 de mayo no actuaron con violencia, los violentos fueron los policías nacionales y la policía militar que los capturó y disolvió un plantón pacífico en un predio verde en las cercanía de la entrada a la residencia presidencial. Al día siguiente fue capturado el abogado Alejandro Henríquez, cuando se dirigía a entrar a su oficina.
Por lo tanto, ni el líder ambiental Alejandro Henríquez ni el pastor y presidente de la Cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez, cometieron los delitos que la Fiscalía les adjudica y que el juzgado, obediente a las instrucciones de Casa Presidencial, acepta sin entretenerse en las pruebas que ha presentado la defensa.
Son tan inocentes el abogado como el pastor, que hasta las Naciones Unidas, a través de la Relatora Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, pidió la liberación de Alejandro Henríquez y Ángel Pérez.
A esta petición de la relatora Lawlor se unieron otras voces de igual estatura moral como Amnistía Internacional, entre otras.
Por eso es que también CRISTOSAL y otras organizaciones pro-derechos humanos de El Salvador han condenado y seguirán condenando la decisión del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla.
El caso de Alejandro y el pastor Ángel son emblemáticos porque, a partir de su captura y la violencia ejercida por el Estado salvadoreño, inicia una agresiva maniobra de persecución del gobierno de Nayib Bukele contra las voces crítica como Ruth Eleonora López, Enrique Anaya y otros.
A partir de ese momento, muchos defensores de los derechos humanos y periodistas se vieron obligados a auto exiliarse, no solo por miedo a la política de persecución del gobierno, sino porque había fuertes indicios que iban a ser capturados como es el caso de los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya, quienes están exiliados en España, y que un juez salvadoreño activó la alerta roja ante Interpol para su captura. Pero están protegidos por el Estado Español gracias a la solicitud de asilo.
Aquí podríamos enumerar todos los casos de los que están presos, en calidad de presos políticos, y los que están en el exilio para comprobar no solo la existencia de presos políticos, sino que la justicia es controlada por Casa Presidencial para aplicarla a los críticos, a los opositores del autoritarismos con el que se maneja el gobierno de El Salvador.
