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Oscar A. Fernández O.
“Para nosotros está claro que no es esto lo que se vive, pills para nosotros está claro que el modelo neoliberal vigente desde hace años, view desde que gobierna el partido ARENA, que proclama al mercado como el supremo hacedor y rector de todo lo que se hace y se deja de hacer, que proclama la ganancia y no la persona como el fin y objetivo del Estado, que proclama la superioridad del interés privado sobre el interés social y el interés público, ese modelo es contrario a la Constitución, viola la Constitución. Dicho en pocas palabras: el modelo neoliberal es inconstitucional.
Si nos adentramos un poco más y sin ánimo de agotar el tema en los pocos minutos que nos han reservado para intervenir:
El artículo 83 de la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo, que es el que mandata a los funcionarios, el que elige a sus representantes, pero la vida demuestra que se pueden adquirir voluntades una vez electos y dar la espalda al mandato ciudadano.
El artículo 84 define el territorio de la República y el 146 prohíbe tratados y concesiones que lesionen la integridad del territorio, la soberanía y la independencia y sin embargo, se han estado aprobando leyes que vulneran la soberanía, la independencia y prefieren el interés de monopolios y oligopolios tanto extranjeros como nacionales y sobre todo los extranjeros”
Así definía Schafik Handal, el desolado panorama del constitucionalismo en El Salvador. Basado en ello, es plausible pensar que el contrato social que solo existió en apariencia, debe ser repensado con el fin de rescatar la naturaleza política y social del Estado.
Podemos definir al Estado como “la comunidad de seres humanos fijada sobre un territorio determinado y que posee una organización de la que resulta para el grupo, considerado en las relaciones con sus miembros, una potestad superior de acción, de mando y de coacción” (Carré de Malberg)
Esta definición jurídica es claro ejemplo de una perspectiva amplia de Estado, constituido por tres elementos o condiciones existenciales: la población (dato demográfico o sociedad), el territorio y el poder (Estado en sentido estricto: gobierno, aparatos y ramas de poder). Pero frente a una compleja realidad, una teoría meramente jurídica es insuficiente para el análisis del Estado como forma de organización social, no obstante la doctrina jurídica nos ofrece un marco para el análisis no sólo del Estado como órgano de producción normativa, sino de esa totalidad o unidad política.
Aunque para Marx, el Estado es producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase, pues la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política, por lo general éste, señala, pertenece a la clase más poderosa, la clase económicamente dominante. Con esta advertencia científica, concluimos que el Estado salvadoreño es una realidad impuesta por la oligarquía burguesa, pero que aún desde este plano, podemos rebatir algunos enunciados que evidencian la mitología sobre la cual descansa la Constitución.
El Estado de Derecho excede un simple conjunto de normas constitucionales y legales, pues involucra a todos los ciudadanos, no sólo a diputados que legislan, al orden legal o a políticos que gobiernan, hemos sostenido desde hace mucho. La existencia de un verdadero Estado de Derecho (Rechtsstaat: I. Kant) se mide en el funcionamiento de las instituciones y en la praxis política cotidiana. El Estado de Derecho teóricamente, suministra la libertad para el libre juego de pensamiento y acciones y debe permitir las modificaciones y cambios que el proceso social requiera. No existen pues las llamadas “normas pétreas” o escritas en piedra.
El Estado de Derecho excede el campo de lo jurídico para tocar el terreno de la política y la ética, pues existen derechos naturales de las personas, que son inalienables.
Es indiscutible, entonces, la relación entre derecho y política. El derecho debería de emanar de la voluntad de los pueblos no de una élite económica, así el Estado estaría realmente limitado en su acción, por los derechos que esa voluntad encarna. El logro del bien común es el objetivo genérico del derecho. Si bien la democracia es una forma jurídica específica no puede limitarse a garantizar la alternancia en el poder de las diversas expresiones políticas, sino que debe avanzar en la institucionalización de principios y valores de justicia social distributiva.
El derecho, para decirlo claramente, es un fenómeno politizado (es decir, de naturaleza política) pues dependerá del consenso alcanzado de forma democrática, aunque la formalidad de la democracia no proporciona automáticamente, un verdadero Estado de derecho.
En otras palabras los derechos sociales deberían ser incorporados a los fundamentos del orden estatal mismo. Por lo que debemos aspirar a un Estado donde prevalezca antes que la exegesis de ley, la “razón de humanidad” que es lo que la radicalización de la democracia en este siglo XXI, debe profundizar, permitiendo que se plasmen en las conductas políticas democráticas de todos los días, la mutabilidad, el conflicto y los desafíos relativos al bien común. Para ello han de crearse canales donde fluyan las voluntades y se encaucen los procesos de desarrollo de las personas que constituyen todo el entramado democrático.
Se requiere, pues, de una cultura política de la legalidad vista como la convicción de que no basta la existencia de un Estado de Derecho para que pueda hablarse de una sociedad justa, pues la justicia sólo se alcanza en un Estado verdaderamente democrático, donde se pueda proceder a distribuir la riqueza social. Es decir, en el marco de las normas establecidas por el ejercicio de una democracia directa y permanente de los ciudadanos.
En nuestra sociedad no existe un compromiso hacia las reglas del juego democrático encarnado en el derecho, porque el pueblo no es el creador de su propio contrato social, ya que este papel fue suplantado de facto por una oligarquía semi-feudal y prosaica, que organizó y ha manipulado al Estado a su antojo y conveniencia, hasta hoy que ha perdido poder de influencia y recurre a la sedición. El Estado de Derecho implica principios éticos, jurídicos y políticos que deben tener eco en las decisiones judiciales que fomenten el respeto a las reglas fundamentales de un juego social pactado de manera plural y equitativa, que no es el caso de El Salvador.
Comprender que el sistema legal no está al servicio de la mayoría de la población nacional, sino de los intereses de la clase dominante, es el punto de partida de una comprensión reflexiva, crítica y radical del derecho en la sociedad capitalista neoliberal. “La clase dominante logra mediante su empleo del sistema legal preservar un orden interior que permite a los intereses económicos dominantes conservarse y promoverse. La clase dominante sin embargo, no ejerce el control directo del sistema legal, sino que debe operarlo a través de los mecanismos del Estado”. (Elena Larrauri: 1998)
Apelamos, por ello, a todas las reservas morales de la nación, primero a todos los trabajadores, hombres y mujeres, que a diario viven en la incertidumbre de su frágil subsistencia, brutalmente explotados hasta que son catalogados de “inservibles” para luego lanzarlos a la calle a su suerte; a todos los empresarios hastiados de los privilegios que se otorgan al capital extranjero y las cúpulas oligárquicas criollas; a todos los jóvenes que culminan agobiadoras jornadas de estudio con un título de “sin empleo”, a los sectores religiosos que constatan la falta de escrúpulos y de valores de quienes amasan fortunas atropellando la dignidad y los derechos ciudadanos, provocando una violencia social contestataria; a los adultos mayores, que tras una vida laboriosa son condenados a la pobreza por las AFP que se apropian de sus ahorros previsionales con fines especulativos; a las comunidades sedientas a las cuales se les quiere privar del derecho humano al agua; a lo mejor de la intelectualidad, a nuestra comunidad científica y académica, a nuestra Universidad de El Salvador y demás Universidades, a nuestros artistas y representantes culturales, a los pueblos originarios, a todos los sectores que sufren discriminación de clase o de género, para que sean parte activa en esta gran fuerza social y política que demanda un orden social e institucional en armonía con nuestro desarrollo histórico y cultural, abierto al conocimiento y a las nuevas tendencias que se plantean la defensa de la especie humana ante el peligro de una nueva catástrofe ecológica de impacto mundial.
Tal objetivo no admite aplazamientos ni ambigüedades: fundar un gran movimiento ciudadano progresista, que exija la convocatoria a una Asamblea Constituyente, para que se establezca e imprima el rediseño de un Estado verdaderamente democrático y participativo, cerca del ciudadano y en favor de los más necesitados, que garantice los derechos humanos, económicos y sociales, devolviendo la soberanía nacional a manos del pueblo salvadoreño.
