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Los Habitantes de la Comunidad La Labor en el departamento de Ahuachapán, denunciaron la captura de líderes comunitarios la madrugada de este 25 de noviembre. Foto Diario Co Latino/Cortesia Comunidades.

Líderes comunitarios capturados por defensa del derecho al agua

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“Parte de mi familia está detenida pero lo que quiero denunciar, es que la Fiscalía (Ahuachapán) no investiga bien las cosas y solo manda a capturar a las personas como si fueran animales. A mi casa llegaron a las 2 de la mañana, me asustaron a mis niños, mis nietos los levantaron de sus camas porque llegaron tocando la puerta como locos”, dijo una  de las habitantes de la Hacienda La Labor.

Junto a una cantidad de comunitarios que mantienen una lucha desde octubre por el agua contra la Inmobiliaria Fénix, denunciaron que las capturas fueron giradas por el Juzgado de Ataco, y que se realizó en horas de la madrugada por medio de agentes de la Policía Nacional Civil de la delegación de Ahuachapán.

“Ellos no han llegado a capturar a delincuentes para llegar de esa forma, como la que llegaron. Quiero que la Fiscalía venga y den la cara esos fiscales que han hecho ese acoso, y por qué han dado esa orden contra nuestras familias honradas”, preguntó la lideresa.

“Uno de los capturados es diabético y ¿dónde están  sus derechos humanos?, queremos que la Procuraduría (PDDH) se pronuncie por las comunidades, y que venga a ver lo que está pasando. Porque si la Fiscalía se vende con las empresas -pues son ellos-, pero que no vengan a acusar a gente inocente “, manifestó.

Los Habitantes de la Comunidad La Labor, en el departamento de Ahuachapán, denunciaron la captura de líderes comunitarios la madrugada de este 25 de noviembre, ellos son : Rosa Cinco, Jorge Zúniga y David Escalante. Los captores llevaban orden judicial del Juzgado de Ataco, Ahuachapán.

Varios testigos de este proceso judicial han denunciado que  este tribunal de Ataco ha girado en total 7 órdenes de captura que corresponde  a los líderes comunitarios que defienden el agua desde las Juntas Comunitarias de Agua, y que estos no fueron capturados porque no se encontraban en sus hogares.

La esposa de otro de los capturados señaló que su compañero de vida fue detenido alrededor de la  1: 30 minutos de la mañana del  25 de noviembre, informándole  que la detención era por el supuesto delito de “entrar a la propiedad privada de la empresa” Ecoterra Hacienda La Labor.

La empresa Ecoterra Hacienda y la Inmobiliaria Fénix S.A de C.V. han sido denunciada por los líderes comunitarios por la perforación de pozos que destinarán para el complejo urbanístico que construyen. El pasado 18 de octubre, las comunidades protestaron públicamente por esta situación que vendría a afectar aproximadamente a 20 mil familias, que residen en cinco comunidades.

Son tres las Juntas Comunitarias de Agua que defienden el territorio frente a la Inmobiliaria, al afirmar que la población de la zona saldría afectada por la deposición de aguas residuales al río Escalante, del cual, se abastecen.

Francisco Cinco, líder de la juventud, denunció una serie de abusos como toma de fotografías de los dirigentes comunales. Y  por esto pidieron a la Fiscalía General de la República  investigar la razón sobre el manejo de las capturas en horas de la madrugada con acciones agresivos.

“¿Por qué  hicieron de esta manera las capturas?, pero no queremos respuestas de estos fiscales (Ahuachapán), sino que esperamos la intervención del Fiscal (Rodolfo Delgado) y el presidente de la república Nayib Bukele, para que detenga las arbitrariedades. Somos comunidades que solo estamos defendiendo nuestra agua”, dijo Cinco.

La situación de confrontación entre la inmobiliaria Fénix de la  urbanística  Salazar Romero, y habitantes de las comunidades, ha venido creciendo, como el pasado  26 de octubre, que en una acción pública los habitantes presionaron para detener  la extracción de agua de uno de los pozos que la empresa ha perforado para realizar el proyecto. Y en respuesta la empresa envió el personal de seguridad privada desalojar a los comunitarios.

Asimismo, las comunidades han reiterado en anteriores declaraciones que los mantos acuíferos de los que se abastecen están en riesgo y dejarían sin bien natural a 4 cantones y 14 caseríos que sobrepasan las 20 mil familias.

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