Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Por Leonel Herrera*
El colectivo de ciberactivismo Resistencia Digital, en coordinación con el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), realiza este fin de semana un «plantón digital» exigiendo la «libertad de los inocentes».
Desde este espacio de opinión que me concede Diario Co Latino me sumo a la urgente demanda de cese a las violaciones de derechos humanos de personas inocentes capturadas y encarceladas arbitrariamente por un régimen de excepción innecesario e inconstitucional.
Innecesario porque, si como afirma el propio relato gubernamental, las pandillas ya están desarticuladas, ¿por qué se mantienen disposiciones legales que se justificaban con la situación de emergencia provocada por la violencia pandilleril, especialmente la crisis de seguridad a finales de marzo de 2022 cuando las maras asesinaron a casi un centenar de personas en sólo tres días?
¿Acaso los remantes o lo que queda de pandillas no puede combatirse con el marco legal ordinario para la persecución de estos grupos criminales que incluye una sentencia de inconstitucionalidad que los declara grupos terroristas, una ley de proscripción de pandillas y una serie de reformas penales y procesales que vuelven innecesario al régimen de excepción?
Si el objetivo de la represión estatal son las maras o pandillas, ¿por qué se suspenden derechos fundamentales y garantías constitucionales a toda la población; y si los destinatarios de la fuerza de la ley son los delincuentes, porqué fiscales, jueces y funcionarios gubernamentales se ensañan contra personas inocentes o que no tienen ninguna relación con pandillas?
El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denuncia que al menos 20 mil, de las 80 mil personas detenidas durante el regimen de excepción, son inocentes. El propio Nayib Bukele reconoció públicamente hace unos meses, durante su visita a Costa Rica, que su gobierno ha liberado a unos 8 mil inocentes.
Revisando informes oficiales sobre las detenciones, el semanario digital El Faro reveló que muchas personas fueron capturadas por denuncias anónimas, por «parecer sospechosos» o por «ponerse nerviosas» ante la presencia de policías o militares. Organizaciones de derechos humanos señalan que estas detenciones se dieron mayoritariamente contra personas jóvenes, pobres y residentes en barrios pobres, colonias marginales y zonas rurales.
En su registro público de las muertes en las cárceles, el SJH cuenta hasta este momento 388 personas; sin embargo, advierte que podrían ser más de 500 los prisioneros asesinados a golpes por custodios penitenciarios (y policías y militares) y muertos por falta de alimentos, medicinas y atención en salud. Hasta ahora ningún funcionario público ha sido procesado por estos crímenes y el fiscal general Rodolfo Delgado tuvo el cinismo de decir en televisión que «no hay nada que investigar» en estos casos.
Y es inconstitucional, el régimen de excepción, porque a estas alturas ya no es una período legal temporal plenamente justificado, como establece la Constitución de la República. Con más de tres años de implementación, un marco excepcional que sólo puede durar un par de meses como máximo, en la práctica se ha convertido en un ilegal «estado permanente de suspensión de garantías constitucionales», como bien señala la defensora de derechos humanos Celia Medrano.
Por eso es necesario exigir la libertad de los presos y presas inocentes demandando también el fin del régimen de excepción bajo el cual se han efectuado las detenciones arbitrarias y todos los abusos al interior del sistema penitenciario denunciados por las organizaciones sociales: asesinatos, torturas, violaciones sexuales y todo lo que los convenios internacionales definen como tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Además, los hechos han demostrado que el régimen de excepción ya no es para combatir a las pandillas, como pudo ser al principio; y ya no es una política de seguridad, si alguna vez lo fue. Bukele y sus secuaces usan el régimen de excepción como carta blanca para cometer cualquier abuso, saltarse las leyes, anular la institucionalidad, violar derechos humanos, consolidar el autoritarismo, perseguir a opositores, no rendir cuentas del uso de los recursos públicos y mantener a la población intimidada, atemorizada e inmovilizada. Para eso resultó ser el régimen de excepción.
Por eso quitar el régimen de excepción es necesario para acabar con estas arbitrariedades, transparentar la gestión pública, reconstruir las instituciones, implementar verdaderas políticas de seguridad pública y abordar los problemas del país en un marco democrático y de pleno respeto a los derechos de la población.
¡Libertad para los presos inocentes y fin al rágimen de excepción!
*Periodista y activista social.
