Ley de Agentes Extranjeros ha reducido el espacio cívico en El Salvador, señala informe

Saúl Méndez

Colaborador

A un año de la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), el Equipo Regional de Monitoreo de Derechos Humanos en Centroamérica (ERM) advirtió sobre consecuencias graves para la sociedad civil, entre ellas el cierre de organizaciones, la reducción de programas, el traslado de operaciones fuera del país y el desplazamiento forzado de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Según el ERM, las organizaciones inscritas en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) enfrentan nuevas cargas administrativas, mayores controles, restricciones operativas y costos adicionales. Estas medidas han provocado la reducción de personal, la disminución de proyectos comunitarios y la suspensión de iniciativas dirigidas a poblaciones históricamente excluidas.

El ERM expresó preocupación por el potencial de la LAEX para restringir aún más el espacio cívico. “La ley establece mecanismos permanentes de supervisión, control y dependencia administrativa que mantienen a las organizaciones bajo una situación constante de incertidumbre”, señaló la organización.

«Expresamos nuestra profunda preocupación por los impactos que esta normativa ha generado sobre el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, particularmente sobre la libertad de asociación, la libertad de expresión, la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos», manifestó.

Para el ERM, la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en mayo de 2025 y su entrada en vigencia el 7 de junio de ese mismo año no constituyeron hechos aislados.

«Su implementación ocurrió en un contexto marcado por el progresivo deterioro del espacio cívico, la concentración de poder, la criminalización de voces críticas y el debilitamiento de las garantías democráticas», afirmó.

«A un año de su entrada en vigor, es posible afirmar que esta normativa ha tenido efectos concretos y progresivos sobre organizaciones sociales de mujeres, ambientales, comunitarias, sindicales, humanitarias y de derechos humanos», lamentó.

El ERM también denunció que las organizaciones que decidieron inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros han enfrentado nuevas cargas administrativas, procedimientos de control, restricciones operativas y costos adicionales que han reducido significativamente los recursos disponibles para el desarrollo de sus actividades. En algunos casos, ello ha implicado la reducción de personal, la disminución de proyectos comunitarios o la suspensión de iniciativas dirigidas a poblaciones históricamente excluidas.

«La necesidad de conservar las autorizaciones otorgadas por el registro, sujetas a renovación periódica, ha generado dinámicas de autocensura incompatibles con una sociedad democrática», advirtió.

Las organizaciones y personas defensoras han optado por limitar sus pronunciamientos públicos, conferencias de prensa y actividades de incidencia, o evitar denuncias relacionadas con violaciones a los derechos humanos por temor a perder su registro, enfrentar sanciones administrativas o convertirse en objeto de represalias estatales.

«Este fenómeno constituye una afectación directa a la libertad de expresión y a la libertad de asociación», enfatizó el ERM.

De igual forma, el ERM afirmó que durante este período se registraron múltiples hechos que evidencian una creciente intolerancia hacia el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos. Entre ellos mencionó la criminalización y detención de personas defensoras y liderazgos sociales, el hostigamiento y acoso contra periodistas, la persecución de sindicalistas, la vigilancia de actividades públicas, la instalación de retenes policiales y militares para limitar la participación en movilizaciones sociales, así como el exilio de periodistas y defensores ante riesgos de criminalización.

«La Ley de Agentes Extranjeros se suma a un conjunto de medidas y prácticas que generan preocupación por su potencial para restringir la actuación independiente de la sociedad civil», alertó.

Más allá de los impactos ya observados, el ERM manifestó preocupación por el potencial que esta legislación mantiene para restringir aún más el espacio cívico en el futuro.

«La ley establece mecanismos permanentes de supervisión, control y dependencia administrativa que mantienen a las organizaciones bajo una situación constante de incertidumbre», afirmó.

«En consecuencia, los efectos de esta normativa no deben evaluarse únicamente por las sanciones o restricciones que ya han sido aplicadas, sino también por el efecto inhibidor que genera sobre el conjunto de la sociedad civil. La ley ha contribuido a la instalación de un clima de temor, vigilancia y autocontrol que limita la participación ciudadana, desalienta el debate público y reduce progresivamente la capacidad de organización de la población», sostuvo el ERM.

Además, el equipo explicó que la experiencia de Nicaragua evidencia los riesgos asociados a este tipo de legislación.

«Desde la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en 2020, se han registrado cierres masivos de organizaciones, cancelaciones de personerías jurídicas, el exilio de personas defensoras y periodistas, así como un progresivo deterioro del espacio cívico», agregó.

«Actualmente, cualquier expresión de disenso o crítica al gobierno enfrenta distintos mecanismos de represión y control, lo que convierte a esta experiencia en una advertencia relevante sobre los impactos que este tipo de normativas pueden tener sobre la democracia y los derechos humanos», afirmó.

El ERM señaló que países como Nicaragua también cuentan con marcos normativos de carácter restrictivo. En ese contexto, sostuvo que tanto el Estado salvadoreño como el nicaragüense tienen la obligación de garantizar un espacio cívico abierto, seguro y libre de restricciones indebidas, donde la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos y libertades fundamentales.

«En consecuencia, deben abstenerse de utilizar mecanismos legales, administrativos o de cualquier otra naturaleza para controlar, intimidar o limitar la labor de las organizaciones de la sociedad civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, promoviendo en su lugar condiciones que fortalezcan la participación ciudadana y la vida democrática», aseveró el ERM.

A un año de la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador y a más de cinco años de la aprobación de una legislación similar en Nicaragua, el ERM insistió en la necesidad de una vigilancia activa por parte de la comunidad internacional para prevenir nuevas restricciones a las libertades fundamentales y a la participación ciudadana.

«La protección del espacio cívico constituye una condición indispensable para la vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho», concluyó.