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Redacción Nacionales
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El comunicador social Franklin Martínez y la jurista Mirna Perla advirtieron que El Salvador atraviesa un proceso de concentración del poder que, a su juicio, ha debilitado los mecanismos de control democrático, la transparencia institucional y la independencia de los órganos del Estado. Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, ambos analistas sostuvieron que el país enfrenta un deterioro institucional que podría agravarse de cara a las elecciones previstas para febrero de 2027.
Martínez afirmó que el principal problema radica en la acumulación de poder en un reducido grupo político, situación que, según dijo, elimina los controles sobre la gestión pública y facilita prácticas de opacidad. Señaló que la reserva de información pública y la falta de rendición de cuentas impiden conocer cómo se administran recursos millonarios del Estado y favorecen el incremento patrimonial de funcionarios cercanos al Ejecutivo sin que exista una explicación transparente sobre el origen de esos bienes.
El analista sostuvo que la transparencia constituye uno de los pilares para prevenir la corrupción y evaluar la eficiencia de la administración pública. En ese contexto, cuestionó que diversas instituciones manejen información bajo reserva y aseguró que ello limita la vigilancia ciudadana sobre el uso de fondos estatales. También hizo referencia a reportajes periodísticos que, según indicó, documentan el crecimiento patrimonial de funcionarios vinculados al círculo de poder.
Durante la conversación, los invitados compararon la situación política salvadoreña con la de Nicaragua. Martínez recordó recientes declaraciones del presidente Daniel Ortega sobre la continuidad de su gobierno y afirmó que existe el riesgo de reproducir un modelo caracterizado por la permanencia prolongada en el poder.
A su juicio, la concentración de funciones en una sola figura política debilita el sistema democrático y elimina los contrapesos establecidos por la Constitución.
Martínez consideró que la ciudadanía depositó expectativas de cambio en la actual administración tras el desgaste de los partidos tradicionales, pero estimó que muchas de las promesas iniciales no se han traducido en soluciones estructurales para problemas como el costo de la vida, la falta de empleo.
Entre los ejemplos mencionados por el comunicador figuran la Dirección de Obras Municipales, proyectos de infraestructura, el manejo de recursos vinculados al bitcoin y el funcionamiento de empresas contratistas. Según expresó, existe poca información pública sobre los procesos de contratación y la ejecución de recursos, lo que, en su opinión, impide evaluar la eficiencia y legalidad de esas inversiones.
Por su parte, Mirna Perla sostuvo que la estructura institucional del país favorece una creciente desigualdad y manifestó preocupación por el incremento patrimonial de la familia presidencial, el cual calificó como inexplicable. Asimismo, señaló que la imagen internacional del país ha contribuido a generar la percepción de que El Salvador ofrece condiciones favorables para el retorno de los migrantes, situación que, afirmó, podría influir en decisiones como la no renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para salvadoreños en Estados Unidos.
La abogada también afirmó que el Gobierno carece de políticas efectivas para facilitar la reinserción laboral de los connacionales que eventualmente regresen al país y mencionó los despidos de empleados públicos y las nuevas modalidades de contratación por servicios profesionales como factores que incrementan la incertidumbre laboral. Frente a ese panorama, llamó a la organización de la diáspora salvadoreña para defender sus derechos migratorios mediante mecanismos legales disponibles en Estados Unidos.
En otro tema, Martínez señaló que principios como la alternancia en el ejercicio del poder, la separación de poderes y la existencia de una oposición efectiva forman parte del diseño constitucional salvadoreño y consideró que esos elementos han sido debilitados por diversas reformas impulsadas en los últimos años.
En ese sentido, sostuvo que la oposición política desempeña un papel indispensable para limitar los excesos del poder y advirtió que un sistema sin controles facilita arbitrariedades y afecta directamente los derechos de la población. También expresó que la experiencia de Nicaragua debe servir como referencia para evitar un deterioro mayor de la democracia salvadoreña.
Perla, por su parte, afirmó que la ciudadanía no debe esperar únicamente al proceso electoral para impulsar cambios, sino fortalecer desde ahora la organización social frente a problemas como los despidos laborales, los desalojos de comunidades, como está ocurriendo en el oriente del país.
En la parte final de la entrevista, ambos analistas expresaron dudas sobre la confianza en el Tribunal Supremo Electoral. Martínez consideró que las elecciones de febrero de 2027 permitirá evaluar si la vía electoral es el mecanismo para procurar cambios en el país, o hay que buscar otras vías.
Finalmente, tanto Martínez como Perla coincidieron en que la crisis económica, política y social constituye el principal desafío para el país. Mientras el comunicador sostuvo que el comportamiento del electorado en febrero ofrecerá una señal sobre el futuro del sistema democrático, la jurista insistió en que la organización ciudadana será determinante para enfrentar los problemas estructurales y exigir el respeto a los derechos de la población.
