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Saúl Méndez
Colaborador
El periodista Leonel Herrera afirmó que la destrucción de un área boscosa y de alta recarga hídrica en la finca El Espino para la construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) evidencia que la protección del medio ambiente no es una prioridad para el Gobierno. Además, señaló que, pese al alcance de la campaña impulsada para proteger la zona, las demandas de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, no fueron escuchadas.
“La destrucción de la finca El Espino confirma varias cosas preocupantes. La primera es que tenemos un gobierno que no cuida ni respeta el medio ambiente”, aseguró Herrera durante el programa Café con PA’IS.
Ambientalistas también han cuestionado la necesidad de construir un nuevo CIFCO y sostienen que la obra podría ejecutarse en una ubicación que no implique afectaciones ambientales.
Ante ello, Herrera coincidió con los planteamientos de diversos sectores ambientalistas.
“Como ya se ha señalado, incluso, es discutible si este proyecto realmente es necesario. He planteado que podría rehabilitarse la infraestructura de la antigua Feria Internacional, donde funcionó el hospital temporal durante la pandemia. Pero, aun si eso ya no fuera posible, existen otros lugares donde podría desarrollarse una obra de esta naturaleza sin provocar daños ambientales”, afirmó.
“La pregunta es por qué hacerlo precisamente en el último gran pulmón verde de San Salvador, sobre un importante manto acuífero, en una zona que alberga múltiples ecosistemas y sirve de hábitat para diversas especies”, cuestionó.
Expertos también han advertido que los 55,711 metros cuadrados que serán ocupados en la finca El Espino cumplen una función fundamental en la absorción de agua lluvia, lo que contribuye a reducir el riesgo de inundaciones en distintos sectores de San Salvador.
“Por eso, la primera conclusión es que estamos ante un gobierno que no respeta el medio ambiente”, aseveró.
“La segunda conclusión es que tenemos un gobierno que no escucha. Personalmente, no imaginé que ignoraría una movilización digital de tal magnitud: cientos de miles de firmas electrónicas y una campaña que acumuló millones de visualizaciones en TikTok, Instagram, Facebook y otras plataformas”, detalló.
“Más aún, tratándose de un presidente que suele prestar especial atención a su imagen en redes sociales, muchos pensamos que al menos anunciaría una revisión del proyecto”, agregó el periodista y activista social.
Sin embargo, eso no ocurrió y, para Herrera, esto demuestra que existe una administración que no atiende las demandas ciudadanas, incluso, cuando muchas de las personas que participaron en la campaña se expresaron más en tono de súplica que de exigencia de derechos.
“Muchos decían simplemente: ‘Por favor, presidente’. Aun así, no fueron escuchados”, explicó.
La tercera conclusión a la que llegó Herrera sobre el caso de la deforestación en la finca El Espino es que el Gobierno no parece temer asumir costos políticos. Según el periodista, a la administración no le preocupa que miles de jóvenes inconformes con la destrucción del área boscosa puedan manifestar su descontento en futuros procesos electorales.
“Desde esta perspectiva, el Gobierno actúa como si tuviera plenamente asegurado el control del sistema político y los resultados electorales, al punto de no considerar relevantes los costos políticos de sus decisiones. Esa situación resulta sumamente preocupante”, aseguró.
Para Herrera, una cuarta lección es que la negativa a atender una demanda ciudadana parece buscar transmitir el mensaje de que protestar no tiene efectos.
“Es decir, que la población asuma que, independientemente de si las decisiones presidenciales son acertadas o equivocadas, nadie podrá detenerlas”, lamentó.
“Si el Gobierno hubiera atendido el reclamo ciudadano, habría transmitido la idea de que cuando la población se organiza y exige cambios, puede lograr que una decisión gubernamental sea revisada o revertida. Al no hacerlo, proyecta exactamente el mensaje contrario”, agregó.
Herrera sostiene que es necesario reflexionar sobre las implicaciones del caso más allá de la destrucción física del territorio.
“Una quinta lección tiene que ver con China. El Gobierno chino ha intentado deslindarse argumentando que es el Estado salvadoreño quien decide qué proyectos ejecutar y dónde realizarlos, mientras ellos únicamente proporcionan el financiamiento”, explicó.
El periodista considera que China estaría incumpliendo algunos lineamientos de su propia política exterior. A su juicio, la embajada china en El Salvador estaría contradiciendo principios que históricamente han orientado la diplomacia de ese país, entre ellos el de no respaldar proyectos que generen división social, polémica o confrontación.
“Por lo general, China apoya iniciativas percibidas como proyectos nacionales, con amplio respaldo de la población. En este caso, a mi juicio, está actuando de manera incongruente con algunos de los principios que históricamente han caracterizado su política diplomática”, concluyó.
