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Redacción Nacionales
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El periodista y activista social Leonel Herrera expresó serias preocupaciones sobre los juicios masivos realizados contra personas detenidas en el marco del régimen de excepción en El Salvador, tras advertir que podrían eventualmente ser declarados ilegales por vulnerar el debido proceso, lo que implicaría riesgos jurídicos y políticos para el país.
Durante su participación en el programa Encuentro con Julio Villagrán, Leonel Herrera sostuvo que, si bien es positivo que se procese a quienes cometieron delitos graves vinculados a estructuras criminales, existe un problema estructural en la forma en que se están desarrollando los procesos judiciales.
Según explicó, abogados defensores han advertido que uno de los criterios utilizados para agrupar a cientos de detenidos en juicios colectivos ha sido el lugar donde fueron capturados, lo que podría provocar que personas inocentes sean procesadas junto a pandilleros en estos juicios masivos.
“El gran peligro es que en esos agrupamientos vaya gente inocente. Hay casos donde la prueba es únicamente el lugar donde fueron detenidos”, afirmó Herrera, al señalar algunos de los criterios utilizados por policías y soldados para las capturas.
Asimismo, señaló que en algunos procesos la Fiscalía ha utilizado como prueba el testimonio de otros pandilleros o incluso únicamente las actas policiales de captura, lo cual debilita la individualización de responsabilidades, principio fundamental del debido proceso.
Herrera advirtió que estas irregularidades podrían tener consecuencias graves en el futuro.
“Si esos juicios no siguen el debido proceso pueden ser declarados ilegales. Y entonces sí podrían salir criminales”, alertó Herrera, con lo que podría salir libres algunos miembros de pandilla.
El analista explicó que dentro de las personas detenidas pueden identificarse al menos cuatro grupos distintos: pandilleros responsables de delitos graves, colaboradores voluntarios de estructuras criminales, colaboradores obligados bajo amenaza y personas inocentes sin vínculos con pandillas. A su juicio del periodista, el tratamiento judicial debería diferenciar claramente entre estos sectores.
En ese sentido, recordó que el propio gobierno ha reconocido la existencia de personas detenidas sin vínculos comprobados con estructuras criminales. Según declaraciones oficiales citadas durante la entrevista, y dadas por el presidente Nayib Bukele en San José Costar Rica, el año pasado, al menos 8,000 personas habrían sido liberadas tras verificarse su inocencia.
Llamado a revisar el régimen de excepción
Herrera también consideró que el gobierno debería evaluar la eliminación del régimen de excepción por tres razones principales: ya no es necesario, afecta la imagen internacional del país, incluida la imagen de Bukele, y obstaculiza la atracción de inversión extranjera.
A su juicio, el régimen fue útil en un momento de emergencia, pero actualmente su continuidad representa una anomalía constitucional prolongada.
“El régimen de excepción ya no lo necesitan. Fue útil en la emergencia, pero mantenerlo permanentemente genera riesgos institucionales”, afirmó.
Además, destacó que las críticas internacionales sobre la situación de derechos humanos en El Salvador han aumentado significativamente, incluyendo pronunciamientos de organismos multilaterales, congresistas estadounidenses y organizaciones internacionales.
Según Herrera, la continuidad del régimen también genera incertidumbre jurídica que desincentiva la inversión extranjera.
“No van a venir inversiones mientras esté suspendido el debido proceso y no haya garantías jurídicas, seguridad jurídica”, señaló.
Preocupaciones ambientales y estratégicas
Durante la entrevista, el periodista también expresó preocupación por decisiones estratégicas relacionadas con proyectos mineros, energía nuclear y la posible recepción de desechos radiactivos en el país.
En relación con la minería metálica, advirtió que podría afectar gravemente la disponibilidad de agua en El Salvador, especialmente por su impacto potencial sobre la cuenca del río Lempa, principal fuente hídrica nacional.
“El Salvador es el país con menos agua disponible percápita en Centroamérica. Activar la minería sería un riesgo enorme para el futuro del país”, sostuvo.
Herrera comparó a Belice con El Salvador por tener casi la misma extensión territorial: En Belice, dijo, sus habitantes cuenta con 64 mil metros cúbicos de agua al año, mientras que en El Salvador 3 mil metros cúbicos. Además, para la explotación minera se necesitan 22 millones de metros cúbicos, lo que es una amenaza grave para el país.
Asimismo, expresó inquietud por acuerdos energéticos vinculados a proyectos nucleares, señalando que el tamaño del territorio salvadoreño y su densidad poblacional incrementan los riesgos ante eventuales accidentes. De acuerdo a un convenio comercial firmado entre El Salvador y Estados Unidos a finales de enero del presente año, Estados Unidos puede traer a El Salvador “desechos nucleares”, lo que no solo pone en peligro a El Salvador, sino parte de Centroamérica.
