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Por decreto legislativo número 380, de mayo de 1969, y sancionado por la presidencia de la República en junio del mismo año, se estableció el 31 de julio de cada año como el Día del Periodista en El Salvador. Es menester recordar que esta fue una iniciativa del poeta y periodista Julio Escamilla Saavedra.
Entre la principal motivación para la iniciativa de ley, el decreto, dice: “Que en la actualidad el periodismo Salvadoreño ha contribuido con su labor seria y orientadora a la solución adecuada de nuestros problemas”.
Y en efecto, el periodismo busca, a partir de misión, su naturaleza o esencia, informar de lo que pasa en una sociedad, precisamente para orientar a las audiencias primero, y, luego, que quienes gobiernen solucionen los problemas de la sociedad.
Obviamente, la labor periodística nunca es del agrado de todos los sectores de la sociedad, sobre todo de los gobernantes y de los poderes fácticos.
En los tres años de gobierno del Presidente Nayib Bukele, por ejemplo, se han incrementado los ataques a los periodistas y a algunos medios de información, que no solo se ve reflejada en las descalificaciones y acusaciones hacia medios y periodistas, sino hasta con la creación de leyes que amenazan la labor de estos.
Y es que a principios de abril del presente año, por iniciativa del Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa hizo una serie de reformas a la Ley de Proscripción a las Pandillas y al Código Penal, que habilitan la criminalización de la actividad periodística, con lo que ponen en riesgo a los periodistas y a sus labores cotidianas.
Las reformas al Código Electoral establecen que un periodista puede ir a prisión hasta por 15 años por difundir mensajes de los grupos terroristas, es decir, de pandillas y maras. Está claro que esta amenaza es sobre el derecho de informar, pues si se trata de apología, ni periodistas ni medios se atreverían a realizar, pues eso está penado desde hace decenas de años, y los periodistas conocen esos preceptos de ley y ,por tanto, respetan.
En la reforma al Código Penal se incorporó al artículo 345 el litera “C”, que establece la pena de prisión de entre 10 a 15 años de prisión a quien elabore o facilite textos, pinturas, grafitis en propiedad privada y pública “que explícita o implícitamente transmitan mensajes o señales que hagan alusión a maras o pandillas”.
Pero, la amenaza va más allá de ese precepto de ley, pues en la práctica, el periodista enfrenta casi de forma permanente ataques y descalificaciones desde el presidente de la República hasta del funcionario de tercer nivel, lo que retoman los seguidores del presidente para preferir cualquier tipo de improperios.
La descalificación de los periodistas y del trabajo periodístico, incluso, ha llevado a las autoridades de Seguridad -policías y soldados- hasta a agredir a periodistas físicamente y a decomisar u obligar a los periodistas a borrar el material recabado en la cobertura de un hecho periodístico.
El propio 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa en el mundo, establecido por la UNESCO en 1993, la Asociación de Periodista de El Salvador (APES) registraba más de 400 casos de diversas vulneraciones al ejercicio periodístico en El Salvador entre 2020 y 2021, y en este 2022 ya sobrepasa el medio centenar de vulneraciones.
El dato es alto, lo que demuestra la tirantez con la que trata el gobierno a los periodistas y su trabajo.
Una de las acciones graves de este año fue cuando el propio presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, invitó a los “periodistas incómodos” a buscar el exilio.
Cerca de una decena de periodistas, por cierto, están exiliados voluntariamente, pues hay claros indicios de persecución de parte del Gobierno. A estos hay que agregarles a otros profesionales que se han visto obligados a autoexiliarse por temor a ser capturados, si no es que otro tipo de atentados, pues en el país hay una atmósfera real de intolerancia.
A lo anterior, que ya es grave, sino es que gravísimo, hay que agregar lo difícil de realizar el trabajo periodístico, luego de que este gobierno declarara todo en “calidad de reserva”, y la desnaturalización del Instituto de Acceso a la Información, y no digamos de la eliminación casi total de la transparencia, y de hecho la anulación de al Ley de Acceso a la Información.
En esta fecha también tenemos que lamentar el apresamiento del periodista fundador del matutino El Periódico de Guatemala, José Rubén Zamora Marroquín, quien al ser capturado dejó en claro que se trataba de una persecución política, pero que valientemente exclamó: “Esto es una persecución política. Debe haber una conspiración, una persecución (…) si ese es el caso y hay que pagar con cárcel, por amor a Guatemala, pues allá vamos”.
