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El lunes pasado fue otro día oscuro contra la democracia en el país, al quedar una vez más demostrada la persecución política contra quienes el Gobierno del Presidente Nayib Bukele y sus “súbditos” consideran opositores, y, por lo tanto, peligrosos para sus aspiraciones de poder absolutas jamás imaginadas.
Esta vez el turno fue contra siete organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la histórica defensora de los derechos de la mujer: la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, mejor conocida como “Las Mélidas”, que fue allanada por la Fiscalía General de la República, con el acompañamiento de la sociedad civil. Antes de este atropello contra las onegés que trabajan a favor del desarrollo de las comunidades, el ataque fue contra los opositores políticos, tanto de partidos de izquierda como de derecha, pero, sobre todo, contra los primeros, de los que tiene bajo prisión a cuatro de sus representantes. El encarcelamiento de las doctoras Violeta Menjívar, de 70 años de edad, y de Erlinda Handal, así como de dos exviceminstros provenientes de las filas del FMLN, y de un exministro que acompañó a los dos gobiernos del FMLN, y además de la orden de captura girada contra otros exfucionarios, incluido el expresidente de la República Salvador Sánchez Cerén, es una muestra más que evidente de la persecución política. Y esto quedó bien claro cuando la INTERPOL se opuso a emitir la alerta roja contra “los fugitivos”, por considerar que se trataba de una acción política.
El lunes siguió ese guión perverso y peligroso contra la democracia al allanar y secuestrar la información contable y financiera de las organizaciones de la sociedad civil: PROCOMES, FUNDASPAD, PROVIDA, FUNDASAN, Asociación de Mujeres Tecleñas, Una Mano Amiga y las Mélidas. Ver policías de unidades élites fuertemente armados, vigilando la fachada de las entidades allanadas, nos hizo recordar del accionar represivo e intimidatorio de los antiguos cuerpos de seguridad durante la dictadura y en el periodo de la guerra civil.
Comparado estos hechos con los de aquella época, se puede inferir de lo tanto que hemos perdido de las conquistas democráticas producto de la guerra civil y del acuerdo de paz, en tan solo dos años de un gobierno que utilizó las herramientas de la democracia para sumir el poder, e instaurar un gobierno autoritario.
Los gobiernos autoritarios no solo elaboran leyes a su medida como la ley de Agentes Extranjeros que está por aprobarse, sino que busca el aniquilamiento de sus “opositores” no solo políticos, sino de la sociedad civil.
Esto gobierno, además, utiliza el desprestigio, el show, y cualquier parafernalia para desprestigiar, primero, a las entidades y a sus representantes, para luego dar el zarpazo y, tras ello, los aplausos de sus súbditos, quienes han sido domesticados previamente con falos argumentos y el desprestigio.
Los seguidores del presidente Bukele y el partido Nuevas Ideas, que en un momento de la historia reciente del país utilizaron herramientas racionales para hacer lectura de la misma, están llamados a reflexionar sobre estos hechos, comparándolo con aquel pasado de las dictaduras militares. Hoy, probablemente, estamos ante la concreción de un una dictadura civil, pero apoyada por la Fuerza Armada y el cuerpo policial, pero que, el hecho de que no estemos ante una dictadura militar, al fin y al cabo, no nos aleja de una dictadura civil.
Y esta dictadura civil, en modo alguno, es una “dictadura del proletariado”, por lo que todos debemos luchar contra ella. El ejemplo más claro que la nueva dictadura civil será para defender intereses propios y de un sector de la burguesía, se basa en el análisis de quienes serán los que usufructuarán la anunciada “Ciudad Bitcoin”, y quienes son los únicos que pueden invertir y tener ganancias de la criptomoneda.
El resto de los salvadoreños seguirán sobreviviendo gracias a la ayuda que sus familiares envían de Estados Unidos, principalmente, y no por el negocio de la criptomoneda como lo está vendiendo el gobierno del presidente Bukele.
Los salvadoreños, incluso los que recibieron los $30 en Bitcoin, por su precariedad económica, no tuvieron otra opción más que ir al cajero, retirarlo, y luego ir a dejarlo al súper mercado para suplir una necesidad alimenticia del día.
El tema del Bitcoin en el actual gobierno es para los millonarios, no para los pobres que tienen que vivir de la caridad, de ahí que los paquetes alimenticios son recibidos como la mejor regalía de un “buen gobierno”. La democracia en el país está amenazada, sus instituciones de la sociedad civil también, porque están siendo, hoy en día, perseguidas.
