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Gloria Silvia Orellana
@SamuelAmaya98
En su cuenta de Twitter, Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de las Naciones Unidas (ONU), expresó su preocupación por la decisión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, de implementar la Ley de Agentes Extranjeros, por considerarla controversial a los derechos humanos.
“Estoy recibiendo información sobre un nuevo proyecto de ley de Agentes Extranjeros en El Salvador que busca imponer severas restricciones a las asociaciones. Me pondré en contacto con el Gobierno para plantear mi seria preocupación por el proyecto y ofrecer asistencia técnica”, manifestó el relator Voule.
“Mientras tanto, pido al Congreso que se abstenga de aprobar la ley propuesta. Este tipo de leyes no puede ser adoptada en un procedimiento sumario y sin asegurar la participación significativa del sector de la sociedad civil”, tuiteó Voule en su cuenta oficial.
Ante estas declaraciones del alto funcionario de la ONU, diversas organizaciones sociales se pronunciaron ante la inminente aprobación de una nueva ley, que tendría la mayoría de la votación a manos del partido oficial Nuevas Ideas (NI) en la Asamblea Legislativa, a través de un proceso inconsulto y carente del ejercicio del debate democrático que caracteriza a un Estado de Derecho, por lo que llamaron a un “diálogo democrático”, ante una decisión que afectaría a la población.
Esta acción proveniente del Ejecutivo, se da luego de dos sendas marchas el 15 de septiembre y el 17 de octubre, que rechazaron públicamente el autoritarismo, políticas públicas e inconstitucionalidades de la actual administración del presidente Nayib Bukele.
En su pronunciamiento, las organizaciones, explican sobre los diversos ámbitos de trabajo en el territorio nacional -en el cual-, realizan programas sociales, brindan asistencia humanitaria, acompañan y dan cooperación para la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia por el desarrollo del país, por tanto, la “preocupación”, ante las implicaciones que contiene la propuesta presentada por el órgano Ejecutivo.
“Enfatizamos que estamos comprometidos en construir un mejor país, actuamos con total transparencia en cada uno de los programas y proyectos que ejecutamos, con o sin apoyo internacional”, afirmaron.
Sobre el anteproyecto de ley que establece el artículo 1, su interés en exigir promover la “transparencia” de personas naturales y jurídicas que financian o trabajan en diversos proyectos en el país, por el fin de salvaguardar la “seguridad, soberanía nacional y estabilidad social”, las organizaciones, aclararon que se ciñen a los mecanismos de fiscalización y contraloría.
“Cumplimos con mecanismos de fiscalización y contraloría social de los beneficiarios, de los cooperantes, así como el cumplimiento de la normativa nacional, que incluye ley de Lavado de Dinero y la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, que regula el Ministerio de Gobernación”, manifestaron. Asimismo, reiteraron en cuanto a las obligaciones tributarias establecidas por el Ministerio de Hacienda, y que se encuentran sujetas a la vigilancia y supervisión en materia laboral por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, expresaron que como organizaciones cumplen con todas las disposiciones gubernamentales.
Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil apoyaron las declaraciones oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre este tipo de normativas de agentes extranjeros, que ha considerado que esta propuesta de ley, presentada por el Ejecutivo, tiene “graves implicaciones”.
“La utilización en el texto de conceptos jurídicos indeterminados, la imposición de restricciones, el establecimiento de sanciones e impuestos prohibitivos y la falta de claridad en los sujetos obligados y motivos de sanción, dejan al descubierto una propuesta ambigua que representa un potencial obstáculo a la continuidad de múltiples programas e iniciativas, cuyos beneficios llegan de forma eficiente y oportuna a la población que más lo necesita”, señalaron.
En un comunicado las organizaciones reafirmaron su creencia que cuando se realiza un trabajo integral y compartido entre el Estado, la empresa privada y sociedad civil, en una unión de esfuerzos, se puede dar un paso al desarrollo humano, económico y social de cualquier país.
Por lo anterior exhortaron a la fracción oficial del partido Nuevas Ideas, en la Asamblea Legislativa, a no aprobar la Ley de Agentes Extranjeros, por vulnerar derechos fundamentales como la Libertad de Expresión y la Libertad de Asociación.
“Afectarán especialmente a las y los beneficiarios del trabajo que se impulsa desde varios sectores, asociaciones comunales, organizaciones de base, organizaciones sin fines de lucro y una gran diversidad de expresiones organizativas, incluso, pudiendo ser usado para controlar personas naturales en su libre ejercicio de participación ciudadana”, puntualizaron.
